Las caras lo decían todo. La tensión entre el jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, y el presidente de la Generalitat, Pere Aragonès, el pasado viernes en Barcelona, era un retrato certero del estado de las relaciones entre el Ejecutivo y la Generalitat, rotas tras el caso Pegasus. El espionaje a dirigentes independentistas, con intervenciones telefónicas confirmadas por la responsable del CNI, Paz Esteban, a 18 de ellos, uno el propio Pere Aragonés, ha generado la peor crisis política de la legislatura.

En ERC lamentan que los socialistas "no son conscientes de la profundidad del problema" generado con el que ha sido su principal socio parlamentario. Acusación que no se comparece con los movimientos realizados, entre ellos, cuestionar la continuidad de Paz Esteban, modificar las mayorías necesarias para constituir la comisión de secretos oficiales o el compromiso de desclasificar papeles reservados.

Cree que puede articular otras mayorías e, incluso, sobrevivir sin sacar adelante ninguna ley más

Salvo el cese de su blindada ministra de Defensa, Margarita Robles, todos ellos han sido intentos de Sánchez por atemperar el conflicto y contentar al independentismo, incluso la maniobra de hacer público el espionaje de su móvil y el de Robles, aún a costa de poner en entredicho la profesionalidad de los servicios de inteligencia.

Pero pero lo cierto es que Moncloa ha echado cuentas. Y puesta en el peor de los escenarios posibles, esto es, que ERC mantenga el bloqueo político y parlamentario anunciado por Pere Aragonès, el Gobierno asegura no necesitar el apoyo de los republicanos para completar la legislatura. Primero, porque puede articular otras mayorías y, segundo, sobrevivir sin sacar adelante el paquete de leyes al que se han comprometido.

"No necesitamos aprobar una ley más para llegar a 2023", aseguran con vehemencia fuentes monclovitas a pesar de tener sobre la mesa una agenda legislativa no menor que les obliga a someter a votación en el Congreso la Ley de Vivienda o la modificación de la ley de Seguridad Ciudadana. Tampoco es que el Gobierno tenga mucha prisa por sacar adelante aquellos temas en los que se ha visto arrastrado por Unidas Podemos, como la que establece el control de los precios del alquiler en las zonas tensionadas.

Y respecto a la posibilidad de articular mayorías alternativas sin necesidad de acudir a ERC, PP, Vox o Ciudadanos recuerdan la votación del llamado plan nacional de respuesta, que sacaron adelante el pasado 28 de abril con 176 votos a favor, 172 en contra y una abstención. "En el peor de los momentos, con todo en contra, seguimos sacando delante los decretos", subrayan las mismas fuentes. Los de Oriol Junqueras se sumaron al bloque del centro-derecha en protesta por el espionaje masivo a independentistas que divulgó la organización Citizenlab a través del la revista estadounidense The New Yorker.

En cambio, Moncloa, en un nuevo ejercicio de equilibrismo al borde del alambre, tuvo el respaldo de PNV, EH-Bildu, PdeCat, Teruel Existe, Nueva Canaria, BNG, Más País, Compromís, el Partido Regionalista Cántabro y la diputada tránsfuga de Podemos, ahora en el Grupo Mixto, Meri Pita.

A ERC no le interesa hacer caer la legislatura

Las cosas desde entonces no han hecho más que empeorar. La comparecencia de la directora del CNI, Paz Esteban, admitiendo que se intervinieron los teléfonos móviles de una veintena de políticos soberanistas, entre ellos el de Pere Argonès, y los intentos de Moncloa por desvincularse de dicha operación bajo el argumento de que ni sabe ni tiene porqué saber qué teléfonos se pinchan en el transcurso de una investigación, no ha hecho más que enturbiar las aguas.

Bien es cierto que sus socios de gobierno, Unidas Podemos, no comparten la estrategia de orillar a los republicanos soberanistas, con los que van no pocas veces de la mano en el Congreso de los Diputados. Tampoco a ERC le interesa, al menos por el momento, llevar a Pedro Sánchez a un punto de no retorno, hacer caer la legislatura para abrir las puertas a un adelanto electoral. Pero tampoco puede hacer desistimiento de un asunto tan grave como el de las escuchas telefónicas. Y ahí aparece EH-Bildu como una de las valedoras del Gobierno central, no sólo con conocimiento de Gabriel Rufián, sino en coordinación con éste, tal y como informó El Independiente.

Aragonés ha exigido un encuentro con Sánchez en el que Moncloa y la Generalitat están trabajando, aún si fecha. En su breve conversación del viernes en Barcelona, en el transcurso de unas jornadas organizadas por el Círculo de Economía, las caras reflejaron la tensión del momento.

Sánchez le trasladó su deseo de "resolver la situación" y "pensar en los catalanes", para lo que se emplazaron a concertar una reunión, según la versión de Moncloa, empeñada el resolver el penúltimo conflicto de una legislatura llena de sobresaltos, pero con el "plan b" de sobrevivir aún en el caso de que ERC lleve hasta sus últimas consecuencias el actual bloqueo.

Plan anual normativo, papel mojado

El ministro de la Presidencia, Félix Bolaños, presentó en enero el Plan anual normativo para 2022, que preveía aprobar nada menos que un total de 368 iniciativas normativas, de las que 11 son leyes orgánicas, 81 ordinarias, y 276 son reales decretos.

Además de vivienda o ley mordaza contemplaba otros textos legislativos como la ley trans, la de enjuiciamiento criminal, la de protección a denunciantes de corrupción o, lo más importante, el proyecto de Presupuestos Generales del Estado de 2023, que Moncloa daba ya por imposible mucho antes del bloqueo de relaciones con ERC.