El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, participó de forma presencial o a través de videoconferencia en cinco reuniones de carácter internacional durante el intervalo de veinte días en que fue infectado su teléfono móvil por Pegasus, el programa israelí que permite acceder al soporte y sustraer todo tipo de información sin dejar rastro.

El Centro Criptológico Nacional (CCN) -dependiente del Centro Nacional de Inteligencia (CNI), adscrito a su vez al Ministerio de Defensa- ha confirmado que el terminal de Grande-Marlaska sufrió también una intrusión al igual que los de Pedro Sánchez y la titular de Defensa, Margarita Robles. El Gobierno aportará el informe técnico al Juzgado Central de Instrucción 4 de la Audiencia Nacional, que, desde principios de mes, investiga la posible comisión de un delito de descubrimiento y revelación de secretos.

En el caso del ministro del Interior, el hackeo tuvo lugar entre los días 7 y 26 de junio de 2021 y se saldó con el robo de más de seis gigas de información, más del doble que al jefe del Ejecutivo. No ha trascendido qué datos sensibles han podido acabar en manos del agente externo que llevó a cabo esta acción -desarrollada en plena crisis diplomática con Marruecos- de la que se ha tenido conocimiento casi un año después.

Aquel 7 de junio, lunes en el almanaque, el ministro mantuvo una reunión por videoconferencia con el secretario general de Interpol, Jürgen Stock, en la que también estuvieron presentes el director general de la Policía Nacional, Francisco Pardo Piqueras, y la comisaria jefa de la Oficina Central Nacional, María del Carmen Muñoz. "Gracias al Ministerio del Interior por confirmar el firme apoyo de España, con el que siempre contamos en Interpol y a través de la comunidad mundial de las fuerzas del orden", agradeció a través de su perfil en Twitter el oficial de policía alemán al término del encuentro.

Ministros de Interior de la UE

Al día siguiente, Grande-Marlaska participó en Luxemburgo en la reunión del Consejo de Ministros de Interior de la UE. La cita se desarrollaba tres semanas después de que más de 10.000 magrebíes entraran de manera irregular en Ceuta por la pasividad de la policía marroquí, en señal de rechazo a que España hubiera acogido por razones humanitarias al líder del Frente Polisario (Brahim Ghali) para ser tratado de covid-19 en un hospital público de Logroño.

La agenda internacional del ministro en aquellas fechas detalla el encuentro que mantuvo el 14 de junio en la sede de Interior con la embajadora de Polonia en España, Marzenna Adamczyk. Fue justo un día antes de recibir en el ministerio al embajador del Reino de Arabia Saudí en España, Azzam Abdulkarim Al-Qain, quien en octubre de 2020 había relevbado al frente de la legación diplomática al príncipe Mansour Bin Khalid Al Farhan Al-Saud.

Al ministro del Interior le sustrajeron seis gigas de información, más del doble que al presidente del Gobierno

La última reunión de carácter internacional fue la que mantuvo el 23 de junio con el secretario de Seguridad Nacional de Estados Unidos, Alejandro Mayorkas. En esa cita, que daba continuidad a la mantenida por videoconferencia el 15 de abril de ese mismo año, los representantes de ambos países se comprometieron a reforzar la colaboración en materia de lucha contra el terrorismo, la ciberdelincuencia y la inmigración irregular.

En esas tres semanas en las que tuvo infectado su teléfono, Grande-Marlaska acudió en tres ocasiones a las Cortes Generales (dos al Congreso y una al Senado), acompañó a la reina Letizia en el acto conmemorativo del Día de la Policía Municipal, copresidió con el lehendakari Íñigo Urkullu la Junta de Seguridad del País Vasco, recibió a la ministra Irene Montero (Igualdad) y asistió al homenaje a Alfredo Pérez Rubalcaba a los dos años de su fallecimiento, entre otras citas.

Las posibilidades de que la investigación judicial termine descubriendo quién estuvo detrás del hackeo al máximo responsable de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado y qué información le sustrajeron son mínimas por la sofisticación del software utilizado, el mismo que el Centro Nacional de Inteligencia (CNI) utilizó al menos 18 veces con amparo judicial para espiar al independentismo catalán ante su desafío al orden constitucional.