El decanato de los juzgados de Instrucción de Madrid ha recibido este lunes la primera denuncia contra el presidente de la Federación Española de Fútbol (RFEF), Luis Rubiales, y el defensa en activo del FC Barcelona Gerard Piqué por el acuerdo alcanzado con los saudíes para la disputa en dicho país de la Supercopa de España. Esta operación millonaria, que generará una comisión de 24 millones de euros al futbolista por su intermediación, la investiga la Fiscalía Anticorrupción desde la pasada semana.

La acción penal la impulsa el colectivo de funcionarios Manos Limpias y está basada en las revelaciones periodísticas que en las últimas semanas viene publicando El Confidencial. Los denunciantes imputan la comisión de delitos continuados de corrupción entre particulares, administración desleal y falsedades documentales a Rubiales; al secretario general de la RFEF, Andreu Camps; a Piqué y a dos abogados externos que trabajan para la Federación.

Entre los hechos que el sindicato pone en conocimiento de la Justicia se encuentra el acuerdo firmado con la Federación de Fútbol de Arabia Saudí para la disputa de la Supercopa de España. Ese negocio posibilitará a la RFEF ingresar hasta 400 millones y a la empresa fundada y dirigida por el jugador azulgrana (Kosmos Global Holding SL) otros 24 millones en concepto de comisión por su labor. Gerard Piqué cobra directamente de los saudíes.

La RFEF formalizó un contrato con una duración inicial de tres años prorrogable por un periodo idéntico para que la competición que tradicionalmente enfrenta a los campeones de Liga y Copa del Rey se celebrara en dicho país. Debido a la pandemia, la entidad presidida por Rubiales logró que los saudíes accedieran a que la edición de 2021 se disputara en España -concretamente en el estadio sevillano de La Cartuja- manteniendo el pago del canon correspondiente a dicha anualidad. Como contraprestación, se ejecutó la prórroga y se prolongó el acuerdo por otros cuatro años más.

Basándose en las informaciones del citado medio, Manos Limpias sostiene que Rubiales y el futbolista del FC Barcelona "se lucraron" con el contrato firmado con Arabia Saudí, "desechando" un acuerdo similar con Qatar "para que Gerard Piqué tuviera su comisión de hasta 24 millones de euros". La Federación ha reconocido los contactos con las autoridades qataríes, pero defienden que las conversaciones no progresaron porque estaban sujeta a unas condiciones sobre las que no había garantías de cumplimiento.

Manos Limpias les acusa de corrupción en los negocios, administración desleal y falsedades documentales

Los denunciantes llaman la atención sobre el hecho de que la dirección de la RFEF "ocultó" al Departamento de Integridad "el acuerdo con la empresa de Piqué" pese a que la operación podría generar un conflicto de interés al estar aún en activo el jugador y disputar dicha la competición.

La responsable de dicho departamento en aquellas fechas, Ana Muñoz, reconoció el pasado 27 de abril mediante un tuit que ignoraban el contrato. "No se apoyaron en ningún informe que tuviera relación ni con el departamento de Integridad ni con el Comité de Ética", reconoció. Como desveló este diario, tampoco conocían las tres personas que integraban entonces la Comisión de Ética ni la presencia del futbolista como intermediario. Este órgano emitió un informe exclusivamente sobre la situación de los derechos humanos y el papel de la mujer en Arabia Saudí. De hecho, dejaban claro que, si el verdadero objetivo era económico, estarían radicalmente en contra.

"Piqué no quería que la Supercopa, después de que fuera idea suya darle un impulso a través de su empresa, fuera a otro sitio diferente a Arabia Saudí. De hecho, en su interés de llevar el torneo allí propuso a Rubiales hasta pedir a Juan Carlos I que intermediara a su favor", detalla la denuncia. Manos Limpias se pregunta si la comisión de éxito negociada por Piqué era "en exclusiva para él".

Alquiler de la vivienda

El colectivo de funcionarios cree también que Luis Rubiales recibió ayudas dinerarias de la RFEF para el alquiler de la vivienda en la que residía en el centro de Madrid "sin tener derecho a ello" al no estar entonces empadronado fuera de la Comunidad de Madrid, lo que consideran que ha generado un perjuicio al patrimonio de la entidad y encajaría -a su juicio- en la tipificación del delito de administración desleal.

La Federación Española firmó el 20 de enero de 2020 con la empresa Urcingo SL un contrato por el que asumía el gasto de alquiler de la vivienda en la que pasaría a residir el máximo responsable en la capital de España. Ubicado en la planta 29 de la Torre de Madrid, en la confluencia de la calle Princesa y la Plaza de España, se trataba de un piso de tres habitaciones y 125 metros cuadrados de superficie.

En su reunión del 24 de julio de 2018, cuando Rubiales dos meses en el cargo, la asamblea federativa mantuvo que se seguiría poniendo a disposición del presidente una vivienda "cuando tuviera su domicilio habitual fuera de la Comunidad de Madrid". "La retribución salarial será pagada de manera íntegra de los ingresos propios de la RFEF y, según acuerdo de la Asamblea General del año 1989, se pone a disposición del presidente de la RFEF una vivienda cuando tuviera su domicilio habitual fuera de la comunidad de Madrid", detalla el acta.

La denuncia se presenta días después de que la Fiscalía Anticorrupción abriera diligencias de investigación

El abono presuntamente irregular de los gastos del piso forma parte también de la denuncia que ha dado pie a que la Fiscalía Anticorrupción, como avanzó El Independiente, haya abierto diligencias de investigación. Dicho escrito fue presentado por el presidente del Centro Nacional de Formación de Entrenadores de Fútbol (CENAFE), Miguel Ángel Galán.

Como ha desvelado El Confidencial, Manos Limpias denuncia que Luis Rubiales habría podido imputar al presupuesto federativo un viaje privado realizado a Nueva York en el otoño de 2018 junto a su pareja sentimental con el pretexto de mantener reuniones con representantes de Naciones Unidas con vistas a su supuesta intervención en Impacto Latino, un foro que reúne a líderes hispanos.

La RFEF niega que fuera un viaje de asueto y asegura que incluyó "una nutrida agenda de trabajo cerrada con antelación", acompañando al presidente tanto su entonces director de gabinete (Juan Rubiales) como el responsable del área de Relaciones Institucionales (Antonio Gómez-Reino). "Este viaje fue pagado por la RFEF únicamente a estos tres federativos", ha defendido.

Subvenciones del CSD

Como el resto de las federaciones, una parte de los ingresos de la Española de Fútbol procede del Consejo Superior de Deportes (CSD). En concreto, el organismo dependiente del Ministerio de Cultura y Deporte le ha otorgado 40,97 millones de euros entre 2019 y 2021 a cuenta del 4,55 % de la recaudación por el impuesto sobre las actividades del juego (las quinielas). El pasado año, ese importe representó el 3,8 % de todos sus ingresos.

Igualmente, Manos Limpias acusa a Rubiales de espiar "con dinero público" al presidente de la Asociación de Futbolistas Españoles (AFE), David Aganzo. El encargo se habría realizado a Cryptex Europa, la misma empresa a la que Rubiales recurrió en abril de 2016 -en su etapa de presidente de la AFE- para investigar "las actividades de la empresa CENAFE relacionadas con solicitudes de ayuda para estudio" recibidas en el sindicato.

La denuncia alcanza también a dos abogados del despacho externo (GC Legal) que asesora jurídicamente a la RFEF: Tomás González Cueto y Ramón Caravaca, socio director y socio (respectivamente). El sindicato cree que al primero alcanza la responsabilidad por el presunto pago irregular del alquiler de la vivienda de Rubiales y el segundo habría abonado a la empresa de detective los gastos del supuesto espionaje a Aganzo a través de una inmobiliaria que él administra (Egmont 2008 SL) "como pantalla para ocultar" la intervención de la Federación en esos seguimientos.

En caso de que el juzgado al que le corresponda la denuncia en reparto aprecie indicios de delito por los hechos relatados e incoe diligencias previas, Anticorrupción tendría presumiblemente que cesar en sus pesquisas. Fue lo que ocurrió en el caso que afectó al ex presidente de la Federación Española de Baloncesto (FEB) José Luis Sáez, cuyo origen fue una denuncia del Tribunal Administrativo del Deporte (TAD) ante el Ministerio Público semanas antes de que el Juzgado de Instrucción 36 de Madrid dedujera testimonio de otro sumario y abriera un procedimiento para investigar dichos hechos.

En paralelo, el CSD estudia sendas denuncias contra Luis Rubiales antes de decidir si pone los hechos en conocimiento del TAD, el organismo que puede acordar su inhabilitación. Una es por el presunto espionaje sufrido por David Aganzo y otra -presentada por el club Dux Internacional- por el abono de los gastos de alquiler de la vivienda al presidente de la RFEF.