Comparten trabajo y prisión. Unos son veteranos en el lugar, otros apenas acumulan unos meses. La mayor parte de los primeros vivió en Euskadi los años difíciles, aquellos en los que, pese a que todos estaban amenazados, los que vivían en el País Vasco lo hacían con un mayor peligro. La coacción de ETA y su entorno, sus asesinatos y secuestros, ya son historia negra. Ahora, la única relación de los funcionarios de prisiones con la banda es su vigilancia en las cárceles. Casi un centenar cumple condena en las cárceles vascas que ahora gestiona el Gobierno vasco.

Para más de medio centenar de los funcionarios el último concurso de traslados era la última oportunidad. Sabedores de que a partir de 1 de octubre la Administración vasca se haría cargo de la gestión de las prisiones en Euskadi, que conformaría su propio cuerpo de funcionarios para los tres centros penitenciarios vascos. Se abría la puerta a optar no sólo a acercarse ‘al norte’, a trabajar más cerca de casa, sino también a unas probables mejoras laborales. Entre quienes optaron por trasladarse a Euskadi y hoy ejercen su trabajo en alguna de sus cárceles priman los vascos, cántabros, castellanoleoneses o asturianos.

El concurso concluyó con el traslado a Euskadi de 54 funcionarios venidos de otras cárceles, en ocasiones bien lejanas como Melilla, Canarias o Baleares. La mayor parte tiene su residencia bien en Euskadi o en provincias cercanas. Tras instalarse en el País Vasco la realidad no ha sido como esperaban. Se han encontrado con condiciones diferentes a las de sus compañeros. La situación de interinidad en el proceso de definición del nuevo cuerpo de funcionarios de prisiones vasca ha hecho que a los recién llegados se les apliquen unas condiciones distintas de las que gozan los que ya ejercían su trabajo en Basauri, Martutene o Zaballa.

Los nuevos funcionarios, los recién llegados, se han encontrado que en sus nóminas sus sueldos son más bajos que los de sus compañeros, entre 400 y 500 euros menos. También que sus días de libranza por descanso psicológico son entre 16 y 21 menos, -según los casos-, y que la posibilidad de acceder a soluciones alternativas de alojamiento vinculadas a los centros penitenciarios no están disponibles para ellos.  

"Sabían que venían a otra Administración"

La situación ha hecho que denuncien lo que consideran una discriminación laboral ante el Contenciosos Administrativo del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco. Afirman que se vulnera un derecho fundamental a gozar de las mismas condiciones que sus compañeros por realizar la misma labor. “No queremos nada a mayores, sólo lo mismo que tienen nuestros compañeros”, asegura a ‘El Independiente’ un portavoz de los denunciantes que prefiere no revelar su identidad.

Antes de que ellos llegaran, el Gobierno vasco ya negociaba con los representantes sindicales el periodo transitorio que debería abordarse para dar forma al nuevo modelo vasco. Euskadi heredaba el cuerpo de funcionarios de Instituciones Penitenciarias desde el 1 de octubre pasado y debería integrarlos en su Administración. En ese momento, sólo el sindicato ACAIP-UGT accedió al acuerdo de condiciones que se mantendría vigente para la plantilla hasta diciembre de 2023. Hasta entonces, lo acordado no se modificaría. Sin embargo, el Gobierno vasco no incluía en ese acuerdo a quienes poco después se integrarían procedentes de otros centros penitenciarios y tras un concurso de traslados.

Desde el Gobierno vasco no ven que se esté incurriendo en ninguna discriminación. Subrayan que pese a que todos los funcionarios dependían de Instituciones Penitenciarias, de la Administración del Estado antes de que se completara el traspaso, los que trabajaban en Euskadi debían ser absorbidos obligatoriamente mientras que el resto optaba voluntariamente por integrarse al modelo vasco. “Los nuevos sabían que venían a otra administración, que tendría sus propias condiciones. Es como un cambio de empresa”, recuerdan desde la consejería de Justicia.

Una de las claves que genera las diferencias pasa por el mantenimiento de las condiciones de los ‘veteranos’ durante el periodo transitorio, que en gran medida incluye complementos relacionados con los tiempos de amenaza terrorista. Sin embargo, el Ejecutivo vasco consideraba que las nuevas incorporaciones lo hacían a una nueva administración y en otro tiempo en el que la amenaza terrorista ya no existe y por tanto no correspondía abonar algunos complementos y ayudas previstas inicialmente cuando los funcionarios de prisiones dependían de Instituciones Penitenciarias. En unos casos supondría tener que eliminarlas y en otros abonarlas por primera vez, con la diferencia que ello supone.  

Menos salario, menos días

Precisamente esa singularidad por la amenaza terrorista incluía durante años, y aún hoy, complementos que pueden suponer hasta 500 euros más en el salario, más días de libranza por “descanso psicológico” –entre 16 y 21 días- y el acceso, en algunos casos, a pabellones o instalaciones dependientes de la Administración para alojarse. En la mayoría de los casos, los más de 700 funcionarios de prisiones, durante años, se han trasladado a Euskadi acumulando turnos por periodos de entre 13 y 15 días para regresar después, tras 17 días de descanso, a sus lugares de origen.

Las reclamaciones hechas por los trabajadores recién llegados sí parecen haber tenido respuesta en la Administración vasca que accederá a algunas de sus reclamaciones. Sin duda la más relevante es la referida a la diferencia salarial. “En la nómina de mayo ya se les igualará y tendrá efectos retroactivos”, apuntan fuentes del Ejecutivo vasco. No así, otras de las peticiones. A partir de diciembre de 2023, unos y otros deberán ajustarse a la escala de cargos que se establezca.

Desde el despacho Sánchez-Navarro, que ejerce la defensa de los funcionarios, se apunta a que el concurso de traslados se puso en marcha “cuando ya se estaba gestionando la transferencia de la competencia”, señala la abogada Raquel Sánchez. Añade que “cambiaron las condiciones” mientras estaba en marcha ese concurso, “sin que se les informara de que serían distintas”. Sánchez subraya que en muchos casos se trata de profesionales que venían ejerciendo su labor en otras prisiones con buenas condiciones, como Melilla o Canarias, “y si hubieran sabido todo esto quizá no se hubiesen presentado”: “En su momento Instituciones Penitenciarias se escudó asegurando en que ya no era competencia suya y el Gobierno vasco no nos ha contestado. Por eso hemos recurrido a la vía contenciosos administrativa por vulneración de derechos fundamentales”.  

“A mí me han pagado en las tres últimas nóminas entre 1.800 y 1880 euros pero a mi compañero, con la misma categoría y antigüedad, 2.300 euros. Además, para que la diferencia parezca menor, han pasado de retenernos un 19% de IRPF a un 13%”, denuncia el portavoz de los funcionarios denunciantes. Añade que a todo ello se suma que tampoco se les permite hacer uso de pabellones específicos donde alojarse: “Es surrealista ver que tus compañeros tienen un sitio donde comer y dormir y tú tienes que irte a buscarte la vida. Hay algunos que duermen en furgonetas los días que están aquí, otros alquilan pisos o se van con familiares”.

Más presos, más carga de trabajo

Afirma que a unas peores condiciones salariales y de servicios se añade la cada vez mayor carga de trabajo que tienen que soportar, no sólo por la cada vez mayor llegada de presos de ETA que son trasladados a prisiones vascas sino de otros muchos presos, “en mi caso, en Martutene, en sólo tres meses hemos pasado de 186 internos a 215”. En el conjunto de prisiones vascas la población reclusa roza los 1.400 internos.

Asegura que se sienten defraudados con los sindicatos, “que son los que negociaron con el Gobierno vasco” medidas que sólo serían de aplicación para los que ya estaban “y no para los que llegaríamos poco después”.

Respecto a las condiciones de los puestos de trabajo en los que se les insertará dentro del organigrama de la Administración, no oculta cierta inquietud por la exigencia de conocimientos de euskera que se establezca: “Aún no sabemos mucho, se habla que no se reclamará a los mayores de cierta edad, pero no sabemos mucho. Nosotros no nos negamos, que nos pongan los medios para aprender y lo aprenderemos”.   

Desde el sindicato ACAIP-UGT afirman que también a ellos se les han modificado las condiciones. En el caso de la prisión de Zaballa, en Álava, se han suprimido los pabellones de alojamientos de los que disfrutaban y ahora cada funcionario debe buscar su propia alternativa de alojamiento. También denuncian que el ambiente en las prisiones se ha complicado y “enrarecido”: “Ahora hay más conflictividad, quizá es por el tipo de internos que están trasladando. Además, tenemos más internos pero con menos funcionarios”, asegura un portavoz de Acaip-UGT.

Afirma que por el momento en los próximos dos años las condiciones están aseguradas pero que a partir de diciembre de 2023 habrá que ver cómo conforma Euskadi su cuerpo de funcionarios. Temen que se establezcan condiciones que terminen por imponer un modelo vasco que perjudique a los profesionales venidos de fuera, “a los que se nos ha ordeñado”.