El partido Más Madrid, que ejerce la acusación popular en el caso de las Mascarillas, ha pedido al juez que obligue al testigo de la causa Carlos Martínez Almeida, primo del alcalde de Madrid, José Luis Martínez Almeida, a entregar el número de teléfono a través del que habló con el empresario Luis Medina, investigado por estafar presuntamente al Ayuntamiento con su mediación para la entrega de material sanitario al inicio de la pandemia.

La formación considera dicha diligencia necesaria para saber si Medina y su socio, Alberto Luceño, recibieron trato de favor para dirigir su oferta al consistorio. En ésta, según consideró la Fiscalía Anticorrupción en su querella, se infló el precio del material para que ambos empresarios pudieran llevarse comisiones millonarias. Medina habló con Carlos Martínez Almeida porque la amiga en común de ambos, María Díaz de la Cebosa -que también ha comparecido como testigo- les puso en contacto.

Medina declaró en la Fiscalía Anticorrupción que Carlos Martínez Almeida le proporcionó el teléfono de la responsable de Compras del consistorio, Elena Collado. Posteriormente, ante el juez instructor Adolfo Carretero afirmó que lo que le proporcionó fue el correo electrónica de dicha trabajadora y no el teléfono.

Por el contrario, Carlos Martínez Almeida declaró como testigo que lo único que proporcionó a Medina fue un correo genérico del Ayuntamiento que le indicó la coordinadora general y mano derecha de Martínez Almeida, Matilde García Duarte, tras llamarla para decirle que el empresario se había ofrecido para entregar material sanitario.

Despejar la contradicción

Ante dicha contradicción y con el fin de despejar esos primeros contactos, Más Madrid ha dirigido un escrito al juez en el que dice que "resulta crucial para un total esclarecimiento de los hechos, de las personas que en ellos intervinieron, bien como autores, bien como cooperadores necesarios, así como de los delitos cometidos, conocer en profundidad cómo y cuándo se produjeron esos iniciales contactos entre los investigados y las personas que les facilitaron un contacto directo con el Ayuntamiento de Madrid, para una completa averiguación de los medios con los que contaron los investigados para cometer la estafa, siendo esencial para ello el contacto facilitado con la Coordinadora General de Presupuestos y Recursos Humanos del Área de Gobierno de Hacienda y Personal, es decir la Responsable de compras del Ayuntamiento, la coordinadora general de Alcaldía u otras personas, contactos que le pusieron en una situación de privilegio respecto a otros ciudadanos y otras empresas".

Para la representante legal de la formación política "la aportación del número de teléfono por parte de los testigos a fin de verificar el tráfico de llamadas (entrantes y salientes) del número de teléfono con el que contactaron con los investigados y con terceras personas es relevante y decisiva, y forma parte de su obligación como testigo contemplada en el artículo 410 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal que viene a establecer "'...la obligación de declarar cuanto supieren sobre lo que le fuere preguntado'".

El partido considera que "no se trata de testigos protegidos, ni supone limitación de ningún derecho fundamental saber qué llamadas realizaron (frecuencia, duración, etc) con el resto de intervinientes, sin concurrir dispensa alguna en el testigo que pudiera amparar su derecho a no responder y a no facilitar su número de teléfono, imprescindible para poder solicitar diligencias de investigación relacionadas con el mismo".