Cuatro cargos de la Consejería de Sanidad de la Generalitat de Cataluña han sido imputados por el Juzgado de Instrucción número 17 de Barcelona por posible discriminación en el proceso de vacunación contra el coronavirus, debido a la decisión "discriminatoria e injustificada" de retrasar la inoculación a policías y guardias civiles destinados en esta comunidad autónoma.

Es una medida adoptada en el marco de la querella presentada por la asociación profesional de la Guardia Civil Jucil y el sindicato de la Policía Nacional Jupol. La propuesta fue notificada a las partes el pasado lunes, advirtiendo de que cabía interponer recurso de reforma en el plazo de tres días o de apelación en el de cinco días ante el mismo Juzgado que propone la citación.

Según informa Jucil, ahora el magistrado juez ha decidido que presten declaración en calidad de investigados Carmen Cabezas Peña, quien ocupó primero el cargo de subdirectora general de Promoción de la Salud y con posterioridad ostentó la Secretaría de Salud Pública.

Junto a ella, deberán declarar como investigados Sara Manjón del Solar, directora del área de Organizaciones y Profesionales del Servicio Catalán de Salud; Xavier Rodríguez Guasch, director de Servicios del Departamento de Salud y Adriá Comella Carnicé, director del Servicio Catalán de Salud.

El pasado diciembre el TSJ de Cataluña sostuvo mediante sentencia que hubo discriminación hacia estos cuerpos policiales porque "la administración autonómica no dispuso de la misma voluntad y empeño en la protección sanitaria" que con los Mossos d'Esquadra y policías locales.

Que sea a través de los tribunales como se logra que la administración catalana se vea obligada a actuar expresa, en opinión de Jucil, "la situación de abandono institucional y el ambiente de odio en el que se ven inmersos para llevar a cabo su labor los guardias civiles y policías nacionales, con la consiguiente estigmatización que sufren tanto ellos en su tarea como sus familias en su vida diaria".

"Una situación que justifica y argumenta que Cataluña sea considerada como Zona de Especial Singularidad para el trabajo de estos empleados públicos", concluye Jucil.

Con fecha de 4 de mayo, el Tribunal Supremo acordó inadmitir a trámite el recurso de casación que presentó el Govern catalán contra la sentencia del Tribunal Superior de Justicia catalán por la que se determinó que el plan de vacunación de la Generalitat fue "discriminatorio" por resultar contrario al artículo 14 de la Constitución.

Los sindicatos habían denunciado que en el proceso de vacunación, gestionado por las comunidades autónomas, no se había vacunado en Cataluña a Policía Nacional ni Guardia Civil, "salvo a aquellos que, además de estar en activo o en reserva, tuvieran una edad de entre 60 y 65 años". Las quejas provocaron la intervención de los ministerios del Interior y Sanidad, que reconocieron retrasos en el ritmo de vacunación.

"Excusas" de la Generalitat

"La sentencia no solo nos daba la razón, sino que además, a ojos de la Justicia y de la sociedad en general, quedaba fundamentado que la Generalitat ha esquivado y ha incumplido de manera incuestionable sus obligaciones poniendo excusas", ha valorado la secretaria provincial de Jucil en Barcelona, Milagros Cívico.

Desde Jucil destacan que "sólo exigen para guardias civiles y policías nacionales igualdad de condiciones en el uso de un servicio, el de la sanidad pública que en España tiene carácter universal e igualitario". De ahí que entiendan que ahora "debe depurar responsabilidades" la Justicia entre los cargos públicos del sistema de Salud de Cataluña.

"Para Jupol supone una buena noticia que la justicia avance en relación con el trato discriminatorio que se nos dio en Cataluña a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado en relación con el proceso de vacunación de la covid-19", subraya el portavoz, Pablo Pérez. Y añade: "El avance del proceso judicial nos hace más fuertes y nos empuja a seguir luchando para que desaparezcan las desigualdades y la discriminación de Policía Nacional y de Guardia Civil en Cataluña, supone un paso más en nuestra lucha por acabar con la desigualdad, el trato injusto y desfavorable que sufren nuestros compañeros en esas zonas, situaciones que ponen en peligro la vida laboral y personal de nuestros compañeros, y persistiremos en ello hasta alcanzar una igualdad económica, social y laboral".