Miembros del departamento legal de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) buscaron información sobre las empresas y sociedades del presidente de la Liga Nacional de Fútbol Profesional (LaLiga), Javier Tebas; su hijo Javier Tebas Llanas; el Club de Fútbol Fuenlabrada del que el último formaba parte como secretario; el presidente de dicho club, Jonathan Praena y el abogado Javier Aranguren.

Los abogados de la RFEF habrían realizado dicho rastreo entre julio y agosto de 2020 a través de fuentes abiertas, concretamente del portal eInforma, según trasladan a El Independiente fuentes conocedora de dicha búsqueda que se sufragó con fondos del organismo rector del fútbol en España.

En aquel momento, según trasladan a este diario fuentes que estaban en la Federación, el departamento jurídico fue advertido de lo inapropiado que resultaba que el personal del organismo hiciera búsquedas sobre la actividad mercantil del otro gran hombre del fútbol Javier Tebas al que el presidente de la RFEF Luis Rubiales llevaba años enfrentado y que el precio de dicha búsqueda, aunque fuera bajo -tuvo un coste máximo de 200 euros- se sufragara con fondos del organismo. También indican que la búsqueda se hizo por indicación del presidente Rubiales.

El responsable del departamento jurídico de la RFEF, Pedro González Segura, consultado por este diario, reconoce dicha búsqueda pero la encuadra en el trabajo habitual del departamento jurídico de la RFEF para defenderse de las querellas y denuncias que se han presentado en las últimas fechas contra sus responsables, incluidos miembros del departamento jurídico, tras las que sitúa a Tebas.

En concreto, afirma que dichas búsquedas se hicieron para acreditar la vinculación entre Javier Tebas y el Club de Fútbol Fuenlabrada e incluirlas en un escrito de defensa en representación del organismo después de que un juzgado de Majadahonda admitiera una querella por presunta prevaricación contra responsables de la RFEF, entre ellos el presidente Rubiales, que interpuso el Fuenlabrada. El club aportó a la querella un informe pericial lingüístico que realizó la Liga Nacional del Fútbol.

La querella se interpuso en el marco de la disputa deportiva surgida aquel verano porque los órganos disciplinarios de la RFEF propusieran el descenso administrativo del club madrileño a Segunda División B que finalmente no se produjo. El juez de competición, contra el criterio de LaLiga, consideró que el cuadro presidido por Jonathan Praena no había respetado los protocolos de prevención de la Covid-19 y había comprometido la integridad de la competición. Toda la polémica se suscitó tras un brote de coronavirus en la plantilla del sur de Madrid, que impidió la disputa en Riazor del partido de la última jornada de Segunda División entre el Deportivo de La Coruña -que se jugaba el descenso- y el propio Fuenlabrada -que se jugaba el ascenso-. Al aplazar sólo ese partido y no la jornada entera, el equipo gallego se consideró perjudicado por no haber podido disputar la salvación en igualdad de condiciones respecto al resto de clubes.

Aquella querella fue archivada finalmente por la titular del Juzgado de Instrucción 4 de Majadahonda con un auto en el que expuso que "de las diligencias practicadas, que han sido muy voluminosas", no quedaba acreditada la comisión de ninguna de las actuaciones irregulares que denunciaba el club madrileño de fútbol, desde el que se apuntó en su querella a actuaciones de la RFEF para que se le sancionara y se produjera su descenso a Segunda División B. La juez destacó la "falta de credibilidad" en el relato de los denunciantes.

González Segura, en declaraciones a El Independiente, niega que Rubiales ordenara buscar información mercantil de Tebas, su hijo, el Fuenlabrada, su presidente y el abogado del Club y afirma que fue él mismo quien autorizó a los abogados de la RFEF para realizar dichas consultas con el fin de incluirlas en el escrito de defensa contra la citada querella. "Solicitamos a un registro público mercantil una información que se pide habitualmente, que es muy básica y que vale 30 euros. Entre todos los informes estaremos hablando de un total de 200 euros. Los necesitábamos para argumentar la vinculación que había entre el Fuenlabrada y LaLiga y por qué se pone esa querella, así como que nos llama poderosamente la atención que el abogado del Fuenlabrada sea el hijo de Tebas, que va a los interrogatorios. Aquí recibimos continuamente demandas y querellas y detrás de ellas está Tebas. Uno de nuestros problemas es explicarle a un juez por qué una asociación que se llama x nos mete una querella. Por qué el Fuenlabrada nos mete una querella. Y tenemos que explicar que es Javier Tebas el que está detrás de ellas. Tenemos que intentar demostrarlo".

El responsable del equipo jurídico del organismo explica que el coste de dichas consultas era muy inferior a los 1.500 euros a partir del que los directores de departamento de la RFEF tienen que pedir autorización a sus superiores.

Investigación de Anticorrupción

La Fiscalía Anticorrupción abrió el pasado 19 de mayo una investigación, como avanzó este diario, por posibles irregularidades en la gestión de Rubiales al frente de la RFEF admitiendo una denuncia de Miguel Ángel Galán, presidente del Centro Nacional de Formación de Entrenadores de Fútbol (CENAFE), en la que se basaba en las revelaciones que viene haciendo El Confidencial sobre documentación interna de la RFEF.

Entre las posibles irregularidades denunciadas está el acuerdo firmado con la Federación de Fútbol de Arabia Saudí para la disputa de la Supercopa de España que habría permitido supuestamente a la RFEF ingresar hasta 400 millones y a la empresa fundada y dirigida por el jugador del Fútbol Club Barcelona Gerard Piqué (Kosmos Global Holding SL) 24 millones en concepto de comisión por su intermediación. Por otro lado, Galán también pidió que se investigara a Rubiales por haber costeado la RFEF su vivienda a pesar de que él mismo como presidente puso la condición de que sólo se pagara ayuda de vivienda en caso de tener la residencia fuera de Madrid.

Por los mismos hechos que la Fiscalía abrió sus diligencias de investigación, el sindicato Manos Limpias se dirigió a los Juzgados de Instrucción de Madrid viendo indicios de los delitos de corrupción entre particulares, administración desleal y falsedad documental y el denunciante Galán también presentó una querella ante los juzgados de Majadahonda (Madrid). En caso de que un Juzgado inicie una investigación alrededor de posibles irregularidades en la RFEF, Anticorrupción tendría que archivar la suya.