El Pleno del Tribunal Constitucional del mes de mayo, que tendrá lugar esta semana, no tendrá por objeto debatir sobre el recurso que el Partido Popular presentó en 2010 contra la ley del aborto del segundo gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero.

Estaba previsto que el asunto, que se ha convertido en el elefante en la habitación del tribunal de garantías, se abordara antes de que el presidente Pedro González Trevijano cumpliera su mandato el próximo junio, como transmitió él mismo a otros magistrados.

Sin embargo, en el orden del día del Pleno que se celebrará esta semana no figura el recurso del PP contra la ley de interrupción voluntaria del embarazo ni tampoco está previsto que se lleve al del mes de junio. Fuentes del Alto Tribunal trasladan que el debate previsiblemente se aplazará a después de las elecciones andaluzas, respondiendo a la norma no escrita de no interferir en la actualidad política. Así, el recurso más antiguo que debe resolver el TC continuará en un cajón mientras la ley en cuestión continúa aplicándose desde hace 12 años.

De plena actualidad en Estados Unidos

El debate sobre el derecho a decidir la interrupción del embarazo está de plena actualidad en Estados Unidos, donde, según filtró el digital Político, la mayoría del Tribunal Supremo estaría por derogar el derecho al aborto reconocido en 1973, dejando en manos de los estados la elección sobre el derecho de las mujeres al no existir una ley federal al respecto.

En caso de que el Pleno del Tribunal Constitucional español hubiera abordado el recurso del PP (presentado en 2010) en este momento, habría coincidido con el intenso debate internacional suscitado al respecto.

El recurso que presentó el entonces partido de la oposición al Gobierno socialista se centraba en denunciar la inconstitucionalidad de ocho preceptos de la ley y su disposición final segunda. Entre éstos se encontraba el que recoge el derecho de la mujer a interrumpir voluntariamente el embarazo en las primeras catorce semanas de gestación.

La formación consideró que dicho precepto choca con el artículo 15 de la Constitución Española que reconoce que "todos tienen derecho a la vida". El equipo de trabajo que impulsó el recurso estuvo coordinado por Federico Trillo-Figueroa.