Dos guardias civiles, un abogado del Estado, un policía y una responsable de Inteligencia. Son los cadáveres que acumula Pedro Sánchez en sus casi cuatro años de gobierno; cinco funcionarios que fueron removidos de sus puestos por negarse a incumplir la ley, por defender un criterio profesional que no encajaba con los intereses políticos del Gobierno o para intentar apagar un incendio. Y en la mayoría de los casos como concesión a los socios independentistas, de los que depende la estabilidad parlamentaria del Ejecutivo y la continuidad de la legislatura.

El nombre de Paz Esteban, fulminada como directora del Centro Nacional de Inteligencia (CNI) por el escándalo del espionaje, engrosa desde esta semana una lista en la que ya figuraban otros cuatro servidores públicos defenestrados manu militari por Sánchez. Dos (los coroneles de la Guardia Civil Manuel Sánchez Corbí y Diego Pérez de los Cobos) confían aún en que el Tribunal Supremo revoque los ceses por no estar suficientemente motivados y uno (el diputado de Ciudadanos Edmundo Bal) le rebate cada semana desde su escaño del Congreso.

Sánchez Corbí y los fondos reservados

Manuel Sánchez Corbí.

El 1 de agosto de 2018, cuando no llevaba como número dos de Interior ni mes y medio, Ana Botella rubricó la destitución del coronel Sánchez Corbí como jefe de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil a propuesta del entonces director general del Cuerpo (Félix Azón). Motivo alegado: "pérdida de confianza". El oficial vallisoletano, un veterano de la lucha contra ETA, ocupaba el cargo desde noviembre de 2015.

El cese se certificaba una semana después de que Sánchez Corbí hubiera firmado una orden interna con la que comunicaba a los diferentes departamentos que quedaba "temporalmente suspendida cualquier actividad de la Unidad Central Operativa y sus unidades subordinadas que requieran obligatoriamente realizar gastos de la partida Fondos de Gastos Reservados".

El Ministerio del Interior justificó la decisión de apartarlo de la jefatura de la UCO con el argumento de que el mando había tomado dicha determinación sin haber recibido para ello ninguna instrucción -ni de sus superiores ni de un juez- y que había puesto en riesgo operaciones policiales que se encontraban en marcha. El departamento al que se acababa de incorporar Grande-Marlaska negó que se hubieran suspendido o anulado los fondos y que tan sólo estaban llevando a cabo una "evaluación" de los gastos reservados para comprobar cómo se estaba aplicando esa partida presupuestaria.

Relegado a la jefatura del Servicio de Protección y Seguridad (Seprose), la unidad de la Guardia Civil que se encarga de proteger infraestructuras críticas como las centrales nucleares y de la gestión de la seguridad privada en las competencias atribuidas al Cuerpo, Sánchez Corbí -empleado del grupo Acciona desde febrero de 2021- libra una batalla en los tribunales en un intento de que se anule su destitución como máximo responsable de la UCO. Una cuestión de honor.

El Supremo tiene que resolver aún si el cese de Corbí como jefe de la UCO estuvo motivado de forma suficiente

En diciembre de 2019, el Juzgado Contencioso-Administrativo 3 de la Audiencia Nacional desestimó íntegramente su recurso, un pronunciamiento que fue respaldado siete meses después por la Sección Quinta de la Sala de lo Contencioso-Administrativo. El caso se encuentra ya en el Tribunal Supremo, que, frente a la postura defendida por la Abogacía del Estado, admitió a trámite su escrito a finales del pasado mes de enero al apreciar que "reviste interés" casacional la cuestión planteada: la necesidad o no de motivar los acuerdos de ceses en puestos de trabajo cubiertos por el procedimiento de libre designación.

Seis meses antes de que Ana Botella firmara la destitución, el grupo de EH Bildu en el Congreso -hoy apoyo del Gobierno de Pedro Sánchez en el Parlamento, como se demostró en la reciente aprobación del plan de medidas anticrisis por la guerra de Ucrania- ya pidió a la entonces dirección de Interior que expulsara a Sánchez Corbí de la Guardia Civil. Ocurrió el 7 de febrero de 2018, durante una comparecencia de José Antonio Nieto -entonces secretario de Estado con Juan Ignacio Zoido (PP)- en el Congreso. Exhibiendo una fotografía del coronel, el diputado Jon Iñarritu preguntó al interviniente: "¿Conoce usted a este delincuente?". La acusación tenía que ver con la pena a un año de prisión y seis de inhabilitación al que había sido condenado por el Supremo en 1998 como autor de un delito de torturas a un detenido en Basauri (Vizcaya). El coronel fue indultado por el Gobierno de Aznar un año después.

En su réplica, Nieto consideró injusto que se refiriera en esos términos a alguien que ya había "cumplido con lo que se le ha impuesto", ensalzó la "trayectoria impecable" del mando y emplazó al parlamentario a retirar ese adjetivo para que no quedara recogido en el diario de sesiones, a lo que Iñarritu sólo estaba dispuesto a acceder si el ministerio cumplía una condición. "Si retira al señor Sánchez Corbí de la Guardia Civil yo podría hacer un esfuerzo", contestó. Fue Grande-Marlaska quien años después le abrió la puerta de salida.

La rebelión, 'sentencia' para Bal

Edmundo Bal, hoy diputado de Ciudadanos.

A Edmundo Bal lo apartaron como responsable del departamento Penal de la Abogacía del Estado -Cuerpo funcionarial en el que ingresó en junio de 1993- tres meses antes de que arrancara en el Tribunal Supremo el juicio contra los líderes independentistas catalanes. El motivo alegado fue "pérdida de confianza" a raíz de su negativa a retirar el delito de rebelión de su escrito -compartiendo hasta el último momento la calificación jurídica que defendía la Fiscalía- y acusar por sedición, un ilícito con menos castigo en el Código Penal.

A mediados de marzo de 2019, un mes y medio antes de las elecciones generales del 28-A, Ciudadanos sorprendió con el anuncio del fichaje de Bal. Entonces lideraba Albert Rivera el partido, que lo incluyó como número cuatro por la circunscripción de Madrid. Desde entonces tiene acta en el Congreso, donde ejerce la portavocía de su grupo. En mayo encabezó la lista de Cs a la Asamblea de Madrid, pero no obtuvo representación.

El pasado miércoles, durante la sesión de control al Gobierno en el Congreso, Edmundo Bal se mostró muy crítico con Pedro Sánchez, al que acusó de haber servido "en bandeja de plata" a los independentistas la cabeza de Paz Esteban. "Viene usted aquí como si no pasara nada. Sí pasa, pasa que los condenados por delito son aquellos que fijan la carrera administrativa de los servidores públicos que guardan la ley. ¿Y por qué lo ha hecho usted? Pues ya se lo digo yo. Por mantenerse en el poder, por mantenerse en La Moncloa", afirmó.

El diputado defendió que nadie en la Cámara Baja tiene "mayor autoridad" que él para hablar de cómo se porta el Ejecutivo de Sánchez con los servidores públicos que "anteponen la lealtad a España a la obediencia sumisa y ciega a este Gobierno". Y añadió: "¿También le pidieron mi cabeza y usted bajó el pulgar? Yo sé lo que es entrometerse en su camino de ambición".

Nieto, purgado por pedir mascarillas para los policías

José Antonio Nieto, facultativo ya jubilado.

El 24 de enero de 2020, una semana antes de que el Instituto de Salud Carlos III confirmara el primer positivo por covid-19 en España, José Antonio Nieto firmó un informe de cuatro páginas en su condición de jefe del Servicio de Prevención de Riesgos Laborales de la Policía Nacional en el que proponía que los agentes destinados en los puestos fronterizos de aeropuertos utilizaran guantes de nitrilo y mascarillas FFP2 en el control de la documentación de "pasajeros procedentes de cualquier ciudad de China u otras zonas afectadas". Fue justo una semana antes de que el director de Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias (CCAES), Fernando Simón, pronosticase que España "no va a tener, como mucho, más allá de algún caso diagnosticado".

El 13 de marzo de 2020, en víspera de que el Gobierno declarara el primer estado de alarma para intentar contener la propagación del virus, Nieto fue destituido de forma fulminante por una supuesta "falta de lealtad", al reenviar por correo electrónico a los técnicos de Riesgos Laborales del Cuerpo un documento con instrucciones -recibido de su jefe superior- que no había sido firmado aún por el director general de la Policía. El cese se produjo tres meses antes de alcanzar la edad de jubilación y después de una carrera profesional de 36 años.

Lejos del discurso que mantenía públicamente el Ejecutivo en aquellas semanas de enero, el facultativo alertó de las consecuencias que podría tener para la salud de los agentes destinados en los puestos fronterizos de los aeropuertos con conexiones con China -donde se identificó el origen del coronavirus- el contacto con pasajeros procedentes de ese país. Y eso que hubo de modificar el borrador, en el que había utilizado la expresión "potencialmente mortal" al describir la enfermedad", porque el Ministerio de Sanidad consideraba que era "demasiado alarmista" en aquel momento.

La Fiscalía llegó a reconocer que, con su escrito, el facultativo se "anticipó incluso a las autoridades sanitarias"

En una entrevista concedida a este diario al día siguiente de jubilarse, José Antonio Nieto dijo sentir "cabreo y tristeza" por la forma en que había salido de la Policía pero con la "conciencia tranquila" por su modo de actuar. De hecho, la Fiscalía de Madrid ensalzó su trabajo en el escrito en el que pidió el archivo de la causa en la que se investigaba -tras una querella presentada por el sindicato Jupol- si el director general de la Policía, Francisco Pardo Piqueras, y la entonces subdirectora general de Recursos Humanos, la comisaria principal Pilar Allué, cometieron un delito contra la seguridad e higiene en el trabajo a cuenta de la gestión de la pandemia. El Ministerio Público concluyó que no había dudas de que se había comprado material de protección y que se repartió a la plantilla por la advertencia del facultativo.

"Y todo gracias al ‘valioso’ trabajo del jefe de Prevención de Riesgos laborales, que se anticipó incluso a las autoridades sanitarias de España, advirtiendo del riesgo grave que suponía la covid-19 sobre todo para el desarrollo de trabajos en puestos fronterizos, interesando a sus superiores de la necesidad de entregar mascarillas FFP2 y guantes a los agentes, hecho que motivó que así se hiciera", destacó.

Pérez de los Cobos y el 'caso 8-M'

El coronel Diego Pérez de los Cobos.

"Propongo el cese del destino del coronel D. Diego Pérez de los Cobos Orihuel como jefe de la Comandancia de Madrid (Tres Cantos-Madrid) por pérdida de confianza de esta dirección general y del equipo de dirección del Ministerio del Interior por no informar del desarrollo de investigaciones y actuaciones de la Guardia Civil en el marco operativo y de Policía Judicial, con fines de conocimiento".

El domingo 24 de mayo de 2020, María Gámez elevó al secretario de Estado de Seguridad (Rafael Pérez) un oficio con la propuesta de destitución de Pérez de los Cobos como máximo responsable de la Comandancia de Madrid, responsabilidad que había asumido en abril de 2018 tras haber ocupado la dirección del Gabinete de Coordinación y Estudios del Ministerio del Interior tanto en etapas del PSOE como del PP.

Con el aval del ministro Grande-Marlaska, la directora general de la Guardia Civil reaccionaba de forma expeditiva después de que el general jefe de la Zona de Madrid (José Antonio Berrocal) y el entonces jefe del Mando de Operaciones (teniente general Fernando Santafé) hubieran intento sin éxito que el coronel les informara acerca del atestado enviado al juzgado que instruía la causa del 8-M, procedimiento abierto a raíz de la manifestación feminista celebrada en Madrid cuando ya se registraba más de medio millar de positivos por coronavirus en España y 17 personas habían fallecido. El oficial les contestó que desconocía detalles de esa actuación que llevaban cabo subordinados suyos en función de Policía Judicial y que, en todo caso, no podría proporcionarles la información dado el carácter reservado de la misma.

La destitución generó una gran polvareda política y llevó a varios grupos de la oposición (PP, Vox y Ciudadanos) a pedir sin éxito la reprobación del titular de Interior, obligado a dar explicaciones en sede parlamentaria. Grande-Marlaska defendió que el cese se enmarcaba en un "proceso natural de sustitución de los equipos directivos dentro de la Guardia Civil" iniciado en enero con la designación María Gámez como directora general. "No hay ninguna circunstancia extraña", mantuvo.

Relegado a la Intervención Central de Armas y Explosivos, Pérez de los Cobos inició una batalla judicial para tratar de revocar la decisión que no ha escrito aún el último capítulo. El 31 de marzo de 2021, el Juzgado Central de lo Contencioso-Administrativo 8 le dio la razón y condenó a Interior restituirlo en el puesto. El magistrado Celestino Salgado concluyó que la razón del cese fue "ilegal", por cuanto se produjo "por cumplir con lo que la ley y el expreso mandato judicial ordenaban" tanto a la Unidad Orgánica de Policía Judicial como a sus superiores.

Pérez de los Cobos es el enemigo para los independentistas: su testimonio fue clave en el juicio del 'procés'

Ese criterio del juzgado de instancia no fue respaldado por la Sección Quinta de la Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional, que el pasado mes de septiembre negó que hubiera habido desviación de poder y consideró que la destitución estaba motivada de forma suficiente puesto que "la pérdida de confianza es por la ‘no información’ del ‘desarrollo’, no del contenido, de ‘investigaciones y actuaciones’ llevadas a cabo por la Guardia Civil". El Tribunal Supremo tendrá ahora la última palabra.

El pulso que mantiene con la cúpula de Interior ha conllevado otro castigo para Pérez de los Cobos, cuyo ascenso a general ha vetado el ministerio en cinco ocasiones pese a ser el coronel con mayor valoración en la clasificación elaborada por el Consejo Superior de la Guardia Civil. El desprecio al escalafón era un hecho desconocido en el Cuerpo hasta la llegada de Grande-Marlaska. También lo ha recurrido en el alto tribunal.

El independentismo catalán celebró públicamente la destitución de Pérez de los Cobos como jefe de la Comandancia de Madrid. En su condición de director del Gabinete de Coordinación y Estudios, el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) encargó a este veterano coronel de la Guardia Civil la coordinación de los cuerpos policiales el 1-0, el día en que los separatistas celebraron la consulta ilegal.

Su testimonio en el juicio celebrado en el Supremo contra 12 dirigentes del procés fue clave para que la Fiscalía apuntalara la acusación contra Oriol Junqueras y el resto de encausados, resultando finalmente condenados nueve como autores de un delito de sedición. Con el informe negativo del tribunal sentenciador, el Gobierno de Pedro Sánchez indultó el pasado 22 de junio al ex vicepresident Oriol Junqueras; a los ex consellers Raül Romeva, Jordi Turull, Josep Rull, Joaquim Forn y Dolors Bassa; a la ex presidenta del Parlament Carme Forcadell a y los líderes de las entidades soberanistas ANC y Òmnium Cultural Jordi Sànchez y Jordi Cuixart, respectivamente.

Hasta que a mediados de abril estalló el escándalo del espionaje con el programa israelí Pegasus, ERC -partido presidido por Junqueras- ha sido un apoyo importante para el Gobierno en el Parlamento. Tras abstenerse en la investidura de Pedro Sánchez, Esquerra aprobó la prórroga del segundo estado de alarma -en el primero siempre se abstuvo- y dio su apoyo a los Presupuestos Generales del Estado para 2021, entre otras iniciativas.

Paz Esteban, 'cabeza' insuficiente para el independentismo

Paz Esteban, ya ex directora general del CNI.

La etapa de Paz Esteban como directora del Centro Nacional de Inteligencia (CNI) llegó a su fin prematuramente este martes, cuando el Consejo de Ministros acordó su destitución. El Gobierno le atribuye a ella la responsabilidad de la brecha de seguridad que propició que agentes externos accedieran a los teléfonos móviles de Pedro Sánchez y de los ministros Margarita Robles (Defensa) y Grande-Marlaska (Interior) a través del programa Pegasus y les sustrajesen varios gigas de información.

La propia titular de Defensa, departamento al que están adscritos los servicios secretos, había defendido días antes en el Congreso la actuación de Esteban y había señalado -sin nombrarlo- al hoy ministro Félix Bolaños como responsable de esta situación. Como reconoció el Ejecutivo en una respuesta parlamentaria en septiembre de 2020, "la seguridad integral (física o comunicaciones, entre otras) del Presidente del Gobierno depende del Departamento de Seguridad de Presidencia del Gobierno, tanto en el Complejo de la Moncloa como en cualquiera de sus desplazamientos". Ese departamento depende de la Secretaría General de la Presidencia, puesto que ocupaba Bolaños cuando tuvieron lugar las intrusiones: mayo y junio de 2021.

Sea como fuere, el Gobierno ha descargado toda la responsabilidad en Paz Esteban con su destitución, una medida claramente insuficiente para el independentismo catalán. Tanto los separatistas como Podemos exigen la dimisión de Margarita Robles por el espionaje a 65 dirigentes que ha puesto de manifiesto la investigación de Citizen Lab (Universidad de Toronto), de los que 18 -según reconoció la pasada semana la ahora cesada durante su comparecencia ante la comisión de control de los créditos destinados a gastos reservados del Congreso- los habría llevado a cabo el CNI con amparo judicial. Se desconoce por ahora quién está detrás del resto.

Sin ningún éxito, Margarita Robles -la única integrante del gabinete que defendía el trabajo de Esteban- ha tratado de hacer ver que no se trata de una destitución sino de una "sustitución" motivada por la necesidad de impulsar un "cambio" para hacer frente a las nuevas amenazas y reducir las vulnerabilidades. Satisfecha por haber logrado imponer a la nueva directora (Esperanza Casteleiro, su número dos en Defensa), la ministra no ha considerado necesaria su dimisión.