El futuro judicial del rey emérito lleva unido al apellido Larsen desde 2012, cuando a la vuelta del accidentado viaje juntos para cazar elefantes a Botsuana el entonces jefe del Estado pidió disculpas al pueblo español.

En aquél momento la empresaria alemana conocía los secretos económicos mejor guardados de Juan Carlos I. De hecho, recibió en sus cuentas los 65 millones de euros que donó al primero su amigo, el rey saudí Abdul Aziz Al Saúd, en 2008. Diez años después de la ruptura definitiva de su relación y aunque la empresaria alemana pide una orden judicial de alejamiento contra el emérito, sigue teniendo la sartén por el mango. El juez inglés Mathew Nicklin admitió su denuncia por acoso, hostigamiento y vigilancia ilegal contra Don Juan Carlos y no interrumpirá el procedimiento aunque los abogados del exjefe del Estado español han recurrido a la Corte de Apelación del Tribunal Superior de Justicia de Inglaterra y Gales la decisión de no considerarle inmune para los actos que tengan que ver con su vida privada. Salvo que los abogados de ambas partes lleguen a un acuerdo extrajudicial, Juan Carlos I no tendrá más remedio que comparecer en el tribunal británico, bien sea físicamente o por medio de videoconferencia.

El juez Nicklin ha dado un respiro de algo más de un mes a su defensa porque la próxima vista no se celebrará hasta el 1 de julio, según avanzó el corresponsal de El País en Reino Unido, Rafa de Miguel. Sin embargo, el equipo de Clifford Chance que le defiende no ha podido evitar que se conozca el contenido de la denuncia de Larsen, con graves acusaciones contra Juan Carlos I y contra el exjefe de los servicios secretos españoles Félix Sanz Roldán quien, siempre según la versión de la denunciante, dice que la amenazó de muerte para que estuviera callada sobre lo que sabía del emérito. También para que devolviera los 65 millones que Don Juan Carlos le transfirió a una cuenta en el paraíso fiscal de Bahamas después del escándalo de Botsuana, donde el Rey se rompió la cadera. Él había recibido previamente el dinero en la fundación panameña oculta Lucum adscrita a una cuenta del banco suizo Mirabaud.

El origen de dicha donación fue uno de los aspectos que investigó la Fiscalía española desde 2020 en las diligencias alrededor de Juan Carlos I que archivó el pasado 2 de marzo por su inviolabilidad, la prescripción de los posibles delitos cometidos y las regularizaciones fiscales que presentó su defensa.

Dicha investigación -que llevó a Juan Carlos I a trasladar su residencia a Emiratos Árabes en una operación para salvar la imagen de la Casa Real respaldada por el Gobierno y su hijo Felipe VI- destapó que el exjefe del Estado ocultó a la Hacienda española una fortuna en el extranjero durante años y que hizo uso de ella incluso después de abdicar. Adelantándose a una investigación por delitos fiscales, pagó 5 millones y 78.000 euros que logró reunir de donaciones de amigos.

Pedro Sánchez se pone de perfil

Esos amigos y efusivos ciudadanos le recibieron entre gritos de ¡Viva el Rey! este viernes en Sanjenjo (Pontevedra) procedente de Emiratos ya sin cuentas pendientes con la Fiscalía. Sonriente, aunque no pletórico, se dio un baño de masas que incomodó al Gobierno y aprovecharon los partidos de la oposición PP y Vox para defenderle como una tradición conservadora más.

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que el pasado octubre afirmó durante una entrevista en La Sexta que "sería conveniente que el Rey Juan Carlos dijera cuál es su opinión sobre todos estos hechos que, efectivamente, cuando los conocí califiqué de informaciones perturbadoras que al final socavan la confianza del pueblo español en las instituciones", no hizo ningún comentario sobre su vuelta a España. Fue la portavoz de su Gobierno, Isabel Rodríguez, quien sin realizar ninguna valoración zanjó las preguntas de los periodistas con un "las consideraciones que hizo Pedro Sánchez tienen la misma vigencia hoy que ayer".

¿Qué le parece más grave al Gobierno de la actuación del rey emérito, que ocultara una fortuna en el extranjero o que utilizara al máximo responsable del Centro Nacional de Inteligencia, Félix Sanz Roldán, para resolver asuntos privados?

Por lo que queda la duda: ¿Qué le parece más grave al Gobierno de la actuación del rey emérito, que ocultara una fortuna en el extranjero o que utilizara al máximo responsable del Centro Nacional de Inteligencia (CNI), el secretario de Estado Félix Sanz Roldán, para resolver sus asuntos privados?

El Ejecutivo no se ha referido a este segundo aspecto. Tampoco la Fiscalía se ha adentrado en ningún momento en ello. Sí lo ha hecho el juez inglés Nicklin, quien ha pedido a Larsen que especifique si su denuncia va dirigida contra Sanz Roldán como amigo de Don Juan Carlos o como responsable de los servicios secretos y por tanto representante del Estado español porque, si así fuera, el procedimiento adquiere una dimensión distinta. En ese caso, para bien del emérito, podría sostenerse su inmunidad unida a su condición de jefe de Estado.

La denuncia de Larsen

Según la denuncia de Corinna Larsen, Sanz Roldán se puso en contacto con ella "en varias ocasiones por correo electrónico y por teléfono utilizando el alias ‘Paul Bon’ y dejó claro que actuaba bajo las instrucciones del demandado", en referencia a Juan Carlos I.

En el escrito entregado al juez, los representantes legales de la empresaria aseguran que el emérito le comunicó que el general Sanz Roldán llegaría a Londres para reunirse con ella en persona en la habitación del hotel Connaught donde se alojaba el 5 de mayo de 2012 y que allí la amenazó a ella y a su familia afirmando que "no podía garantizar su seguridad física o la de sus hijos a menos que cumpliera con lo que describió como recomendaciones pero que eran, de hecho, órdenes. Esta amenaza hizo temer razonablemente a la demandante por su vida y la de sus hijos. Las palabras en sí mismas eran claras y siniestras, pero más por el hecho de que fueron pronunciadas por el jefe del CNI en nombre del demandado en el Reino Unido, y mientras la operación de Mónaco estaba en curso", se podía leer en la denuncia. Con la operación de Mónaco se refiere al supuesto registro de su apartamento y su oficina en la ciudad-estado también denunciados.

Antes de llevar los hechos ante la Justicia británica, Larsen ya se los relató al comisario de la Policía jubilado José Manuel Villarejo, enemigo de Sanz Roldán a quien llama despectivamente el lord de la Corona. Si la conversación que mantuvieron el agente y la empresaria en Londres -y que el primero grabó- no se hubiera publicado en El Español y Okdiario en el año 2018, después de la detención del comisario, difícilmente la Fiscalía suiza habría abierto una investigación por blanqueo agravado a Larsen y los gestores de su fortuna y la del emérito, Arturo Fasana y Dante Canónica. Durante la conversación grabada, la empresaria relacionó el cobro de los 65 millones saudíes con una comisión del emérito por mediar en la adjudicación a empresas españolas de la obra de ampliación del AVE a La Meca así como dijo que ella advirtió al exjefe del Estado de que operaciones que quería que ella hiciera podrían ser investigadas como lavado de dinero.

Ya con las investigaciones de la Fiscalía suiza y española archivadas, se abre un nuevo horizonte judicial a finales de verano para Juan Carlos I en Londres, donde la Corte de Apelación del Tribunal Superior de Justicia tiene que pronunciarse sobre el recurso de sus abogados mientras el juez Nicklin sigue adelante con el proceso.