La Asociación de Futbolistas Españoles (AFE) pedirá al Consejo Superior de Deportes (CSD) que abra una investigación para determinar si la Federación Española de Fútbol (RFEF) cometió una falta muy grave al contratar los servicios de una empresa de detectives para espiar a su presidente, David Aganzo. Éste anuncia también la adopción de medidas legales y el traslado de los hechos tanto a la FIFA como a la UEFA.

El sindicato de futbolistas reacciona así después de que El Confidencial haya desvelado este martes que la Federación encargó a Cryptex Europa espiar la "conducta" de Aganzo. El seguimiento tuvo lugar en agosto de 2019 y se habría abonado por medio de una inmobiliaria, según ha informado el citado diario.

En un comunicado, la RFEF ha desmentido "con total rotundidad" que el presidente Luis Rubiales o la propia organización hayan encargado a ninguna agencia de detectives "ningún tipo de servicio ni mucho menos haya desarrollado esas acciones de seguimiento ni, por supuesto, ha tenido conocimiento del informe al que alude la información".

La Federación recuerda que Rubiales es afiliado de la AFE -cuya presidencia ocupó entre 2010 y 2017- y que aquél conversó con otros futbolistas y ex jugadores sobre la "inquietante situación del sindicato". "Los comportamientos de David Aganzo acabaron por confirmar la preocupación existente entre un nutrido grupo de afiliados con la imputación del actual presidente por soborno a un funcionario público con el objetivo de obtener ilegalmente documentación reservada del sindicato Futbolistas On, una cuestión que está en manos de la justicia", ha subrayado.

"Salvaguardar el buen nombre del fútbol"

Lejos de dar por buena esta explicación, el sindicsto quiere que se investiguen los hechos para que se depuren responsabilidades. "En AFE entendemos que debe actuarse con contundencia frente a este tipo de actuaciones por parte de una institución que actúa por delegación pública y que, por tanto, tiene una proyección de los poderes públicos, que deben intervenir para salvaguardar el buen nombre del fútbol y de una institución de la importancia de la RFEF", ha expuesto en un comunicado.

El sindicato anuncia varios frentes. De un lado, va a llamar a las puertas del CSD para que inicie una investigación, al apreciar indicios de que la RFEF ha podido incurrir en alguna de las infracciones graves que la Ley del Deporte tipifica en su artículo 76, como "los abusos de autoridad" o "la incorrecta utilización de los fondos privados o de las subvenciones" públicas.

La AFE anuncia que denunciará los hechos ante la FIFA y la UEFA, organismos a los que pertenece Rubiales

La AFE sostiene que, a la vista de lo que establece la Ley de seguridad privada en su artículo 48, "no hay ningún interés legítimo" para encargar a una firma de detectives que investigue a su presidente y sí un "interés espurio para dañar su imagen, su reputación y la del sindicato al que representa".

"Ante la gravedad de lo sucedido", la organización anuncia que emprenderá acciones judiciales y que mostrará su "preocupación y repulsa" tanto a la FIFA y la UEFA -federaciones de las que es miembro el presidente de la Federación Española, Luis Rubiales- como a la Federación Internacional de Futbolistas Profesionales (FIFPRO).

"Los sindicatos son instituciones que defienden los derechos de los trabajadores/as, mereciendo un reconocimiento y un respeto, como se subraya en el artículo 7 de la Constitución Española. Ante estas informaciones, AFE considera que es injustificable una investigación con detectives privados encargada desde la RFEF con claro ánimo de intervenir en el normal desarrollo de la vida diaria del sindicato. Se trata de una intolerable persecución al máximo representante del colectivo de futbolistas de nuestro país y a un sindicato en el que siempre debe prevalecer su independencia", añade.

La Asociación de Futbolistas recuerda que ya existe un "precedente similar", cuando desde la Federación "se filtraron los audios de una reunión de trabajo", grabada sin consentimiento de los participantes. Por esos hechos, la RFEF fue sancionada por la Agencia Española de Protección de Datos con una multa de 200.000 euros.