El protagonismo del Consejo de Ministros de este martes apuntaba a la ministra Irene Montero y su nueva Ley del aborto, que a partir de ahora inicia su andadura parlamentaria, pero entre medias se ha colado el debate en torno a la presencia, el próximo fin de semana, del Rey emérito en España. Una visita de la que el Gobierno intenta desvincularse bajo el argumento de que "no nos corresponde a nosotros manifestarnos, sino a la Casa Real", ha respondido la ministra portavoz, Isabel Rodríguez.

Y casi ha calcado la respuesta cuando se le ha interrogado respecto a si Moncloa tiene alguna reticencia respecto a que pernocte en Zarzuela, residencia oficial del Rey. "El Gobierno no va a pronunciarse porque es una decisión que atañe" a la Casa Real.

"Es una decisión personal del rey emérito, de sus relaciones con la Casa Real y, en el respeto que tenemos, nosotros no vamos a hacer ninguna consideración que nada tiene que ver con el Gobierno", ha añadido ante la insistencia periodística. En definitiva, la visita de Juan Carlos "es una decisión del Rey", al tiempo que ha vuelto a poner en valor el esfuerzo de transparencia de Zarzuela. Pero, en todo caso, "tienen la misma vigencia hoy que ayer" las palabras de Pedro Sánchez en el sentido de que el ex jefe de Estado debería dar explicaciones públicas.

Ley del aborto

Por su parte, la ministra de Igualdad, Irene Montero, ha comparecido tras la reunión del Consejo de Ministros para explicar los detalles de su nuevo anteproyecto de ley del aborto, de la que ha quedado fuera el llamado IVA rosa, pero incluye las bajas por reglas incapacitantes, cuestión que ha generado un debate en torno a si estigmatiza a las mujeres a la hora de acceder al mercado de trabajo.

"Es una ley para la garantía de los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres. el derecho a decidir sobre nuestros propios cuerpos", ha explicado Montero, que ha extendido los agradecimientos a los ministerios de Sanidad, Inclusión y Seguridad y Social y a Pedro Sánchez "por su apuesta para que este sea un gobierno feminista".

Ha insistido mucho Montero en agradecimientos también al movimiento feminista, el mismo que tiene en contra ante la llamada ley trans, sobre la que el Consejo de Estado ha mostrado reticencias por entender que "discrimina" a las mujeres biológicas.

Uno de los principales ejes del debate ha girado en torno a la regulación de la incapacidad temporal por reglas dolorosas en caso de patologías diagnosticadas, que podría suponer un coste de 24 millones par alas arcas públicas según los cálculos del Gobierno9.

"Lo que es estigmatizante es que hablar de la regla no era una posibilidad real, se abordaba desde la culpa o de la vergüenza. Lo que hemos vivido es un estigma, una culpa a la hora de vivir algo que todas experimentamos una vez al mes durante muchos años de nuestra vida". Y ha ido más lejos al asegurar que "hay consenso en el Gobierno y el movimiento feminista para que deje de estar asociado a la culpa", a pesar de las públicas reticencias de la vicepresidenta primera, Nadia Calviño.

Montero asegura que hay consenso en el Gobierno en cuanto a la bajas por reglas dolorosas

También ha resultado polémico el tratamiento como violencia sexual de la gestación subrogada o vientres del alquiler, aunque una de las pocas medidas implementadas será la prohibición de la publicidad de las agencias. Además, la educación sexual será un derecho de los niños y jóvenes, obligatoria en todas las etapas educativas, poniendo en el centro el consentimiento sexual y los métodos anticonceptivos, entre otros, intentando impedir el acceso temprano a pornografía violenta.

Y en cuanto a la maternidad, se crea un nuevo permiso preparto que no descuenta tiempo al permiso de maternidad y que costará unos 57 millones de euros. La propuesta de bajar el IVA de los productos sanitarios femeninos del actual 10 por ciento al tipo superreducido del 4 por ciento contó con la oposición de la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, alegando que ese tipo de medidas deben abordarse en el marco de los Presupuestos Generales del Estado para el 2023.

Respecto a la reunión pendiente entre Pedro Sánchez y el presidente de la Generalitat, Pere Aragonès, ha revelado la ministra portavoz que el primero llamó al segundo tras el accidente ferroviario de Sant Boi de Llobregat, pero que no abordaron ninguna otra cuestión. La cita está "pendiente de cerrar agenda" ha explicado para volver a reiterar que el Ejecutivo tiene "la conciencia bien tranquila" en torno al "caso Pegasus".