La acusación de Podemos respecto a los contratos a dedo que rubricó el Gobierno para la organización de la cumbre de la OTAN de los días 29 y 30 de este mes, no sólo generó un enorme malestar en el sector socialista del Gobierno, sino que Moncloa llegó a presionar a la formación naranja para que rectificara lo que entendían una acusación poco menos que de prevaricación.

Según ha podido saber El Independiente de fuentes gubernamentales, se hizo llegar desde Moncloa a los morados la exigencia de que de desdijeran de sus palabras, lo que fue no solo desoído sino que se reafirmaron en la acusación de que dichos contratos se hicieron "sin concurso público", respondieron. En concreto, se trató de un "procedimiento negociado sin publicidad", como admitió en su momento el Ejecutivo, y por la vía de urgencia, lo que permite reducir los plazos y adjudicárselo directamente a una empresa.

"Moncloa intentó arreglar algo que no estaba roto", dicen en este caso fuentes de Podemos bajo el argumento de que no acusaron de ninguna ilegalidad por esos contratos con un montante final de 37 millones de euros, sino que su intención era poner el acento en lo que consideran otras prioridades como la educación o la sanidad.

Javier Sánchez, que ejerció este lunes de coportavoz morado, "lo dice una vez de pasada. No es una cosa que nos sacamos de la manga está hasta publicado. Nadie dice que no se haya respetado el proceso", alegan y lo atribuyen todo al "estado de nervios" de Moncloa con epicentro en el gabinete de Presidencia, citando explícitamente a su director, Óscar López, y director adjunto, Antonio Hernando.

"Podemos se va a hacer daño a sí mismo con tal de marcar perfil propio", vaticina el PSOE

Desde el PSOE contraatacan con un argumento similar, el de los "nervios" desatados ante un escenario electoral poco halagüeño para los morados. "Podemos se va a hacer daño a sí mismo con tal de marcar perfil propio". Y añaden: "Vemos a Unidas Podemos cada vez más nerviosos y van a continuar tensando ante el riesgo de perder parte de su base electoral". Lo de este lunes, aducen, "es una buena muestra de ello".

¿Pero qué hay de verdad en la acusación de los morados? La referencia del Consejo de Ministros del pasado 26 de abril aprobó, -con el silencio de las dos ministras de Podemos, Ione Belarra e Irene Montero-, el acuerdo por el que se autorizaba al Ministerio de Asuntos Exteriores "la contratación de la cesión temporal de espacios y prestación de servicios y suministros para la organización de la Cumbre OTAN en Madrid, en junio de 2022, por un valor estimado de 29.752.066,11 euros".

"Para el correcto desarrollo de la cumbre se requiere la contratación de diferentes servicios y suministros en el ámbito de la competencia del Ministerio de Asuntos Exteriores, que deben ir acompañados de las necesarias medidas de seguridad". Y de conformidad con la ley de contratos del sector público, proseguía la nota, "al concurrir la circunstancia relativa a la protección de intereses esenciales para la seguridad del Estado, la adjudicación del contrato se realizará mediante el procedimiento negociado sin publicidad".

Autorización del Consejo de Ministros

Allí ya se informaba del valor estimado del contrato por 29.752.066,11 euros -casi 34,5 millones con impuestos-, que debía someterse a la autorización del Consejo de Ministros al superar los 12 millones de euros y ya se sabe que las decisiones del Consejo son colegiadas.

Esto en lo que afectaba a Exteriores. La otra partida correspondía al Ministerio del Interior que, bajo la declaración de emergencia, aprobó la "adquisición del material necesario para llevar a cabo el dispositivo policial destinado a garantizar la celebración de la cumbre de la OTAN en Madrid, por importe de 1.956.564,52 euros".

Por su parte, la vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, marcó distancias con Podemos, al defender que "este contrato fue aprobado en términos de legalidad en un Consejo de Ministros y el expediente está a disposición de la sociedad española. Insisto, cumple con todos los requisitos de legalidad". También el ministro Alberto Garzón defendió este miércoles en declaraciones a RNE la "pulcritud administrativa plena con todos los requisitos de legalidad" y emplazó a Podemos a "acreditar" su acusación.

Unas palabras que suenan a desmentido en toda regla y que enfrentan de nuevo a la vicepresidenta y al titular de Consumo con los morados, aunque se cuidaron muy mucho de aclarar si acudirán a la cumbre de jefes de Gobierno y de Estado de la OTAN, entre otras cosas porque la ministra de Trabajo tiene pendiente una "intervención quirúrgica", según fuentes de su entorno