La Ley del catalán, en suspenso a la espera del Consejo de Garantías

El Pleno del Parlament no podrá aprobar hoy la Ley del catalán impulsada por PSC, ERC, JxCat y Comunes como respuesta a la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña que exige un 25% de las clases en castellano. El calendario previsto por los impulsores de la norma ha sido dinamitado por la iniciativa de Vox, PP y Cs, que registraron este jueves la petición de dictamen del Consejo de Garantías Estatutarias (CGE) sobre la Ley del catalán.

El Consejo tiene ahora 7 días hábiles para dar una respuestas, sin tiempo mínimo de resolución. Lo que hace sospechar a los impulsores del recurso que se encontrarán con un dictamen en tiempo récord. En todo caso, socialistas e independentistas confían en poder aprobar el texto en un pleno extraordinario entre el lunes y el martes, que permita presentar la ley como respuesta ante el TSJC.

Ley inconstitucional

En su petición de dictamen, sin embargo, Vox, PP y Cs sostienen que la Ley del catalán es inconstitucional, porque vulnera tanto el derecho a usar el castellano, como el derecho a la educación.

"El deber de conocer el castellano (art. 3 CE)" advierten, "está ligado al derecho a la educación, reconocido en el artículo 27 CE, y se reconoce también en el artículo 6 del Estatuto de Autonomía de Cataluña". Por tanto, añaden, "negar por parte de la Administración conocer la lengua española y el derecho de los ciudadanos a usarla es impedir su derecho a la educación".

No lo entiende así el PSC, cuyo líder, Salvador Illa, defendía este jueves el texto pactado con los nacionalistas. El primer secretario del PSC defiende que la norma blinda el catalán como lengua "vehicular" y reconoce el castellano como lengua de "uso curricular". Por ello, asegura, servirá para "cumplir mejor" la sentencia del 25%.

Illa resta importancia a los plazos

En este contexto, Illa se mostró convencido de que el próximo curso se aplicará el 25% de castellano en las escuelas catalanas. Y afeó a Vox, Cs y PP la maniobra para posponer la aprobación de la Ley del catalán.

Una maniobra a la que sin embargo resta importancia. "Esta ley no busca esquivar una resolución judicial" asegura, en contra de lo que defienden ERC, JxCat y Comunes. Los tres partidos están pendientes de la decisión del CGE para dar el siguiente paso: la aprobación de un Decreto Ley del Govern que completaría el "paraguas legal" ideado para sortear el 25%.

Ese decreto debía aprobarse también hoy, en una reunión extraordinaria del Govern, pero el bloqueo de la Ley del catalán ha llevado al ejecutivo a posponer su aprobación. En él, ERC y JxCat han pactado incluir dos puntos claves: el rechazo expreso a las cuotas de castellano y la obligación de que sea el Departamento de Educación el que apruebe los proyectos lingüísticos de los centros.

Proteger a los directores

Se pretende, con ello, proteger a los directores de los centros ante eventuales denuncias a los tribunales. El consejero de Educación, Josep González-Cambray ha explicado ya estos días que su departamento será el encargado de "aprobar y validar" los proyectos lingüísticos de los centros, que deberán garantizar el aprendizaje oral y escrito tanto del catalán como del castellano.

La Consejería de Educación ofrecerá asesoramiento a los centros que lo requieran para elaborar los mencionados proyectos, que deberán tener en cuenta el entorno sociolingüístico a la hora de calcular cuántas clases se imparten en cada una de las lenguas oficiales.

El decreto divide el bloque del catalán

Este decreto contará con el apoyo de los Comunes en su trámite parlamentario, según ha avanzado el partido de Ada Colau. Pero no así del PSC. Los socialistas han dejado claro que no validarán la exclusión explícita de cuotas, destinada a contradecir la sentencia del Tribunal Superior de Justicia.

Más allá de los trámites pendientes para completar esa "respuesta legislativa" a la sentencia del 25%, está por ver si el TSJC la acepta como válida. El propio Pere Aragonès reconocía esta semana que "no está garantizado" que la nueva ley frene la iniciativa del tribunal. Pero desde ERC argumentan que "lo único que no podemos hacer es no hacer nada".