El Gobierno está luchando por conseguir reunir los apoyos suficientes para sacar adelante su ley de impulso a los planes de pensiones de empresa. Pero no solo entre los partidos de la oposición, sino también entre sus socios de coalición.

A solo 35 días de que termine el plazo comprometido con Bruselas para tener aprobada una de las leyes de las que dependen fondos europeos, el Ejecutivo sigue buscando el beneplácito de partidos de la oposición, como el PP, para conseguir salvarla. Por ahora, sus socios habituales -de ERC a Bildu, Más País, la CUP o BNG- se muestran contrarios a la medida.

Podemos también se muestra escéptico, aunque no descarta apoyar el proyecto de Escrivá. Preguntada al respecto, la portavoz de En Comú Podem en el Congreso, Aina Vidal, al frente de la negociación por parte de Unidas Podemos, señala dos claves: que estos planes de pensiones no carguen más a la Seguridad Social y que el ministro garantice que en ningún caso irán en detrimento de las pensiones públicas.

"Este decreto no puede dejas las puertas abiertas a entrar en duda de si está o no por delante de las pensiones públicas. Y a nuestro juicio a día de hoy no queda claro", ha expresado en conversación con El Independiente. Aun así, la portavoz insiste en que cree que el objetivo de todos "es poder llegar a un acuerdo".

Planes de pensiones que lleguen a rentas medias y bajas

El proyecto del Gobierno busca conseguir que los españoles usen más los planes de pensiones de empresa -llamados formalmente "de empleo"-, una vía de ahorro apenas usada hoy día por el 10% de los trabajadores del país. Bruselas ha sido siempre crítica con el escaso desarrollo de estos sistemas complementarios, que en el País Vasco sí alcanzan al 50% de los empleados y en Alemania, al 60%.

La razón tiene que ver con que los planes de pensiones individuales, los privados, que sí están más extendidos, tienen comisiones especialmente elevadas y los utilizan sobre todo trabajadores de rentas altas y muy altas. En porcentaje sobre el PIB, actualmente los planes de pensiones individuales representan un 7% del español, mientras que los de empresa no llegan al 3%.

Con la nueva ley, el Gobierno pretende también que los planes de empresa lleguen a los autónomos, a los empleados públicos y a los trabajadores de las pymes, así como a los de rentas medias y bajas, los que hasta ahora menos se han beneficiado de las pensiones complementarias, ya fuese con planes de pensiones individuales o con planes de empresa.

Y busca conseguirlo haciéndolos más atractivos fiscalmente. Sobre todo para el trabajador, pero también para la empresa, que es quien debe ofrecerlos. Al mismo tiempo, "castigando" los planes de pensiones privados, tras argumentar la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF), en un estudio, que los beneficios fiscales de estos planes favorecen mayormente a las rentas altas.

"Que no se convierta en una injusticia"

En Unidas Podemos temen que por intentar crear un instrumento que sea una oportunidad de ahorro para muchos, las prestaciones públicas de otros se vean perjudicadas. También creen que, por lo pronto, las empresas que ofrezcan estos planes seguirán siendo excepcionales y que la mayoría de trabajadores del país seguirá sin poder ahorrar con estos planes. Porque "sus condiciones materiales no se lo permiten".

Por eso, insisten en que el Ministerio debe ir con cuidado para no cargar más a la Seguridad Social, para que los planes de pensiones de empresa no sean una iniciativa que pese sobre las espaldas del resto de trabajadores. "Estamos de acuerdo en desarrollar el segundo pilar -los planes de pensiones de empleo-, pero en ningún caso puede ir en detrimento de las cotizaciones del resto de trabajadores", reclama Vidal.

"Si hay incentivos no se pueden pagar con las cotizaciones del resto de trabajadores. Que no se convierta en una injusticia", pide la portavoz de los comunes. La exigencia de Podemos, en esta línea, es que esta política del Gobierno no afecte a la caja de Seguridad Social, y por tanto exigen que vaya a cargo de los presupuestos generales del Estado.

Acuerdo con Ciudadanos: una rebaja en el impuesto de Sociedades

El Gobierno, por ahora, sí tiene asegurado el apoyo de Ciudadanos, que confirman a este medio su sí siempre y cuando el ministro acepte las exigencias concretas que le han planteado, ligadas a más incentivos fiscales y a menos control del Estado sobre el fondo público.

Específicamente, el acuerdo alcanzado el martes incluye que las empresas puedan deducirse un 10% de lo que aporten a estos planes de pensiones de sus empleados que cobren hasta 27.000 euros anuales -ya que se busca fomentar su uso por parte de las rentas bajas-, exigir 10 años de experiencia como mínimo para la gestión de estos fondos y evitar algún derecho a veto de la comisión que los supervisará.

El Gobierno tiene 35 días para conseguir aprobar la ley -hasta el 30 de junio, cuando debe estar en el Boletín Oficial del Estado-, que deberá pasar por la Comisión de Empleo, donde se votarán las enmiendas, así como por el Congreso y por el Senado. El apoyo del PP parece a día de hoy decisivo para que salga adelante, aunque sus exigencias no gustan a Hacienda.