"Desde los indultos no se ha avanzado". En el balance de su primer año al frente de la Generalitat, Pere Aragonès reconocía este martes que su apuesta por el diálogo con el Gobierno no está dando los frutos esperados. Y destacaba un único logro: los indultos a los líderes del 1-O. Paralelamente, el Tribunal Supremo daba vía libre a la revisión de esos indultos.

Este miércoles, Aragonès ha insistido reclamando apoyo al líder del PSC, Salvador Illa. "Donde no se ha producido diálogo, y mire que me esfuerzo, es en el diálogo con el Estado" ha lamentado el president en una sesión de control centrada en su primer año de mandato. "El Gobierno ni siquiera ha dado explicaciones sobre el 'Caso espionaje', aquí hay mucho margen de mejora", ha lamentado.

Previamente, el portavoz de JxCat, Albert Batet, le ha reclamado que rompa ya esa mesa de diálogo con el Gobierno. "Ante los nulos resultados de la mesa de diálogo, y siendo fieles al mandato del 52% desde Junts le pedimos que se constituya la dirección estratégica del independentismo para consensuar una alternativa al diálogo" ha apuntado.

En otras palabras, JxCat reclama a Aragonès que abandone el diálogo con el PSOE y formalice una dirección conjunta de los grupos de ERC y JxCat en el Congreso para fiscalizar la acción del Gobierno. "La vía del diálogo no funciona ni funcionará porque el Estado no cambiará, no quiere negociar".

Revisión de los indultos

La Sala de lo Contencioso-Administrativo del alto tribunal ha estimado el recurso contra su propia decisión de considerar que Partido Popular, Vox y diputados de Ciudadanos no tenían legitimación para recurrir la medida de gracia, como alegó la Abogacía del Estado. Una decisión que pone en cuestión el único avance conseguido por Esquerra en su diálogo con el PSOE.

Los indultos sí han tenido el efecto esperado por el PSOE. Han permitido rebajar la presión del independentismo, claramente desmovilizado desde la excarcelación de los líderes del procés. Y han dado alas a las expectativas electorales del PSC. Los socialistas ganarían de nuevo las elecciones autonómicas. Y lo harían con mayor margen, según las últimas encuestas de voto en Cataluña, que ponen en cuestión la mayoría parlamentaria del independentismo, inquebrantable desde 2015.

Está por ver si ese crecimiento electoral se mantendría con unos indultos revocados por el Supremo, mientras el Gobierno hace cada vez más ostensible su alergia a la mesa de diálogo con la Generalitat.

Presión sobre ERC

La lectura, en términos políticos, no es tan satisfactoria para Esquerra. Tras la concesión de la medida de gracia que permitió a Oriol Junqueras, Jordi Sánchez y el resto de los condenados por el 1-O recobrar la libertad, no ha conseguido ninguno de sus objetivos en sus negociaciones con el Gobierno.

Primero dio por blindado el catalán en la escuela con la Ley Celáa. Y el Tribunal Supremo lo contradijo con la ratificación de la sentencia del 25%, que debe acatar antes del 31 de mayo.

Acordó una nueva reunión de la mesa de diálogo "a principios de año" a cambio de su apoyo a los Presupuestos Generales. Y la mesa sigue sin reunirse. Y exhibió como un éxito la reforma de la Ley del Audiovisual, cuya tramitación parlamentaria ha vuelto a enfrentarlo ahora con el PSOE por la aplicación del IVA a las cadenas autonómicas. Es decir, a TV3.

Aviso con la reforma laboral

Fracasos que JxCat, la CUP y entidades independentistas como la ANC no dejan de recordar para forzar a Esquerra a romper ese diálogo. Es decir, para dejar de ejercer como sostén parlamentario del Gobierno. Ya lo hizo en la determinante aprobación de la reforma laboral, aprobada in extremis por un error del diputado del PP Alberto Casero.

"La situación de bloqueo en el conflicto político es un elemento que centra la preocupación" del Govern, advertía Aragonès este martes. "Es evidente que no va como queríamos y los resultados no son los esperados". Aunque insiste en que "todos los procesos de resolución de conflictos como este son complejos".

Una complejidad que no ha hecho más que agravar el 'Caso espionaje' y la constatación de que el CNI espió por lo menos a 18 líderes independentistas con el programa Pegasus. Entre ellos el propio Aragonès, abanderado del diálogo junto a Oriol Junqueras.

Ley de amnistía

En este contexto, Esquerra vuelve a poner sobre la mesa la reivindicación de una ley de amnistía que garantice la inmunidad de los líderes independentistas más allá del alcance de la justicia. Y sirva también de paraguas para los que huyeron de la acción judicial. Desde Carles Puigdemont a la que -desde Suiza- sigue siendo secretaria general del partido, Marta Rovira.

"Defenderemos los derechos de los presos políticos" advirtió ayer Aragonès tras conocerse la decisión del Supremo. Y apuntó que "lo más eficaz para poner fin a la represión es la ley de amnistía, que es lo que defendimos desde primer momento" ante un Supremo y una cúpula judicial "altamente politizados".

El PSOE, sin embargo, siempre ha dejado claro que una amnistía a los líderes del procés "no cabe" en la Constitución, y que no se puede establecer con la Ley de amnistía de 1977.