El mismo día en que se conocía la decisión del juez de la Audiencia Nacional, José Luis Calama, de llamar como testigo al ministro de Presidencia, Félix Bolaños, por el caso de las escuchas a los móviles de Pedro Sánchez, Margarita Robles y Fernando Grande-Marlaska, la ministra portavoz, Isabel Rodríguez, ha asegurado que "desde el primer momento el Gobierno ha actuado con absoluta trasparencia y disposición a colaborar con la justicia".

Ha recordado que fue el Ejecutivo quien "puso en conocimiento de la justicia" el caso de las escuchas, por lo que "la disposición con la que afrontamos esto es con transparencia y certeza de que hay que colaborar con la Justicia". En definitiva, a Bolaños le llaman ante el juez "porque es el ministro que denunció los hechos". No ha querido darle mayor trascendencia ni interpretar si de lo que se trata es de dilucidar a quién correspondía el protocolo para el control de los móviles de los miembros del Gobierno, esto es, si al CNI o a la secretaría general de Moncloa, en manos de Bolaños cuando se produjeron las escuchas.

Respecto a la prórroga del plan de respuesta a la crisis por la invasión de Ucrania, ha apostado por preservar el espíritu del decreto, esto es, amortiguar el impacto de la desbocada inflación en las personas más vulnerables, pero no ha adelantado ninguna medida "porque hay que ser prudentes".

Este martes ha comparecido también en rueda de prensa el ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, cuyo paquete de competencias tiene impacto directo sobre uno de los sectores económicos más importantes de Andalucía, el agroalimentario. Si hace una semana se anunciaron 50 millones para luchar contra el paro en esta Comunidad, en pleno periodo electoral, hoy Planas se ha centrado en el Paquete Agrario Común (PAC).

El Consejo aprueba ahora una partida de ayudas directas de 193 millones para el campo y la ganadería

En este sentido, el Consejo ha aprobado un decreto por el cual 64,5 millones de euros de origen europeo se han complementado hasta sumar un total de 193 millones para dedicarlos a los sectores afectados por el incremento del precio de los insumos, esto es, energía, piensos o fertilizantes, con impacto directo en el sector agroalimentario.

Por otro lado, Planas ha calificado de falso "que este Gobierno esté en contra de la caza" y ha mostrado su convencimiento de que "nuestros sectores rurales votarán en absoluta libertad que para eso estamos en democracia, pero sabrán evaluar la actuación de un gobierno volcado en nuestro ganaderos, agricultores y medio rural a pesar del ruido".

En cuanto a la posibilidad de que el Ejecutivo aborde, de forma unilateral, la renovación de dos de los cuatro miembros del Constitucional, cuyo nombramiento le compete, la ministra portavoz ha defendido que "no es el Gobierno quien tiene que dar un paso adelante. Quien tiene que dar un paso es el PP. Se espera que avancemos en la renovación del CGPJ para cumplir con la de los magistrados del TC con absoluta normalidad".

"El PP puede decir misa, pero la realidad es que el TC pende también de la renovación del CGPJ y lo que es inaceptable es que el principal partido de la oposición se niegue a cumplir la Constitución. Lo que el Gobierno exige es que se avenga a dar cumplimento a la Constitución. Podríamos hacerlo esta misma tarde. Que Feijóo demuestre que es un señor de Estado", ha dicho la ministra.

El Gobierno se resiste a aclarar si abordará la renovación de los dos miembros del TC que le corresponden

Además, el Consejo ha tratado la continuación del despliegue de los planes estratégicos referidos a economía circular, lengua y chips, así como un paquete importante sobre agricultura y alimentación. En este sentido se ha acordado el reparto territorial de 176 millones de euros para la gestión de residuos y prevenir el desperdicio alimentario y que supone para las familias una pérdida anual de unos 250 euros. Se trata de regular, pero, también, de concienciar, según ha explicado el ministro Planas.

La lengua se considera, además, un factor de crecimiento económico, por nada menso que 1.100 millones de euros. Se crea el observatorio global del español para potenciar el español y la lenguas cooficiales en el proceso de digitalización de nuestra economía.