El abogado de los ex presidentes catalanes Carles Puigdemont y Joaquim Torra, Gonzalo Boye, ha presentado la primera querella por el espionaje al que fueron sometidos distintos políticos, líderes sociales del independentismo catalán, abogados y periodistas con el software de la empresa israelí NSO Group Pegasus, respecto a los ataques que le afectan a sí mismo. En total, 18 ataques entre enero y mayo de 2020, según el escrito presentado en los Juzgados de Madrid al que ha tenido acceso El Independiente, en el que solicita que el juez al que por turno corresponda investigue un supuesto delito de descubrimiento y revelación de secretos.

En la citada querella, el letrado destaca que el programa, tal como "ha logrado determinar" el estudio de Citizen Lab de investigadores de la Universidad de Toronto sobre el denominado CatalanGate desvelado la semana pasada, tiene entre sus capacidades la de "modificar el sistema operativo y los archivos de un dispositivo infectado. A título de ejemplo, en aquel informe se hace mención a la capacidad del software de enviar mensajes bajo la identidad de la víctima".

Para Boye, "esta circunstancia eleva de un modo desmedido el riesgo de que este software espía sea utilizado indebidamente por quienes realizan el ataque a los fines de contaminar y/o 'plantar' pruebas en los teléfonos atacados, todo lo cual, no sólo atenta a la integridad de esos datos -que desde ya representa un perjuicio para el titular de los mismos-, sino contra el valor probatorio de aquéllos en el contexto de investigaciones y/o enjuiciamientos penales".

Que se pidan los contratos con España

El abogado, como avanzó este diario, irá presentando querellas en nombre de sus representados que han sido espiados en las jurisdicciones donde se encontraban en el momento de los hechos.

Pide que se requiera a la empresa para que entregue los contratos con el Gobierno de España, el CNI o cualquier organismo o empresa pública o privada que utilice el 'software'

En la que ha presentado este lunes por los ataques que ha sufrido él mismo, pide practicar una serie de diligencias. Entre ellas, que se investigue a los representantes de la empresa propietaria del software israelí y sus filiales, así como que se requiera a la empresa subsidiaria de NSO Group en Luxemburgo, Osy Technologies, "que aporte la documentación acreditativa de los contratos, convenios o cualquier clase de acuerdo que se haya suscrito con el Gobierno de España, el Centro Nacional de
Inteligencia o cualquier organismo/empresa público español o empresa privada española o que trabaje con entidades españolas, para el uso del software malicioso de inteligencia cibernética 'Pegasus' en el territorio español".

También que "se requiera a las autoridades israelíes cualquier otro dato de
movimientos migratorios hacia Israel por parte de ciudadanos españoles que hayan mantenido relaciones comerciales o de cualquier otro tipo con las empresas querelladas", y que "se requiera al conjunto de entidades bancarias que operan en Luxemburgo o a la autoridad supervisora bancaria belga para que informen sobre la existencia de cualesquiera cuentas bancarias, depósitos, cajas de seguridad o cualquier otro tipo de activos financieros que aparezcan bajo titularidad de “OSY TECHNOLOGIES S.à.r.l.”, “Q CYBER TECHNOLOGIES L.T.D.”, “N.S.O. GROUP” o TECHNOLOGIES L.T.D.”, y según el caso, que aporten los resúmenes de cuenta correspondientes, desde el año 2014 al 2021, ambos inclusive".

Ataque cuando fue detenido Alay

El abogado denuncia que otro de los ataques habría tenido lugar el 30 de octubre de 2020, dos días después de la detención del jefe de la Oficina de Puigdemont, Josep Lluis Alay, en el marco de la operación Voloh. "El análisis forense realizado sobre el teléfono móvil de mi representado encontró, además, evidencia concluyente con respecto a otra infección activada mediante la utilización del software espía “Pegasus” al 30 de octubre de 2020, desconociéndose, por el momento, cuánto tiempo estuvo activado el espionaje sobre su dispositivo móvil pero, al igual que los otros 18, todo ello coincide con relevantes eventos a efectos profesionales del querellante como Letrado en ejercicio. La fecha en la que se produjeron los ataques a través de este programa espía no resultan casuales, si se tiene en consideración que tan solo 48 horas antes de producida aquélla había sido arrestado, entre otras personas, D. Josep Lluís Alay, defendido de D. Gonzalo Boye, ex coordinador de Políticas Internacionales durante la presidencia del Gobierno del M.H.P.
Quim Torra y en ese momento director de la oficina del M.H.P. Carles Puigdemont, en el marco de lo que se denominó la "Operación Vóljov", se expone en la querella.

Contra una "minoría nacional catalana"

En el escrito, Boye pide que se tenga en cuenta que es el abogado de los expresidentes Puigdemont y Torra y, por tanto, el "contexto político" que había cuando tuvieron lugar los ataques, el "sistemático espionaje al que ha sido sometido el querellante, abogado en ejercicio, y otros, mayoritariamente miembros de la minoría nacional catalana".

"Los acontecimientos que se pondrán de manifiesto en este apartado, pondrán en evidencia la innumerable cantidad de medidas adoptadas por diversos estamentos del Estado español, especialmente desde las altas instancias jurisdiccionales así como por parte de radicales sectores dentro de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, con el fin de reprimir el derecho a la participación política del Sr. Carles Puigdemont, el Sr. Antoni Comin, la Sra. Clara Ponsatí y el Sr. Lluís Puig, entre otros líderes independentistas catalanes, hechos que no pueden ser pasados por alto como línea de investigación a los fines de entender y dimensionar la gravedad de los sucesos delictivos que se denunciarán más adelante", se puede leer en otro tramo de la querella.