El 21 de mayo de 2021 Pere Aragonès era investido presidente de la Generalitat. El primer republicano en llegar al cargo desde la Segunda República, todo un hito para su partido. El largo proceso hacia la investidura -tres meses y una investidura fallida tras largas negociaciones con JxCat- ya hacía prever un mandato difícil. Y los primeros doce meses no han hecho más que confirmar esos temores.

Un año después Aragonès ha perdido el apoyo de la CUP, el primer partido en sellar un pacto de investidura. Su socio de gobierno renovará en julio su dirección con una nueva presidenta, Laura Borràs, que llega con la promesa de revisar el pacto de gobierno. Y el PSOE de Pedro Sánchez ha diluido hasta la nimiedad el peso de ERC en el Congreso, dejando en la barrera la mesa de diálogo que debía ser el gran hito de la legislatura.

El mejor ejemplo de la fragilidad de la coalición de gobierno se verá esta semana, con las conmemoraciones del aniversario. Aragonès ha anunciado una comparecencia de balance de su gestión. JxCat lo "celebrará" con una auditoria del cumplimiento del pacto de gobierno suscrito hace un año. Auditoría que servirá para someter después ese cumplimiento al escrutinio de las bases.

A la inestabilidad de sus alianzas políticas se suman dos frentes abiertos en el horizonte del Govern: la crisis del catalán y la candidatura del Pirineo a los Juegos Olímpicos de Invierno de 2030. Sin olvidar la crisis abierta con el Gobierno por el 'Caso espionaje', que el presidente catalán se resiste a dar por cerrada sin el ansiado encuentro con Pedro Sánchez.

Catalán, primera pelota de partido

El conflicto abierto por la aplicación de la sentencia del 25% de castellano en los abiertos será la primera pelota de partido que el president deba salvar en el primer aniversario de su mandato. El próximo 31 de mayo concluye el plazo fijado por el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC). El Govern deberá acreditar entonces ante el tribunal la ejecución de la sentencia. Pero este viernes las negociaciones seguían abiertas entre ERC y JxCat para pactar esa respuesta.

"Hay que hacer frente a la sentencia, no colaborar a aplicarla" le advertía Borràs desde los micrófonos de Ser Catalunya este viernes, en respuesta a las llamadas al consenso de Aragonès. El president se ha implicado personalmente en la negociación de una reforma de la Ley de Política Lingüística que le permita escenificar el apoyo de socialistas, comunes y Junts a su respuesta al TSJC. Pero parece improbable que Borràs ceda en el reconocimiento del castellano como lengua vehicular que exige el PSC, y que ya había aceptado Junts el 24 de marzo.

El congreso de JxCat, convocado para el 4 de julio en Argelés (Francia) abrirá un nuevo frente de inestabilidad que, de hecho, ya se está confirmando con la crisis del catalán. El mandato de Borràs al frente de JxCat tensionará la coalición de gobierno. De entrada, con su examen del primer año de legislatura. Pero no solo. Cada problema puede convertirse en una crisis con un socio cuya presidenta no tiene especial interés por la estabilidad del ejecutivo.

Aeropuerto y presupuestos marcan el camino

El primer año de legislatura da pistas de cuan difíciles pueden ser las cosas a partir de ahora. Apenas tres meses después de su toma de posesión, Aragonès protagonizaba la primera crisis con la ampliación del aeropuerto de El Prat. Fue un tuit del president el que finalmente hizo saltar por los aires el acuerdo cerrado un mes antes por el vicepresidente, Jordi Puigneró, con el Gobierno.

Hace apenas dos semanas, el presidente del Círculo de Economía, Javier Faus, volvía a reclamarle a Aragonès que retome la negociación con Aena, advirtiéndole que esa es la prioridad para el empresariado catalán. Foment del Treball, Pimec o la Cámara de Barcelona insisten también en esta batalla, que Aragonès da oficialmente por cerrada.

Poco después, la aprobación de los primeros presupuestos del Govern Aragonès abría un nuevo frente entre los socios. Dinamitar la ampliación de El Prat no fue aval suficiente para conservar el apoyo de la CUP. Seis meses después de sellar el acuerdo, los antisistema daban por roto el acuerdo por su excesiva complicidad con el Gobierno de Pedro Sánchez.

Aragonès dirigió entonces la vista a los comunes, que ya habían explicitado su predisposición al diálogo. Pero el partido de Ada Colau es un socio de difícil digestión para Junts. Tanto, que los de Puigdemont evitaron estar en la "foto" del acuerdo presupuestario, pese que éste había sido negociado por Jaume Giró, consejero de Economía a propuesta de Junts.

Pedro Sánchez y los indultos

Si la relación con sus socios de gobierno es compleja, no lo es menos la entente con el Gobierno de Pedro Sánchez. Aragonès confiaba en la mesa de diálogo para que se viera avalada su apuesta por la negociación con el Gobierno y una progresiva vuelta al autonomismo. Pero Pedro Sánchez tiene poco más que ofrecer tras la concesión de los indultos.

De hecho, la ampliación de El Prat es el mejor ejemplo de la estrategia de Sánchez en Cataluña. O la inversión millonaria prometida en la red de Rodalies, que está vez sí está cumpliendo el Ministerio de Fomento bajo la batuta de la catalana Raquel Sánchez. Inversiones, pero no más cesiones en términos de discurso independentista.

De ahí la resistencia de Sánchez por escenificar un nuevo encuentro con Aragonès. Un encuentro que, en formato mesa de diálogo, fue una de las condiciones para que ERC aprobara los presupuestos generales del Gobierno el pasado diciembre. La promesa de un encuentro "a principios de año" se ha ido diluyendo con los meses hasta el estallido del 'Caso espionaje'.

Pegasus ha vuelto a dar a Pere Aragonès una palanca de presión sobre el Gobierno, y el president no está dispuesto a ceder en esa presión. Sánchez se comprometió, en su breve encuentro en Barcelona de hace dos semanas, a agendar un nuevo encuentro. Pero Moncloa, de nuevo, arrastra los pies. Y su resistencia da alas a las críticas de JxCat y la CUP, socios de Aragonès en el Parlament.