La investigación sobre la denuncia de espionaje de los teléfonos móviles del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y de la ministra de Defensa, Margarita Robles, a través del software Pegasus ha caído por reparto en el Juzgado Central de Instrucción 4 al frente del que se encuentra el juez José Luis Calama.

Será él quien deberá decidir qué diligencias de investigación ordena después de recibir la denuncia de la Abogacía del Estado este domingo en la que se relata que los terminales de los dos miembros del Ejecutivo fueron atacados entre mayo y junio de 2021, según la información de que dispone el Centro Criptológico Nacional (CCP) dependiente del Centro Nacional de Inteligencia (CNI).

El juez José Luis Calama Teixeira llegó a la Audiencia Nacional en 2018 para sustituir al magistrado Fernando Andreu. Entre los casos de los que se ha encargado hasta ahora han estado Emperador, por el que el pasado febrero envió a juicio al empresario chino Gao Ping y otras 101 personas por formar parte de una supuesta macroorganización para llevar a cabo una “actividad sistemática” de fraude fiscal y blanqueo de capitales entre 2010 y 2012. También se encuentra instruyendo la investigación sobre la quiebra del Banco Popular. La pasada Nochevieja, al juez Calama también le correspondió decidir si prohibía preventivamente los homenajes de recibimiento a etarras u ongi etorri en Pamplona y Mondragón, concluyendo que si la ley no es clara respecto a lo que supone una apología del terrorismo, no se puede impedir de manera preventiva este tipo de actos y que lo único que se puede hacer es indicar a las fuerzas policiales que estén vigilantes ante posibles delitos de humillación a las víctimas.

El anuncio del espionaje al Gobierno llegó este domingo, una semana después del terremoto político que desató que miembros de Esquerra Republicana de Catalunya (ERC) y Junts denunciaran que más de 60 independentistas fueron espiados entre 2019 y 2020, después de la publicación de la sentencia del procés del Tribunal Supremo y apuntaran hacia los servicios secretos del Estado detrás del hackeo de sus móviles también con el malware Pegasus, según una investigación del grupo de estudio de la Universidad de Toronto, Citizen Lab.

Mientras el Gobierno habló de "intervenciones por organismos oficiales y con autorización judicial" cuando desde el independentismo se les pidió explicaciones sobre el hackeo de sus terminales, respecto a los ataques que según informó el ministro de Presidencia Félix Bolaños se habría accedido a 2,82 gigas de información de Robles y Sánchez habló de intrusiones "ilícitas y externas".