"JxCat no participará" en la reforma de la Ley de Política Lingüística con la que independentistas y socialistas querían sortear la sentencia del 25% en castellano. Una reforma que según los de Carles Puigdemont "no tiene consenso y no impide la imposición judicial del 25%".
Lo ha anunciado el portavoz de la formación Josep Rius, después de que tanto el presidente de la Generalitat, Pere Aragonès, como PSC y comunes presionaran a Junts para desbloquear la reforma. Rius no ha valorado la posibilidad de que ERC siga adelante con la reforma legal con el apoyo de PSC y Comunes, y lo que esto puede suponer en términos de estabilidad del gobierno catalán.
Tampoco lo ha descartado la portavoz de ERC, Marta Vilalta, que ha denunciado que la decisión de Junts responde a "intereses partidistas". "Se impone el tacticismo al consenso de país" ha lamentado Vilalta, "y quien se aleja del consenso tampoco tiene propuesta y deja la lengua a merced de los tribunales".
La republicana ha acusado a sus socios de gobierno de actuar con "irresponsabilidad y resignación" por romper el acuerdo con socialistas y comunes. Una reforma que según los republicanos permitía esquivar la imposición de porcentajes concretos de castellano a cambio de reconocerlo como lengua vehicular en la enseñanza.
Tras la decisión de JxCat, Vilalta no ha aclarado si renunciarán a la reforma de la Ley de Política Lingüística o la llevarán la semana que viene al pleno en una convocatoria extraordinaria, como piden socialistas y comunes. "Estudiaremos las opciones con el resto de los partidos, no descartamos ningún escenario
JxCat apunta a "mayorías alternativas"
"En el Parlament hay mayorías alternativas para llevar adelante esta reforma pero nosotros no le daremos apoyo" se ha limitado a apuntar Rius. JxCat presentará en los próximos días a sus socios de gobierno su "propuesta concreta sobre cómo actuar" para "frenar el 25% en castellano" ha asegurado.
"Lo que no haremos es adaptar la Ley de Política Lingüística para acatar la sentencia" ha advertido. "Gobernantes deben tomar decisiones valientes y poner iniciativas s la mesa" ha zanjado.
Se trata de una ley pactada por los cuatro partidos para sortear la aplicación de la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) incluyendo en la ley marco de la Política Lingüística el reconocimiento expreso del castellano como "lengua de aprendizaje".
Sin embargo, la interlocutoria dictada por el TSJC este semana, exigiendo ya la aplicación de la sentencia ha hecho saltar definitivamente ese consenso. Un acuerdo ya agrietado por la oposición de las entidades de defensa del catalán, con Plataforma por la Lengua a la cabeza. Entidades que forzaron el paso atrás de JxCat.
Acuerdo bloqueado
El acuerdo alcanzado el pasado 24 de marzo apenas duró 24 horas. Lo que tardó el sector "duro" de Junts en cuestionar el acuerdo alcanzado por le grupo parlamentario y cuestionado por las entidades. Desde entonces, Junts ha pedido dos aplazamientos en la tramitación de la proposición de ley para "alcanzar un consenso con las entidades".
Ahora, tanto desde los comunes como desde Esquerra acusan a Junts de haber bloqueado su mejor vía legal para frenar una interlocutoria como la aprobada esta semana por el TSJC.
JxCat "ha mantenido silencio desde que se presentó el acuerdo y se congeló" ha argumentado Rius. Pero "la responsabilidad de Junts no ha sido respetada por otros partidos que nos acusan de obstruccionistas" ha lamentado, advirtiendo que su formación "no acepta lecciones de nadie y menos del PSC".
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