Es un nuevo enfoque, una nueva fase en lo político, en lo administrativo y en lo social. En el primer campo Euskadi se encuentra inmersa en un tiempo de reivindicaciones políticas. Ahora no conllevan violencia, como mucho, tensiones dialécticas, agravios o injusticias, pero los tiros, las amenazas y las bombas desaparecieron hace una década. Es el tiempo de la búsqueda de una nueva convivencia.

En el segundo plano, el administrativo, la situación es consecuencia del primero. Hace apenas unos meses el Gobierno vasco tomó las riendas de las políticas penitenciarias en Euskadi. Las autoridades vascas gestionan las tres prisiones vascas en las que cumplen condena más de un millar de presos, entre ellos casi un centenar de presos de ETA. El tercero frente es el más complejo, el más largo: el de la sanación social tras casi seis décadas de violencia terrorista.

En este contexto, las autoridades vascas han impulsado un detallado cronograma hasta 2025 para encajar todas las piezas: sanar la herida, gestionar el dolor de víctimas, dar encaje a los presos que lo causaron y contribuir con todo ello a afianzar una convivencia en paz. El objetivo tiene puesta una buena parte de sus esperanzas en el modelo penitenciario y dotarlo de herramientas para dar respuestas a víctimas, a presos y al conjunto de la sociedad que debe acoger a unos y otros y trabajar un futuro de convivencia. La receta con la que el Ejecutivo de Urkullu aspira a lograrlo es la ‘justicia restaurativa’ y se ha marcado como objetivo que sea socialmente aceptada antes de 2025. Se trata de un modo de gestionar los procesos de resocialización de los internos que ya tiene un detallado borrador para el periodo 2022-2025.

Esta estrategia, dirigida al conjunto de la población penitenciaria, se ultima en un momento en el que el colectivo de presos reclama un cambio a su situación. Lo hace exigiendo no sólo que se culmine el acercamiento del colectivo a cárceles vascas y navarras, sino también que se aceleren las progresiones de grado e incluso las excarcelaciones. La sentencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos que condenó a España por vulnerar el derecho a una defensa justa del preso de ETA Xabier Atristain, -lo que ha acelerado su puesta en libertad-, es el último argumento esgrimido para solicitar la salida de prisión de decenas de etarras.

Lograr un "cambio cultural"

La estrategia del Ejecutivo de Urkullu prevé que para el año 2024 y hasta 2025 se logre haber avanzado suficiente como para que los principios que impulsan la “justicia restaurativa” sean aceptados socialmente y sus “beneficios” reconocidos como válidos en la justicia penal. El borrador subraya que la justicia restaurativa pretende “reparar las consecuencias del delito, más allá de la corrección punitiva, haciendo partícipes voluntarios en la resolución del conflicto a las partes directamente afectadas, a otras afectadas o a la comunidad”.

Uno de los ejes establecidos busca alcanzar un “cambio cultural” en Euskadi en torno a la utilidad, ventajas y potencialidad de las políticas de justicia restaurativa que se quieren impulsar con los presos de ETA y la población penitenciaria en su conjunto. Una transformación cultural que conduzca a “la humanización de la justicia”, también en su ámbito penal. Además de la comprensión entre la ciudadanía, también se aspira a generar “la confianza de la ciudadanía” en estas fórmulas de 'reparación'. Con su comprensión se contribuiría, apuntan los responsables de la política carcelaria, “una cultura más participativa y reflexiva en la resolución de los conflictos”.

Medidas que pretenden, además de reparar las consecuencias sobre las víctimas de los delitos cometidos por sus victimarios, facilitar el proceso de resocialización de estos. Los nuevos responsables de los centros penitenciarios vascos recuerdan a menudo que todos los presos, también los de ETA, una vez cumplida su condena deben poder ser reinsertados en la sociedad y hacerlo de modo que la convivencia pacífica pueda instalarse en Euskadi. El goteo de salidas de prisión de militantes de la organización terrorista ha ido adelgazando de modo progresivo el número de etarras en las cárceles. 

Uno de los objetivos marcados pasa por “promover mensajes clave e incrementar la conciencia sobre la justicia restaurativa y sus beneficios en las relaciones vecinales y dentro de las comunidades locales”. Además, se fija como objetivo la creación de “grupos comunitarios y comunidades locales” que divulguen los servicios de justicia restaurativa dirigidas a “víctimas, a los victimarios y a las comunidades”.

"Dar voz" a víctimas y victimarios

El plan proyectado incluye llevar a cabo a lo largo de los próximos cuatro años campañas de comunicación y divulgación “dirigidas a la ciudadanía” sobre qué es “cómo funciona” la justicia restaurativa. Contempla incluso poner en marcha la primavera del próximo año una estrategia de comunicación dirigida a “responsables institucionales” y medios de comunicación en la que se promuevan la “transmisión transparente y objetiva” de su funcionamiento. Se prevé incluso realizar una encuesta ciudadana sobre “la percepción” que de la misma tiene la sociedad y a partir de ella “reforzar los mensajes clave”.

La apuesta por mecanismos de reparación está pensada fundamentalmente para delitos como los de terrorismo y su impacto en la sociedad vasca. A ellos se suma otro tipo de crímenes, como los de violencia sexual o de otro tipo. El Gobierno vasco defiende que de este modo se aplica una vía de justicia enfocada a la reparación más que al castigo, la ‘justicia retributiva’, o a la rehabilitación, la ‘justicia distributiva’. Se fundamenta en que este tipo de delitos no sólo viola la ley sino que perjudica a sus víctimas y las comunidades en las que se cometen y a todas ellas se les debe conceder un papel protagonista en la “resolución de los conflictos”.

La fórmula más habitual es la del diálogo entre víctima y victimario para “darles voz”. En el caso de los presos de ETA y sus víctimas estos encuentros cara a cara ya se han celebrado entre miembros de la banda que han renunciado a la violencia y han accedido a mantener un encuentro con sus víctimas. En estos diálogos también pueden participar otras personas afectadas por un delito. Por lo tanto, puede existir un enfoque restaurativo también en delitos de autor desconocido o delitos de peligro sin víctimas directas o cuando se ha causado un daño a la comunidad o a la sociedad, pero no a personas concretas.

Restaurar la convivencia

Otro de los objetivos que se pretende es “denunciar como inaceptable e injusto el comportamiento delictivo y reafirmar los valores sociales” o “restaurar la convivencia social en paz, con la intervención de terceros que hayan tenido un papel en las circunstancias que motivaron el delito o prevenir la reincidencia de este tipo de delitos.

El acceso a este tipo de encuentros estará abierto a todos los presos y víctimas que lo soliciten y se valore adecuada su celebración. El Ejecutivo se ha mostrado partidario de implementar otro modelo penitenciario en el que la reparación y reinserción social adquieran un mayor protagonismo. Así, se fomentarán los periodos de cumplimiento de condena en régimen abierto en las últimas fases y se trabajarán procedimientos para limitar la privación de libertad. Así, para la próxima primavera se quiere disponer de un servicio que facilite a los órganos penales elementos valorativos de cada preso o encausado para analizar la posibilidad de suspender condenas de prisión para sustituirlas por medidas alternativas. En el caso de delitos leves se propone también medidas restaurativas en las fases de investigación policial o de fiscalía previa a su judicialización.