El Ministerio del Interior no ha recibido ninguna oferta en el concurso público que ha convocado para contratar los servicios de empresas especializadas en trabajos forestales que se encarguen de desmantelar las grandes plantaciones de marihuana que intervengan la Guardia Civil y la Policía Nacional en la Comunidad de Madrid y en las provincias limítrofes.

Como informó este diario, el departamento que dirige Grande-Marlaska sacó a licitación a principios de abril un contrato para seleccionar a compañías con capacidad para ejecutar este tipo de actuaciones, dada la falta de preparación y medios técnicos de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado para llevar a cabo estas tareas y el crecimiento exponencial que se viene constatando en los últimos años.

Con un presupuesto total de 163.350 euros, la intención era cubrir cuatro áreas geográficas concretas del país (Granada, Almería-Murcia, la comunidad de Madrid y provincias cercanas, y Cataluña) donde el cultivo ilegal de cannabis ha motivado en los últimos años el desarrollo de numerosas operaciones policiales de desmantelamiento y la destrucción de millares de plantas.

Cerrado el plazo de presentación de ofertas el pasado 20 de abril, el lote correspondiente a Madrid y alrededores -con un presupuesto de 24.200 euros, el 14,8 % del importe total- ha sido el único por el que ninguna empresa ha pujado, según se detalla en el acta de la reunión que la mesa de contratación celebró de manera online el pasado 28 de marzo. Queda, por tanto, desierto.

Interior sí ha recibido proposiciones por los tres restantes, pendientes ahora de adjudicación. En el caso del paquete correspondiente a Granada, la propuesta mejor valorada ha sido la de Pedro Luis Ramírez Cueva, una de las presentadas junto a las de Natura Constructiva SL, Novaservice Utilities SL y Retamar Obra, Servicios y Medio Ambiente SL. El elegido inicialmente era el que ofrecía un precio más bajo (162,50 euros por servicio prestado y 16,25 euros la hora de cada empleado).

Baja desproporcionada

Este licitador es el mismo que ha sido propuesto para la adjudicación del lote de Almería y Murcia, siempre que justifique de forma detallada las condiciones de la oferta al encontrarse en situación de baja desproporcionada. En este caso ha mejorado las propuestas económicas presentadas por Natura Constructiva SL, Paisajes Forestales del Noroeste SL, Alejandro Yehia López y Retamar Obra, Servicios y Medio Ambiente SL.

El contrato referido al ámbito territorial de la comunidad catalana se lo llevará previsiblemente la empresa Gil Forestal SL, que competía contra la Fundación CEO del Maresme y Tarragonesa de Hierros y Metales RR SL: es la que ofertaba la hora por operario a menor precio de las tres (22,80 euros), si bien la tarifa de prestación por servicio era unos euros superior a la de Fundación CEO del Maresme (240 frente a 237,50 euros).

Detalle del acta de la mesa de contratación en la que se consigna la falta de ofertas por el lote de Madrid.

El incremento del número de plantas de cannabis intervenidas que se viene registrando de forma sostenida desde 2018 -casi tres millones en 2021, un 57 % más- ha hecho saltar las alarmas a los cuerpos policiales, lo que llevó al Ministerio del Interior a finales del pasado año a poner en marcha el Plan Nacional de Actuación contra la Criminalidad Asociada a la Producción y Tráfico de Marihuana. El fin perseguido es potenciar la coordinación entre los cuerpos policiales a fin de reducir la amenaza que representa el cultivo ilegal del cannabis y sus derivados: ya es una de las principales actividades criminales, con potentes organizaciones trasnacionales detrás y un negocio millonario.

Interior sí ha recibido ofertas por los otros tres lotes: Almería, Almería-Murcia y Cataluña

Precisamente uno de los tres objetivos específicos que se marca dicho plan es el de "favorecer logísticamente la destrucción de las plantaciones de marihuana", para lo que se sacó a licitación este contrato que no se podrá adjudicar en su totalidad debido al nulo atractivo que ha despertado el lote de Madrid. 

Interior reconoce que el tamaño de las explotaciones y la falta de medios técnicos para desarbolarlas está generando "importantes problemas logísticos" a las fuerzas y cuerpos de seguridad, de ahí que haya decidido recurrir a los servicios de empresas privadas para que se encarguen del desmantelamiento de las grandes plantaciones de marihuana bajo las indicaciones que determine en cada caso la autoridad judicial.

"En el caso de pequeñas plantaciones, son los propios agentes los encargados de desmantelar las plantaciones, pero en el caso de las grandes plantaciones se ven imposibilitados para desarrollar dicha actividad, dado que, además de no estar preparados ni disponer de la maquinaria necesaria, absorbería el tiempo de las plantillas policiales en detrimento de la realización de los servicios de seguridad asignados legalmente", razona en la memoria justificativa el director del Centro de Inteligencia contra el Terrorismo y el Crimen Organizado (CITCO), Manuel Navarrete.

Las empresas que resulten adjudicatarias se encargarán de apoyar al cuerpo policial actuante para la extracción de muestras y su conservación en cajas de cartón para evitar su putrefacción; el arrancado de las plantas y su traslado al lugar que se designe; el triturado o compactación en el caso de que haya que conservarlas durante un periodo de tiempo determinado; el ensacado del material intervenido o su introducción en cajas, así como cualquier otra actuación que ordene el juez.