El presidente del Gobierno se somete mañana jueves a una comparecencia parlamentaria de la que dependerá en muy buena medida la solidez de los apoyos del resto de la legislatura. Pedro Sánchez dará cuenta, a petición de ERC, EH-Bildu y el Grupo Plural, "del conocimiento y las medidas que se van a tomar en relación con el espionaje e intromisión a través del malware Pegasus y Candiru a representantes políticos, activistas, abogados, periodistas, instituciones y sus familiares y allegados, destapadas por los laboratorios forenses Citizen Lab y Amnesty International Security Lab".

Un largo enunciado para abordar un asunto al que el Gobierno pretendía dar carpetazo y que, semanas después de que estallara, sigue dándole dolores de cabeza a pesar de todos sus intentos por satisfacer al independentismo. Entre las novedades de su discurso estará la de aceptar las conclusiones del Defensor del Pueblo de "perfeccionar" los controles judiciales del CNI.

A fin de cuentas, fue el Ejecutivo el que decidió encargar una especie de auditoría independiente a Ángel Gabilondo tras conocerse que una sesentena de dirigentes independentistas y sus entornos habían sido espiados, estudio que le ha dado la cobertura perfecta para meter mano en los servicios de inteligencia.

Con la comparecencia de Sánchez, Moncloa cree haber dado respuesta a ERC

El informe de Gabilondo, que avalaba la legalidad de las escuchas del CNI, señalaba en sus conclusiones que "debieran explorarse las posibilidades de perfeccionamiento del control judicial, por cuanto conviene tener en cuenta las reflexiones de la doctrina científica que se ocupa de temas de seguridad e inteligencia y las preocupaciones de algunos ciudadanos y organizaciones, así como las consideraciones que pudiera formular el Parlamento Europeo sobre el programa Pegasus en cuanto al control judicial".

Moncloa cree que de este modo se cierra el círculo de los compromisos adquiridos por el Gobierno cuando estalló este escándalo, acrecentado tras descubrirse, además, que los móviles del propio Sánchez, de Margarita Robles y de Fernando Grande-Marlaska, también habían sido contaminados hace un año.

Con la constitución de la comisión de Secretos Oficiales del Congreso; el informe interno del CNI que Paz Esteban presentó ante dicha comisión; el escrito del Defensor del Pueblo; la anunciada disponibilidad gubernamental a desclasificar aquellos documentos que necesite la Justicia para clarificar el caso del espionaje y la comparecencia de Sánchez, creen cubierto de sobra el margen de maniobra del que disponen. No incluyen en esa lista de cesiones a ERC la pieza más significativa de todas, esto es, la defenestración de Paz Esteban, en una maniobra que abrió una profunda brecha entre Margarita Robles y Félix Bolaños.

No pasan los socialistas, sin embargo, por aceptar una comisión de investigación parlamentaria y aún está pendiente el encuentro entre Pedro Sánchez y Pere Aragonès, "aunque las vías de comunicación permanecen engrasadas entre ambos ejecutivos", reiteran en Moncloa. El Gobierno no quiere una foto de Sánchez con el presidente de la Generalitat antes de las autonómicas andaluzas del 19-J ante el temor de que les lastre electoralmente.

El PNV propone que tres magistrados, por unanimidad, den el plácet a las actuaciones del CNI

Entiende Gabilondo que desde que se impuso el control judicial previo a las actuaciones del CNI en 2002, "la impresionante evolución tecnológica de las últimas dos décadas (lo que incluye sistemas como el spyware Pegasus), los cambios que vendrán en un futuro próximo, la 'aceleración' de las tecnologías de la comunicación y la información, en fin, deben conducir a abrir una reflexión sobre la suficiencia o insuficiencia del control judicial existente, ahora y en lo por venir". "Lla interceptación de las comunicaciones no significa lo mismo en 2022 que en 2002, ni significará lo mismo en unos pocos años", agrega.

En definitiva, Sánchez hará suyas las recomendaciones del Defensor del Pueblo durante su comparecencia parlamentaria, aunque éste no adelantaba ninguna propuesta por considerar que "debiera corresponder a otros sujetos del Estado de Derecho a través de mayorías muy amplias, al tratarse de verdaderas cuestiones de Estado".

La formación política que tiene más adelantado un nuevo modelo del control judicial de los servicios de inteligencia, por afectar su actuación a derechos fundamentales, como es el secreto de las comunicaciones, es el PNV. En lugar de autorizar las intervenciones un juez del Supremo o su suplente, dicha responsabilidad recaería en un órgano colegiado de tres magistrados que deberían acordar por unanimidad. Pero además de ese control previo habría uno posterior, que exigiría un nuevo aval en caso de prorrogar las escuchas. Está por ver cuál es el modelo que propone el Gobierno.