La Fiscalía ha abonado las tesis de la alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, pidiendo el archivo de la querella presentada contra ella por las subvenciones concedidas a entidades del entorno de los Comunes durante sus dos mandatos. En un auto hecho público este jueves, la Fiscalía Anticorrupción recuerda el archivo de una causa similar, hace menos de un año, y advierte que las subvenciones pueden incurrir en irregularidades administrativas, pero no justifican una causa penal.

La querella la presentó la Asociación para la Transparencia y la Calidad Democrática. Una entidad tras la que estaría Agbar, según la alcaldesa, en un intento por frenar el proceso de remunicipalización de la gestión del agua en Barcelona y su área metropolitana.

La querella cuestiona la concesión de 80 millones de euros en subvenciones por parte del Ayuntamiento de Barcelona entre 2019 y 2020. Se trata de ayudas concedidas a diversas entidades próximas a su partido, Catalunya en Comú (CatEC). Especialmente al Observatorio DESC, para el que la propia Colau y sus compañeros al frente de los Comunes trabajaron antes de dar el salto a la política.

Ejercicio de imaginación

La Fiscalía concluye que vincular las ayudas a su pasado de activista "no pasa de ser un ejercicio de imaginación" sin base alguna. Por ello, no se opone al sobreseimiento de la causa que instruye el Juzgado de instrucción número 21.

Recuerda el ministerio público que en julio del año pasado ya archivó una denuncia de Abogados Catalanes por la Constitución contra Colau por unos hechos "en un 99,9 %" idénticos a los de la querella que ahora se investiga, que firma el mismo bufete jurídico.

De hecho, en su escrito el fiscal se remite a su decreto de archivo de esa denuncia previa para concluir que no hay indicios de delito contra la alcaldesa, puesto que delegó su competencia en materia de concesión de subvenciones y no tuvo "ninguna" intervención en los expedientes investigados.

Denuncia archivada

Para el ministerio público, de los expedientes sobre las subvenciones otorgadas entre los años 2016 y 2019 se desprende que las entidades afines a la alcaldesa, como el Observatorio DESC, la PAH o Ingenieros sin Fronteras, "no se beneficiaron específicamente de un trato de favor especial".

"Sus subvenciones se tramitaron igual que las destinadas a cientos de entidades, a través de un procedimiento -discutible o no- que parecía ser el utilizado con habitual frecuencia por parte del consistorio", lo que a juicio del fiscal "excluye la arbitrariedad" en las concesiones.

Según recuerda el fiscal, la interventora municipal admitió ante el juez, en su declaración como testigo, que había incluido algunas "advertencias" a los expedientes, en las que recomendaba no tramitar las subvenciones de forma nominativa, pero el hecho de que se desoyeran sus observaciones "es perfectamente compatible con la legalidad" de la mismas.

El pasado de Colau

Para el ministerio público, "vincular el pasado activista" de la alcaldesa con la concesión de subvenciones a entidades con las que en el pasado mantuvo relación "no pasa de ser un ejercicio de imaginación carente de la más elemental base que sustente la continuación de la investigación".

Ello daría lugar, advierte el fiscal, "a una injusta preterición de las entidades afectadas como candidatas a percibir una subvención, en atención al nuevo estatus político de una de sus miembros".

Para el fiscal, "carece de sentido jurídico" prolongar la instrucción del caso, dado que ya son diligencias suficientes las explicaciones de Colau y de la interventora delegada, quien, recuerda, "es funcionaria de carrera, sin vinculación subordinada a la investigada y ajena, por tanto, a cualquier componenda política que permita poner en duda su, por otra, completísima declaración".