La nueva directora del Centro Nacional de Inteligencia (CNI) ha ordenado garantizar la seguridad de las comunicaciones tras la brecha constatada en los teléfonos móviles de al menos tres integrantes del Gobierno -Pedro Sánchez y los ministros de Defensa (Margarita Robles) e Interior (Fernando Grande-Marlaska)- y que desde hace un mes investiga un juez de la Audiencia Nacional por un delito de descubrimiento y revelación de secretos.

Según ha podido conocer El Independiente, Esperanza Casteleiro -nombrada por el Consejo de Ministros el pasado 10 de mayo- ha establecido como prioridad tras su llegada al cargo el refuerzo de la seguridad para que las comunicaciones de los más altos cargos del Estado se desarrollen de forma segura y no vuelva a producirse un agujero como el que han reconocido los servicios secretos tras analizar los terminales de los miembros del Ejecutivo.

El Centro Criptológico Nacional (CCN) -dependiente del CNI y cuya misión es la de contribuir a la mejora de la ciberseguridad y dar respuesta rápida a los ciberataques- ha constatado que los teléfonos de Sánchez, Robles y Grande-Marlaska fueron infectados con el programa Pegasus hace un año, en plena crisis diplomática con Marruecos por la decisión de España de acoger por razones humanitarias al líder del Frente Polisario (Brahim Ghali) para que fuera atendido de covid-19 en un hospital público de Logroño. Las comprobaciones han permitido conocer también que el celular del ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación y ex embajador en Rabat, Luis Planas, sufrió un intento de ataque pero resultó fallido.

La existencia de esta brecha de seguridad ha sido la razón esgrimida por el Ejecutivo de Pedro Sánchez para justificar la destitución de Paz Esteban como jefa de los servicios de Inteligencia, apenas dos años y tres meses después de su nombramiento formal. El cese se consumó días después de que la ya ex alto cargo se negara a dimitir, como le había pedido la ministra de Defensa y ha informado este diario.

El Gobierno ha descargado toda la responsabilidad por la polémica del caso Pegasus -programa con el que el CNI espió con amparo judicial al menos a 18 dirigentes independentistas, entre ellos el hoy president Pere Aragonès- en Paz Esteban, a pesar de que la seguridad integral del presidente del Gobierno (incluidas las comunicaciones) depende del Departamento de Seguridad de La Moncloa y no del CNI.

La responsabilidad de Moncloa

Así se regula en el artículo 7 del real decreto por el que se reestructuró la Presidencia del Gobierno el pasado verano tras la remodelación llevada a cabo por Pedro Sánchez -Félix Bolaños dejó la secretaría general para ser nombrado titular de dicho ministerio y Óscar López relevó a Iván Redondo como director de gabinete del presidente- y así lo reconoció el Ejecutivo en respuesta a una pregunta formulada el 21 de septiembre de 2020 por el grupo de Vox en el Congreso: "La seguridad integral (física o comunicaciones, entre otras) del presidente del Gobierno depende del Departamento de Seguridad de Presidencia del Gobierno, tanto en el complejo de la Moncloa como en cualquier de sus desplazamientos. En el dispositivo de seguridad del presidente del Gobierno no participan miembros del Centro Nacional de Inteligencia".

Lejos de avivar la polémica con Margarita Robles acerca de qué organismo gubernamental es el responsable concreto del fallo por la falta de seguridad de las comunicaciones, el ministro Bolaños ha defendido este miércoles que, "en un gobierno colegiado", lo importante es buscar la solución cuando se ha detectado la existencia de un problema como el que se ha evidenciado.

Casteleiro abogó en su toma de posesión por una "alta capacitación tecnológica" para hacer frente al reto de la ciberseguridad

"Claro que hubo una brecha de seguridad. Entendemos que no existe en este momento y estamos reforzando las capacidades del CNI para que estos supuestos de ciberespionaje no se repitan en el futuro", ha declarado el titular de Presidencia al programa Más de uno de Onda Cero. "Se abre una nueva etapa", ha agregado.

Tras prometer el pasado 12 de mayo su cargo de jefa de los espías españoles, Esperanza Cabaleiro ya expresó que las nuevas amenazas que ponen en riesgo la paz, la seguridad y la convivencia democrática exigen "una nueva orientación, máxima cooperación, transparencia y alta capacitación tecnológica para proporcionar la necesaria protección y seguridad de las comunicaciones de las personas del conjunto de la sociedad". En ese mismo acto, la ministra de Defensa defendió el "esfuerzo" en inversión y tecnología realizado en los últimos años y aseguró que van a seguir plantando cara a las "nuevas amenazas". 

Mientras el CNI refuerza su respuesta preventiva a las amenazas de seguridad en las comunicaciones, el Juzgado Central de Instrucción 4 de la Audiencia Nacional investiga la posible comisión de un delito de descubrimiento y revelación de secretos derivado de la intrusión en los móviles de Pedro Sánchez y dos de sus ministros, a los que han sustraído cerca de diez gigas de la información que almacenaban en sus terminales. Es muy probable que se terminen archivando las actuaciones ante la dificultad para determinar quién está detrás de esa acción delictiva, conocida en vísperas de que España acoja la cumbre de la OTAN (29 y 30 de junio).