Los políticos catalanes y líderes sociales independentistas que habrían sido objeto de espionaje por medio del software Pegasus, según la investigación del grupo de estudio Citizen Lab de la Universidad de Toronto (Canadá) que destapó el ya denominado Catalangate, desplegarán una ofensiva judicial en España y en otros cinco países europeos: Francia, Alemania, Suiza, Bélgica y Luxemburgo.

Según dicha investigación, desvelada en primicia el pasado 18 de abril por la revista The New Yorker que ha provocado un escándalo político y una tensión sin precedentes entre el Gobierno de Pedro Sánchez y Esquerra Republicana de Catalunya (ERC), que facilitó la investidura del presidente socialista, los móviles de más de 60 personas fueron objeto de ataques. Entre ellos, el del presidente catalán Pere Aragonés. El hackeo de su teléfono habría ocurrido entre otoño de 2019 y enero de 2020, después de publicarse la sentencia del procés de la Sala Segunda del Tribunal Supremo y justo cuando el partido independentista y Moncloa negociaban la manera en que permitirían la formación del Gobierno central.

Después de que Aragonés exigiera responsabilidades a Sánchez por este espionaje tras el que los independentistas han situado al Centro Nacional de Inteligencia (CNI), su directora, Paz Esteban, reconoció este jueves que los servicios secretos del Estado espiaron a Aragonés y a otros 17 independentistas, pero aseguró que fue con autorización judicial y respetando la legalidad. Negó espionajes masivos irregulares como los que se describen en el estudio internacional que ha devuelto a los independentistas al foco mediático.

Un juzgado de Barcelona ya investiga espionaje

Tanto ERC como Junts, la CUP y las entidades Òmnium Cultural y ANC consideran injustificables los hechos desvelados y por eso los llevarán ante los tribunales.

Òmnium y la CUP se han dirigido al Juzgado 32 de Barcelona donde se investiga el espionaje informático a Torrent y Maragall

Mientras el expresidente catalán Carles Puigdemont y otros representados por el letrado Gonzalo Boye -también espiado- se dirigirán a los juzgados competentes en cada lugar donde se encontraban los afectados cuando ocurrieron los hechos, Òmnium y la CUP ya se han dirigido al Juzgado 32 de Barcelona que abrió una investigación en 2020 por espionaje informático al expresidente del Parlamento catalán Roger Torrent y al exconsejero de Acción Exterior de la Generalitat y diputado de ERC, Ernest Maragall.

Allí, ambos políticos se dirigieron contra el exdirector del CNI Félix Sanz Roldán puesto que los ataques que denuncian se habrían producido antes de que éste se jubilara, entre abril y mayo de 2019.

Precisamente la primera querella que presentó Boye en los juzgados de Madrid (por los 18 ataques a su teléfono) se dirige también contra la empresa israelí NSO Group comercializadora del malware Pegasus. En la querella por presuntos delitos de descubrimiento y revelación de secretos y daños informáticos, el letrado ya indicó las diligencias que cree debería practicar el juez a quien corresponda el caso.

Él mismo presentará querellas ante aquellas jurisdicciones donde se encontraban sus defendidos en el momento de los ataques, que no son sólo los juzgados de Madrid o Barcelona, sino también los correspondientes a Waterloo, Bruselas, Berlín, Kehl, Ginebra y Zurich, según ha trasladado a este diario.

Saber si las fuerzas de seguridad están detrás

En la primera querella, el abogado apuntaba a la afectación de las investigaciones judiciales en curso que puede tener saber que los móviles de los investigados fueron objeto de espionaje. Apuntó a que, entre las posibilidades de la herramienta Pegasus está la de modificar documentos y, por lo tanto, permitiría "plantar" pruebas.

"En estas condiciones, va de suyo que la utilización de Pegasus invalida cualquier investigación judicial contra una persona que haya sido objeto de ataques de este software espía en sus dispositivos electrónicos, pues no podría asegurarse con certeza la integridad de la evidencia que se extraiga de aquéllos, y por ende, la investigación correría la misma suerte", se pudo leer en la querella a la que tuvo acceso El Independiente. Seguramente será un argumento repetido en las sucesivas.

Por su parte, en las querellas ya presentadas por Òmnium y la CUP, se pide aclarar si las fuerzas y cuerpos de seguridad del estado (Policía y Guardia Civil) pueden estar detrás de los ataques. Es decir, si se les proporcionó el sistema de espionaje para alguna investigación concreta a los independentistas.

ERC, en representación de sus afectados, es la que más está tardando en aclarar por qué vía irá para presentar las querellas. Se decidirá "en las próximas semanas", ha afirmado estos días Aragonés, centrado aún en la exigencia de responsabilidades políticas.