El Sindicato Unificado de Policía (SUP) ha denunciado que la vivienda oficial asignada al comisario local de Mérida, Aurelio Fernández, no la utiliza éste sino un familiar ajeno al Cuerpo y que esta situación está provocando una "gran problemática con el servicio de seguridad", por lo que pide a la Dirección General que dé las instrucciones pertinentes para que el inmueble sea desalojado "a la mayor brevedad" y se evite el daño a la "imagen policial".

En un escrito fechado el pasado lunes, la organización sindical pone los hechos en conocimiento del presidente del Consejo de Policía, Francisco Pardo Piqueras, ante lo que consideran un mal uso de los recursos públicos. El SUP acude al máximo responsable del Cuerpo después de haber dirigido previamente un escrito al jefe superior en Extremadura -concretamente el pasado 2 de marzo- y "no haber obtenido respuesta".

Otras fuentes policiales consultadas por este diario niegan que los hechos sean como los relata el SUP y vinculan la denuncia con los dos expedientes disciplinarios abiertos al representante de este sindicato en Mérida por dirigir escritos presuntamente difamatorios tanto a la jefa de su brigada como al propio comisario local a raíz de que se le cambiara el servicio y se le pasara de un turno fijo a otro rotatorio.

Según detalla el SUP en su denuncia, la vivienda -ubicada en las propias instalaciones policiales emeritenses- permaneció "deshabitada" desde que el comisario Aurelio Fernández tomó posesión del puesto en enero de 2018 en sustitución de María Elisa Fariñas hasta septiembre de 2020, cuando la "cedió" a una hija "tras la obtención de un puesto de trabajo" por parte de ésta en la capital administrativa de la comunidad. El mando tiene autorización de la Dirección General desde el primer momento para residir en Badajoz, a unos 66 kilómetros en dirección oeste del lugar en el que se encuentra su despacho.

Fuentes policiales vinculan la denuncia con los expedientes disciplinarios abiertos al delegado del SUP en Mérida

"Desde esa fecha hasta la actualidad sigue siendo ocupada por este familiar ajeno a la Policía Nacional, recibiendo visitas habituales de su pareja, también ajena a la institución, [y] surgiendo una gran problemática con el servicio de seguridad de la comisaría", exponen. Otras fuentes policiales niegan que el inmueble haya estado vacío, si bien reconocen que a partir de 2020 también es utilizada por otros miembros de la familia.

El SUP asegura que en ocasiones el servicio "se interrumpe y queda diezmado" al tener que atender los agentes la llegada de repartidores de comida rápida tras el encargo de los ocupantes. "Parece que un policía queda relegado a un simple portero de finca. Y si no es el sr. comisario el que recoge el pedido es porque el señor comisario no reside allí, cosa que ya sabemos", señalan en el escrito que enviaron hace casi tres meses al jefe superior.

De igual forma, el sindicato asegura que el citado familiar ha transmitido en alguna ocasión las quejas al mando "por sentirse ofendidos tras ser identificados al entrar en las dependencias policiales" y porque alguna vez "tardan tiempo" en abrirle la puerta del garaje (ubicado en el sótano de la comisaría), donde estaciona el vehículo particular mientras los de los funcionarios deben aparcarse "al raso".

"Porteros o criados"

"Por si no fuera suficiente privilegio la concesión de una vivienda de forma gratuita con cargo al erario público, con todos los gastos incluidos y parking, se ve que además se exige ser agraciado con un servicio de seguridad particular de 24 horas (poco invasivo, eso sí, no vaya a molestar su privacidad) y, como ya dijimos antes, porteros o criados", se quejan.

Entre las incidencias que enumeran incluyen la registrada a las dos de la madrugada del pasado 16 de agosto, cuando un policía de seguridad se percató a través de las cámaras de vigilancia de que un hombre permanecía en los aparcamientos anexos "durante largo tiempo". "Se procedió a identificarlo, resultando ser la pareja de la persona que reside en la comisaría. Esto le causó malestar a la misma, que no dudó en llamar a su particular casero para presentarle las quejas, es decir, al sr. comisario. Y a pesar de las horas que eran, éste requirió del coordinador de servicios que abroncara al policía precisamente por hacer su trabajo con diligencia. Si tuvo que llamar por teléfono es porque el comisario no dormía allí, cosa que ya sabemos", señalan en uno de los escritos.

Frente a esta versión, otras fuentes indican que el mando vive a caballo entre Mérida y Badajoz y que pernocta en la vivienda ubicada en la comisaría cuando ha de quedarse por razones de su cargo, asegurando que hay semanas en que lo hace varios días y otras en que no permanece ni una sola noche. En cualquier caso, señalan que es un domicilio y justifican que su hija u otros integrantes de su núcleo familiar vivan con él.

La Dirección General autorizó al comisario a residir en Badajoz, desde donde va y viene a su despacho en vehículo oficial

Según el SUP, prueba de que el mando no reside en Mérida es que se desplaza a diario en un vehículo oficial camuflado para ir desde su domicilio particular en Badajoz hasta su puesto de trabajo, desde donde retorna nuevamente a la capital de provincia tras el desempeño de su jornada laboral. Esa circunstancia ya la denunciaron el pasado 9 de diciembre, sin que haya sido atendida la queja.

Para el sindicato, ese comportamiento contraviene la resolución que la Dirección General de la Policía dictó el 18 de septiembre de 2014 con las normas relativas a la flota de automoción policial para lograr "el máximo aprovechamiento del presupuesto" y tratar de hacer una "gestión eficiente" de los recursos. En concreto, el apartado 4.7 de dicha orden determina que los vehículos del Cuerpo Nacional únicamente pueden ser utilizados para el desempeño de servicios de carácter oficial, teniendo esta consideración los desplazamientos que se deban realizar por razón de actividades profesionales -ya sea en labores operativas o de gestión- o por asistencia a reuniones, eventos institucionales o actos protocolarios de representación.

Aire acondicionado

La organización sindical también llama la atención sobre el hecho de que el pasado mes de agosto se instalaran en la citada vivienda tres aparatos de aire acondicionado "contraviniendo la orden" del jefe superior en Extremadura, quien habría ordenado en una reunión del comité de seguridad y salud laboral policial celebrada dos meses antes que en la climatización tenían prioridad "los lugares de trabajo operativos". Otras fuentes indican que los aparatos se colocaron tras averiarse los anteriores y que, en lugar de los cuatro que había en la vivienda, el comisario ordenó que uno se ubicara en el calabozo.

Por todo ello, el SUP urge al director general de la Policía a que dicte instrucciones para que se proceda al desalojo de la vivienda a la mayor rapidez, ya que su "cesión es directamente al comisario a título personal por razón de responsabilidad y disponibilidad". Y añade: "En caso de no ser utilizada, en ningún caso puede ser traspasada a terceros, con el agravante de ser ajenos a la Policía, poniendo de este modo fin a la problemática con el servicio de seguridad, gastos al erario y el daño a la imagen policial".