El empresario Alberto Luceño, investigado por estafar presuntamente al Ayuntamiento de Madrid con tres contratos millonarios para proporcionar material sanitario al inicio de la pandemia de coronavirus, ha trasladado al juez que no puede responder a la fianza de cuatro millones de euros que le impuso este martes.

El juez Adolfo Carretero acordó dicha medida cautelar para asegurar las responsabilidades pecuniarias que se deriven del procedimiento en el que investiga por delitos de estafa, falsedad documental y blanqueo de capitales tanto a Luceño como a su socio, Luis Medina.

En un escueto escrito al que ha tenido acceso El Independiente, la defensa de Luceño traslada al instructor que "muy respetuosamente, venimos a comunicar al Ilmo. Juzgado la imposibilidad del Sr. Luceño de atender a la fianza impuesta, sin perjuicio de los bienes y saldos en cuentas corrientes ya embargados, si bien, tan pronto se disponga de patrimonio se atenderá a la solicitud del Ilmo. Juzgado".

El Ayuntamiento de Madrid pagó 11,9 millones de euros por los contratos de provisión de mascarillas, guantes y test rápidos a la empresa malasia Leno a la que Luceño afirmó representar "exclusivamente" en España para que trajera el material sanitario solicitado desde China.

De esos 11,9 millones, según expuso Anticorrupción en su querella, Luceño y Medina se llevaron comisiones presuntamente irregulares por casi seis millones de euros puesto que habrían inflado el precio sin el conocimiento del Ayuntamiento y proporcionaron material "defectuoso", según la Fiscalía. Con dichas comisiones, Luceño habría comprado una vivienda en Pozuelo de Alarcón (Madrid), una flota de 12 coches de lujo y relojes Rolex, además de pagar unas vacaciones familiares en Málaga con un coste de 60.000 euros.