El Tribunal de Cuentas ha aprobado la Declaración sobre la Cuenta General del Estado del ejercicio de 2020 (año de la pandemia del coronavirus), aunque manifiesta incidencias que insta a corregir, así como "propone que se adopten urgentemente medidas para resolver la situación del endeudamiento estructural de la Seguridad Social".

En una nota difundida esta tarde, el máximo órgano fiscalizador de las administraciones públicas cifra en 96.838 millones de euros el coste en 2020 de las medidas extraordinarias que el Gobierno se vio obligado a adoptar por la pandemia de la covid-19.

El Tribunal de Cuentas resalta que las obligaciones reconocidas por la Administración General del Estado para hacer frente a la pandemia ascienden al menos a 68.090 millones de euros y que las ayudas de naturaleza sociolaboral (Seguridad Social, SEPE, Fogasa y Muface) ascienden al menos a 28.748 millones de euros, según la información suministrada por los gestores.

El órgano fiscalizador cifra en 96.838 millones el coste de las medidas extraordinarias por la pandemia en 2020

"Entres las ayudas de naturaleza sociolaboral destacan las prestaciones por desempleo derivadas de ERTE [Expediente de Regulación Temporal de Empleo] con un coste de 13.644 millones de euros, las exoneraciones de cuotas de empresas en ERTE con un coste de 5.567 millones de euros y las prestaciones por cese de actividad de autónomos con un coste de 4.917 millones de euros", se lee en la nota, que resume los resultados del informe favorable sobre la Cuenta General del Estado del año de la pandemia.

Dicha declaración enfatiza que "el balance de la Seguridad Social recoge por cuarto año consecutivo un patrimonio neto negativo, que en 2020 asciende a 68.049 millones de euros. El Estado ha otorgado durante el 2020 préstamos a la Tesorería General de la Seguridad Social por valor de 30.330 millones de euros, de manera que el endeudamiento total asciende a 85.351 millones de euros, un 7,61 % del PIB".

De ahí que el Tribunal de Cuentas sugiera a las Cortes Generales que "insten al Gobierno a la subsanación de las salvedades e incidencias señaladas y que modifiquen la normativa relativa a los plazos de rendición de cuentas para poder elaborar la Declaración sobre la Cuenta General en un plazo que se aproxime al máximo al ejercicio fiscalizado". Además, "propone que se adopten urgentemente medidas para resolver la situación del endeudamiento estructural de la Seguridad Social", según ha informado el órgano.

Incidencias "que se reiteran en el tiempo"

El órgano fiscalizador recoge en su informe favorable a la Cuenta de 2020 "incidencias que se reiteran en el tiempo", como "la existencia de entidades cuyas cuentas anuales no se han integrado en la Cuenta General del Estado o que el presupuesto de ingresos de la Administración General del Estado no incluye las previsiones iniciales del capítulo de los pasivos financieros. Además, el Fondo de la Reserva de la Seguridad Social y la memoria de la cuenta general sigue sin recoger el balance de resultados y el informe de gestión previstos por la normativa presupuestaria. Y asimismo continúan las discrepancias entre la contabilidad de la Tesorería General de la Seguridad Social y de la Administración General del Estado en saldos recíprocos de préstamos".

Entre otras salvedades recogidas figura la "sobrevaloración neta del resultado presupuestario consolidado en 2008 millones de euros por una incorrecta imputación temporal de obligaciones y derechos durante el ejercicio fiscalizado. Es decir, el Tribunal observa gastos e ingresos presupuestarios que deberían haberse imputado en el ejercicio 2020 y que se imputarán en sucesivos ejercicios y por el contrario, obligaciones y derechos que, correspondiendo a 2019, se han imputado en el ejercicio de 2020".

La declaración hace referencia a otras incidencias relativas a la provisión para la devolución de impuestos, donde se ha detectado una infravaloración de, al menos, 400 millones de euros, la provisión correspondiente a la deuda avalada por el Estado en la SAREB o la provisión por responsabilidades derivadas de sentencias judiciales, con una infravaloración calculada en 1.365 millones de euros. Otras salvedades recogidas en la Declaración sobre la Cuenta General del Estado señalan la inexistencia de inventarios completos y la falta de registro contable del valor de determinados bienes de su activo. Esta última incidencia afecta a las aplicaciones informáticas desarrolladas por la Seguridad Social, a una parte sustancial de los fondos y bienes artísticos del patrimonio histórico y a bienes recibidos en cesión por determinadas entidades públicas.