Los clientes de la prostitución podrán ser condenados a penas de entre 1 y 3 años de prisión de prosperar la proposición de Ley que los socialistas han registrado hoy en el Congreso de los Diputados para prohibir el proxenetismo en todas sus formas. Es la pena más alta prevista para aquellos puteros cuando la prostituta sea menor de edad o esté "en situación de vulnerabilidad", lo que constituye un término bastante amplio.

Tras asegurar el texto que "en ningún caso será sancionada la persona que este en situación de prostitución", introducen un nuevo artículo 187 en el Código Penal por el que se establece que "el hecho de convenir la práctica de actos de naturaleza sexual a cambio de dinero u otro tipo de prestación de contenido económico, será castigado con multa de 12 a 24 meses". Y en el caso de que la prostituta fuese menor de edad o esté en situación de vulnerabilidad "se impondrá la pena de prisión de 1 a 3 años y multa de 24 a 48 meses".

Proponen equiparar a la persona prostituida con la víctima de un delito

Además, en su exposición de motivos proponen equiparar a la persona prostituida con la víctima de un delito, de modo que se le hacen extensivos los derechos y prestaciones previstos en el Estatuto de la víctima de delito, así como las previsiones que al respecto pueda contener la legislación en materia de libertad sexual.

Del mismo modo se persigue al proxeneta y la trata con penas de prisión incluso si no hay explotación, violencia, intimidación o engaño, esto es, si la prostituta ejerce de forma voluntaria o con consentimiento. Este es el capítulo en la que los socialistas discrepan radicalmente de sus socios de Gobierno, Unidas Podemos, y de buena parte de los partidos que conforman la llamada mayoría de la investidura, como ERC o Bildu. El tipo penal es el mismo que para el cliente, esto es, de 1 a 3 años de prisión y multa de 12 a 24 meses.

Y el tercer pilar de la propuesta socialista descansa sobre la figura de la tercería locativa, esto es, los que se lucran con el alquiler de locales donde se ejerce la prostitución. La proposición de Ley del Grupo Socialista señala que "el que con ánimo de lucro y de manera habitual, destine un inmueble, local o establecimiento, abierto o no al público, o cualquier otro espacio, a promover, favorecer, o facilitar la prostitución de otra persona, aún con su consentimiento, será castigado con la pena de prisión de dos a cuatro años y multa de 18 a 24 meses".

La propuesta del PSOE inicia ahora un largo periplo parlamentario para el que no va a tener muchos apoyos salvo que los populares se suban al barco. De hecho negociaron con el PP sus enmiendas a la ley del consentimiento sexual, que finalmente retiraron tras quedarse solos. Pero ya lo ha dicho la vicesecretaria general del PSOE, Adriana Lastra, "no será la primera vez que tengamos que luchar solas".