El entrenador Miguel Ángel Galán, cuya denuncia basada en las revelaciones periodísticas de El Confidencial ha llevado a la Fiscalía Anticorrupción a abrir diligencias para investigar posibles irregularidades en la gestión de Luis Rubiales al frente de la Federación Española de Fútbol (RFEF), ampliará la acusación para incluir otros hechos que considera delictivos y que también comprometen al mandamás.

El pasado 19 de abril, Galán -presidente del Centro Nacional de Formación de Entrenadores de Fútbol (CENAFE)- formuló denuncia contra la RFEF, Rubiales, el futbolista en activo Gerard Piqué y la empresa de éste Kosmos Global Holding SL tras revelar el citado medio los términos económicos del acuerdo alcanzado con la Federación de Arabia Saudí para la disputa en dicho país de varias ediciones de la Supercopa de España. En su opinión, los hechos son constitutivos de delitos de corrupción entre particulares, corrupción en los negocios, administración desleal, prevaricación administrativa y cohecho.

El denunciante interpreta que, a la luz de los audios y documentos que se han publicado, el dirigente federativo "presionó" a los saudíes para que pagaran un corretaje de 24 millones a Piqué y luego "ocultó" a los órganos de control de la RFEF la participación del defensa azulgrana en la operación a fin de "conseguir un aumento salarial" en su tramo de retribución variable y de que el futbolista percibiera una "comisión de éxito" millonaria. Rubiales ha reconocido la intermediación del jugador, si bien asegura que no es la Española la que le paga por su labor sino directamente la Federación de Arabia Saudí.

Como ha informado este diario, las tres personas que integraban entonces la Comisión de Ética de la RFEF (Manuel Villoria, Araceli Mangas y José Luis Pérez Triviño) han reconocido que nunca vieron el contrato ni conocieron que el defensa del FC Barcelona intermedió en el negocio a través de su empresa, habiéndose enterado años después por la prensa. Ese órgano emitió un informe -exhibido por Rubiales como aval para celebrar la Supercopa de España en Arabia Saudí- que se limitaba exclusivamente a analizar la idoneidad de disputar la competición en dicho país desde la vertiente de los derechos humanos y de la situación de la mujer.

El alquiler de la vivienda

El presidente del CENAFE amplió días después esa denuncia inicial para poner en conocimiento del Ministerio Público que el máximo responsable del fútbol español pudo cometer un delito de corrupción en los negocios al no reunir el requisito que la propia Federación había establecido para que el presidente pudiera disfrutar de casa gratis: Rubiales estaba censado en Madrid y esa ayuda estaba prevista para quien tuviera fijada su residencia fuera de la región, como se detalla en el acta de la reunión celebrada el 24 de julio de 2018: "La retribución salarial será pagada de manera íntegra de los ingresos propios de la RFEF y, según acuerdo de la Asamblea General del año 1989, se pone a disposición del presidente de la RFEF una vivienda cuando tuviera su domicilio habitual fuera de la comunidad de Madrid".

El "pelotazo" para la disputa de la Supercopa en Arabia Saudí y el abono del alquiler del piso en el que residía son las dos cuestiones que ha analizado la Fiscalía Anticorrupción antes de decidir si abría una investigación, como le había pedido el citado entrenador. Éste ha declarado a El Independiente que está a la espera de que el Ministerio Público le confirme por escrito que ha incoado diligencias para engrosar la denuncia con las revelaciones publicadas por El Confidencial esta semana.

En concreto, Miguel Ángel Galán considera necesario que Anticorrupción investigue si Rubiales imputó al presupuesto federativo un viaje de placer realizado a Nueva York en 2018 junto a su pareja sentimental, una pintora mexicana. Dicho desplazamiento se habría justificado por la necesidad de mantener reuniones con miembros de Naciones Unidas con motivo de su supuesta intervención en Impacto Latino, un foro que reúne a líderes hispanos. Entre los 52 panelistas que tomaron la palabra en aquella edición, con México como país invitado, no figura el nombre de Rubiales.

La RFEF niega que fuera un viaje de asueto y asegura que incluyó "una nutrida agenda de trabajo cerrada con antelación", acompañando al presidente tanto su entonces director de gabinete (Juan Rubiales) como el responsable del área de Relaciones Institucionales (Antonio Gómez-Reino). "Este viaje fue pagado por la RFEF únicamente a estos tres federativos", ha indicado.

El denunciante quiere poner también en conocimiento del Ministerio Público la supuesta contratación de los servicios de una empresa de detectives para espiar al presidente de la Asociación de Futbolistas Españoles (AFE), David Aganzo. El encargo se habría realizado a Cryptex Europa, la misma empresa a la que Rubiales recurrió en abril de 2016 -en su etapa de presidente de la AFE- para investigar "las actividades de la empresa CENAFE relacionadas con solicitudes de ayuda para estudio" recibidas en el sindicato.

Grabaciones

La ampliación alcanzará también las supuestas grabaciones encubiertas que habría realizado el presidente de la RFEF de conversaciones con integrantes del Gobierno de Pedro Sánchez, como el ex ministro de Cultura y Deporte José Guirao. Esta acusación la niega la Federación, que enmarca las publicaciones en una "campaña de acoso y desprestigio" contra su máximo responsable.

Igualmente, Galán incluirá la confesión realizada en mensajes de Whatsaap por Rubiales y su secretario general, Andreu Camps, tras impedir que el Deportivo de La Coruña disputara su decisivo partido con el Fuenlabrada a la vez que el resto de rivales en la última jornada de la temporada 2019/2020. "Tenemos un marrón. Hemos adulterado la competición. Hay que asumirlo", escribieron. El denunciante ve indicios de un delito de corrupción deportiva con alteración de la competición.