El vicepresidente de la Junta de Castilla y León, Juan García-Gallardo, ha informado este lunes del acuerdo en el Gobierno de la comunidad para llevar a cabo una primera batería de diez medidas de reducción de gasto "superfluo e ineficaz", por importe de 20,3 millones de euros, que hasta ahora se destinaba a subvenciones a sindicatos y patronal.

Así lo ha anunciado el vicepresidente y procurador de Vox este lunes en una rueda de prensa que ha ofrecido junto al consejero de Industria y Empleo, designado por su partido, Mariano Veganzones, en la que han asegurado que estas medidas se trataron el pasado jueves "en el Consejo de Gobierno" y que son "solo el principio" ya que se anunciarán otras por parte de distintas consejerías del Gobierno autonómico que forman el Partido Popular y Vox.

Las cantidades suponen, como han aseverado los miembros del Gobierno autonómico, el "fin de las subvenciones directas" para diálogo social y prevención de riesgos laborales que suelen recibir "casi exclusivamente" CEOE, CCOO y UGT, como los 4 millones de euros en concepto de subvenciones nominativas para participación institucional; los más de 12 millones para acciones de orientación profesional para el empleo y asistencia para el autoempleo, o 925.000 para acciones de integración laboral de inmigrantes.

En una rueda de prensa celebrada apenas media hora antes de que en el Ministerio de Industria, en Madrid, se firmase el acuerdo que permite el mantenimiento del empleo en las plantas de Cerealto Siro Foods, García-Gallardo y Veganzones han comparecido para realizar el anuncio sobre estas medidas, que como ha recalcado el vicepresidente se trataba de algo "muy importante" para Vox y que se ha ido perfilando en distintos encuentros entre los miembros del Ejecutivo en las últimas semanas.

Según ha defendido, en el acuerdo alcanzado entre Partido Popular y Vox para la investidura de Alfonso Fernández Mañueco como presidente de la Junta, se planteó esta reducción del gasto como "un acuerdo global de intenciones" que se ha terminado de "concretar" en el Consejo de Gobierno del pasado jueves y ahora consideraba que "lo serio" era anunciarlo con medidas concretas como se ha hecho este lunes en rueda de prensa.

La "decisión de gobierno" no se traslada a los sindicatos

Eso sí, las decisiones no se han trasladado a los sindicatos porque, como ha puntualizado Mariano Veganzones, entienden que se trata de "una decisión de Gobierno" y "como tal, se comunica en rueda de prensa".

Las medidas se dirigen a recortar "de manera significativa" el gasto público vinculado a la participación institucional de los agentes económicos y sociales, así como la supresión de todas aquellas subvenciones que no acrediten un destino y utilidad para los ciudadanos.

También se implementarán mejoras de la eficiencia del gasto, mediante la transformación en concurrencia competitiva de las subvenciones directas gestionadas por los mismos actores y que no estén afectadas por las anteriores medidas.

Según indicó el vicepresidente en rueda de prensa, el objetivo de la Junta para el próximo presupuesto 2022-2023 pasa por reducir en no menos de un 50 por ciento el dinero público que reciben los agentes sociales en Castilla y León.

La primera Consejería en dar forma a este compromiso es la de Empleo, Comercio e Industria, con un plan de recorte pionero en España que revisa todas las partidas públicas entregadas a los agentes sociales, pero como ha advertido García-Gallardo, es "solo el principio".

García-Gallardo se ha mostrado convencido, en nombre de "todo el Gobierno", que "la paz social no debe ser a costa de subvenciones, del apesebramiento del gasto público que con mucho esfuerzo pagan todos los castellanoleoneses".

A este respecto, ha apuntado que confía en que estas medidas no supongan la ruptura del Diálogo Social, y ha justificado las decisiones en "el esfuerzo de reducción del gasto público" que están haciendo las administraciones para "atender a la emergencia económica y social que ya hoy sufren los castellanos y los leoneses".

"Apostamos por el diálogo social, creemos en el diálogo social, defendemos el papel que juegan los sindicatos en la sociedad pero no creemos que deba estar ultrasubvencionado como estaba hasta ahora", ha reflexionado García-Gallardo.

El titular de la Consejería, Mariano Veganzones, ha detallado estas medidas. Así, los 4.000.000 euros que hasta ahora han recibido "CCOO, UGT y CEOE" en concepto de subvenciones nominativas para participación institucional en Castilla y León quedarán rebajados a la mitad en el próximo presupuesto.

Las subvenciones directas para diálogo social y prevención de riesgos laborales, otros 3.600.000 millones de euros que también recibían CCOO, UGT y CEOE, se suprimen por completo. El dinero ahorrado se invertirá en una mayor dotación de personal en las Oficinas Territoriales de Trabajo que realizan esta misma función.

También se eliminan totalmente las subvenciones, 160.000 euros, a las cuatro cátedras relacionadas con la actividad de las asociaciones sindicales y patronales --40.000 para la USAL, 60.000 para la UBU y 60.000 para la UVA--.

Se recortan también las subvenciones para la realización de actuaciones en el marco del Servicio Público de Empleo. En concreto, 12.000.000 euros para acciones de orientación profesional para el empleo y asistencia para el autoempleo, 800.000 euros para acciones orientadas a trabajadores ocupados y 925.000 para la integración social y laboral de la población inmigrante.

Son casi 14 millones de euros con los ahora la Junta asegura que se promoverán cursos de formación con compromiso de contratación diseñados por las propias empresas, lo que garantiza su adecuación a las necesidades del mercado laboral. Estas acciones, según el consejero de Industrias, están siendo "muy demandadas" por el empresariado de la comunidad.

"En total, los agentes sociales de Castilla y León dejarán de recibir 20 millones de euros pagados por los contribuyentes, con el compromiso de invertirlos en políticas sociales de atención prioritaria, que ayuden a los ciudadanos en un momento de particular dificultad económica como la que atraviesa España".

García-Gallardo ha recordado que ya en uno de los primeros consejos de Gobierno de esta Legislatura se acordó destinar 10 millones de euros para la atención de refugiados acogidos, "que se detraerá del gasto institucional de promoción y difusión, tanto sociolaboral como sindical".