El retraso en la renovación del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) por la falta de acuerdo entre el partido del Gobierno y el de la oposición plantea ya dudas sobre la idoneidad de los vocales que resulten nombrados de un acuerdo cuyos términos se mantienen desde hace más de tres años.

PSOE y PP se mostraron dispuestos a renovar el órgano de gobierno de los jueces tras la salida de Pablo Casado de la presidencia del principal partido de la oposición y la llegada del nuevo líder, Alberto Núñez Feijóo. De hecho, ya se ha designado a Esteban González Pons como interlocutor para las conversaciones con el Gobierno. Sin embargo, las elecciones en Andalucía y la crisis política surgida a raíz del espionaje al independentismo por parte del CNI durante el Gobierno de Sánchez no parece la mejor situación política para anunciar un acuerdo de calado.

Mientras el tiempo pasa, tanto en el propio Consejo de jueces como en la carrera judicial se alzan las voces que consideran que la lista de 51 candidatos que se presentó a Congreso y Senado, de la que se elegirán 12 vocales de origen judicial y ocho juristas de reconocida competencia, podría no ser ni idónea ni válida y, por lo tanto, convendría que las Cortes la rechazaran para crear una nueva, lo que retrasaría unos meses el proceso de renovación. El problema es que las fuentes consultadas ven claro que para modificar dicha lista habría que modificar también la Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ), algo que no parece estar en los planes del PSOE.

Legislatura agotada y nuevos jueces

Quienes ven que los vocales -principalmente los judiciales- que resulten del pacto entre los dos partidos no son idóneos para tomar posesión del cargo, alegan distintas razones: por un lado, consideran que las conversaciones entre PSOE y PP que estuvieron a punto de llegar a buen puerto en varias ocasiones comenzaron en el primer gobierno de Sánchez y siguieron en el segundo, una vez cambió la legislatura y la composición de las Cortes. Por lo tanto, como el resto de iniciativas registradas en las Cámaras, ven claro que se tendría que haber retirado la lista inicial de candidatos al CGPJ y haber presentado una nueva.

Por otro lado, desde que se presentó tal lista ya hay 300 nuevos jueces que han tomado posesión de sus despachos y pueden alegar no haber tenido la oportunidad de presentar sus candidaturas a través de las asociaciones judiciales o por medio de avales.

Por último, quienes están en el listado desde el inicio pueden haber decidido otros futuros profesionales puesto que llevan más tres años esperando. Además, en octubre de 2018 se reformó la LOPJ y todos los vocales del nuevo Consejo tendrán dedicación exclusiva en el cargo, no como ahora que los vocales combinan su dedicación profesional con el CGPJ, donde cobran las dietas y desplazamientos cada vez que hay Pleno. Cuando comenzó a negociarse la lista de candidatos la situación no era esa, por lo que quienes concurren pueden no querer dejar su trabajo para dedicarse por entero al Poder Judicial.

Podría ser impugnada

La asociación Foro Judicial Independiente (FJI) lleva años advirtiendo de que la actual lista podría ser impugnada por no haberse renovado al cambiar la composición de las Cortes. En 2020, la Plataforma Cívica por la Independencia Judicial, de la que forman parte jueces, profesores universitarios y juristas, ya advirtió de que el proceso de renovación con unas listas de 2018 "está aquejado de radical nulidad y vulnera derechos fundamentales de los jueces salidos de las dos últimas promociones". Afirmaron que si PSOE y PP mantienen dicho sistema de renovación, podría recurrirse ante el Tribunal Constitucional porque los trámites están viciados. Argumentaron también que los parámetros que se tienen en cuenta para valorar la idoneidad de los candidatos, como son los relativos al escalafón, afiliación a asociaciones judiciales o categorías profesionales, habrían quedado desfasados. De ahí que vieran posibilidad de impugnar la lista.

Desde la Asociación Judicial Francisco de Vitoria (AJFV) también ven posibles vicios en el proceso por su retraso, pero consideran que hay que proceder a la renovación cuanto antes. Así lo consideran también otros vocales del actual Consejo consultados, que ven claro que para modificar las listas habría que cambiar también la Ley Orgánica del Poder Judicial.

Precisamente seis magistrados de esta última asociación se han dirigido al Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) para denunciar la inactividad de las Cortes Generales en el proceso de renovación del CGPJ "por razones e intereses meramente políticos".

En su impugnación, los magistrados esgrimen ante el TEDH que en septiembre de 2018 se remitió al Parlamento el listado de los 50 jueces en activo que se presentaban candidatos para renovar el CGPJ y, desde entonces, estas listas no han sido votadas por las Cortes Generales. "Ante la pasividad de las instituciones", el 14 de octubre de 2020 recurrieron en amparo ante el Tribunal Constitucional por la supuesta vulneración del derecho de acceso a cargo público, recogido en el artículo 23 de la Constitución Española. El tribunal de garantías no admitió a trámite sus recursos de amparo porque consideró que habían sido presentados fuera de plazo. Entonces acudieron ante Estrasburgo, que examinará también la actuación del Tribunal Constitucional en este caso, según informó la asociación judicial.

Afecta a la independencia del Poder Judicial

El retraso en la renovación del Poder Judicial, y sobre todo la modificación legal que hicieron PSOE y Podemos para que los vocales no puedan realizar nombramientos de la cúpula judicial mientras esté en funciones afecta a la independencia del Poder Judicial.

Precisamente PP y Vox presentaron sendos recursos ante el Tribunal Constitucional contra la modificación legal que tiene bloqueada la capacidad de designar magistrados del Tribunal Supremo y presidentes de las audiencias provinciales, de las salas de los tribunales superiores de justicia, así como los presidentes de éstos. Por lo tanto, el Alto Tribunal tendrá que pronunciarse sobre si es legal que el Poder Político haya limitado la capacidad de nombrar del órgano. En el Tribunal Supremo, donde ha habido jubilaciones y bajas en los últimos meses, la modificación legal iba camino de provocar un "colapso", principalmente en la Sala de lo Contencioso-Administrativo, del que advirtió la Sala de Gobierno del alto tribunal y contra el que se han empezado a tomar medidas internas de sustitución.

Esta modificación legal cala en la independencia del Poder Judicial respecto del Político que, como viene advirtiendo el Grupo de Estados contra la Corrupción (GRECO), se recortaría en caso de que fueran los jueces quienes eligieran a los vocales judiciales del órgano "entre jueces". Precisamente en septiembre de 2021 todas las asociaciones judiciales se unieron para pedir la reforma definitiva de la Ley Orgánica del Poder Judicial que permita dicho sistema de elección recomendado por Europa.