La convocatoria electoral en Andalucía domina ya los posicionamientos de los distintos partidos nacionales que concurren con sus marcas en la comunidad. Lo hace el principal miembro del Gobierno de coalición, el PSOE, que quiere distanciarse del Partido Popular, en términos de sentido de Estado y cuidado institucional, poniendo sobre relieve las distintas tramas de corrupción, como el caso Gürtel o Kitchen, que ocurrieron durante los respectivos gobiernos populares. También lo hacen desde el hemiciclo los de Cuca Gamarra, resaltando los ERE y la "degradación" que se está haciendo a los aparatos del Estado por la dependencia de los partidos socialistas. Y, además, lo hace Vox, marcando distancias con unos y otros con la meta de diferenciarse.

El pleno monográfico de este jueves, en el que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, comparecía para dar explicaciones por el caso del espionaje a políticos independentistas y mediante la herramienta Pegasus, ha evidenciado la postura antagónica, pero con una misma finalidad, con la que PP y Vox quieren llegar a la campaña electoral en Andalucía: ser percibidos como la única alternativa de gobierno a Sánchez. Por un lado, la postura desde la centralidad que defienden los de Gamarra. Por el otro, el completo rechazo a cualquier miramiento hacia la bancada azul de Consejo de ministros.

Por un lado, desde Génova se ofrecen grandes pactos de Estado en materias concretas como, por ejemplo, la seguridad nacional. Es el último acuerdo que el presidente de los populares ha ofrecido al Ejecutivo. Primero, para afianzar la defensa nacional y alinearse con los socios europeos; y, segundo, de cara a la inminente cumbre de la OTAN que se celebra este fin de semana en Madrid. Además, en el PP quiere ser percibidos como un partido útil, moderado y alternativa de gestión. De ahí cesiones para permitir la gobernabilidad como la abstención en relación a la ley audiovisual. "El apoyo responde a la necesidad de adoptar una transposición europea de 2020", indican fuentes del partido.

Por otro lado, la derecha radical encarnada por el Grupo de Santiago Abascal representa la cara opuesta al PP dentro del bloque de centroderecha. Vox considera que se debe hacer una "oposición fuerte" al Gobierno y a los partidos de izquierda, sin "componendas". A través de ese planteamiento, quieren arrinconar a los populares en una horquilla en la que la dicotomía definitiva para los electores sea: o Vox o el bipartidismo de siempre, que termina acordando todo. Para el presidente de Vox, el PP es la "derechita incauta" que empieza a aproximarse al Gobierno y se opone al "colaboracionismo" entre Génova y Moncloa que ha iniciado la irrupción de Alberto Núñez Feijóo. Todo, pese a que Sánchez, parece querer dinamitar los puentes de diálogo.

Mientras que el PP desea mostrar la faceta de gestión y consenso para ampliar en el centro todo lo posible su espacio de voto y obtener una "mayoría suficiente", Vox quiere conseguir el efecto contrario: transmitir la imagen de que el PSOE y el PP terminan siendo lo mismo. "No puede haber colaboracionismo" ni un "balón de oxígeno" al Gobierno, determinan desde Vox; que creen que la "derechita incauta" terminará aprobando la renovación del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) junto a Sánchez.

Lejos de la tregua entre socios

Aunque están condenados a entenderse en la mayor parte del territorio nacional, por la incapacidad de generar mayorías en este momento, Vox quiere destacar sobre los populares en Andalucía. Saben que el feudo de Moreno Bonilla requerirá de su apoyo pese a la intención del presidente en funciones de repetir gobierno en solitario, al menos con una mayoría simple y la abstención de su grupo. Pero no renuncian a recortar lo máximo posible la distancia entre las dos formaciones para ser determinantes. Incluso para superarles y condicionar que tengan que ser desde el PP quien desempeñen la vicepresidencia.

En Castilla y León ha quedado ejemplificada la competencia interna entre socios potenciales. Pese a las llamadas de atención desde Génova y la Junta de Andalucía a Valladolid, para que el presidente Alfonso Fernández Mañueco contenga a su vicepresidente y consejeros verdes y aplace el desarrollo de sus leyes más polémicas, Juan García-Gallardo ha generado la polémica. Desde el PP no quieren que cualquier escándalo en el seno de su primer Ejecutivo de coalición con Vox, por la posibilidad de tener que reeditarlo con Moreno Bonilla y Macarena Olona, les perjudique y movilice a la izquierda. Sin embargo, las palabras de García-Gallardo en el último pleno autonómico no ayudan. "Le voy a responder como si fuese una persona como las demás", dijo el vicepresidente a una procuradora socialista que padece discapacidad. A ello, se une diversas opiniones sobre la educación sexual en los colegios.

Mientras fuentes del PP de Castilla y León creen que el discurso de Mañueco y de García-Gallardo están lo suficientemente diferenciado en la región y en la cámara, cargos nacionales opinan que la imagen trasladada puede ser perjudicial en Andalucía. Tanto para el PP como, especialmente, para la faceta de alternativa de gestión y moderación que intenta transmitir el líder en funciones de la Junta.