La batalla política que lleva más de un año abierta entre el Gobierno y el Partido Popular por el bloqueo del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) se ha trasladado al Tribunal Constitucional, donde cuatro de sus magistrados vencen el mandato este junio y tienen que ser renovados.

Puesto que dos de ellos deben ser nombrados por el Gobierno y otros dos por el CGPJ, que continúa bloqueado y sin posibilidad de hacer nombramientos mientras esté en funciones, el presidente Pedro Sánchez acusa al partido de la oposición de mantener un pulso para no renovar el Poder Judicial por su propio interés y el Partido Popular al Gobierno de haber maniatado al órgano de gobierno de los jueces al reformar con Podemos la Ley orgánica del Poder Judicial, quitándole la capacidad de nombrar mientras siga sin renovarse. Una situación de interinidad en la que el órgano lleva ya dos años y medio.

El ministro de Presidencia Félix Bolaños abrió la puerta la semana pasada a que el Gobierno nombre a los dos magistrados para sustituir al presidente del Tribunal Constitucional Pedro González-Trevijano y a Antonio Narváez aunque el CGPJ no pueda nombrar a los suyos. "El Gobierno podría hacerlo", afirmó durante una entrevista en Más de uno, de Onda Cero, refiriéndose a que la Constitución no especifica que no pueda hacerse la propuesta de nombramiento de los dos miembros que corresponden al Gobierno aunque el CGPJ no proponga a los dos sustitutos del vicepresidente Juan Antonio Xiol y Santiago Martínez-Vares que también cumplen su mandato este junio.

Y ante esa posibilidad, fuentes de la cúpula del PP en conversación con El Independiente advierten: "Si el Gobierno nombra a sus dos magistrados del TC, romperá todos los puentes de cualquier negociación para renovar el Consejo General del Poder Judicial". Consideran que si hacen la propuesta de nombramiento crearán una situación sin precedentes que ven como una deslealtad institucional.

Desde el partido de la oposición sospechan que tras la propuesta de sus dos magistrados, el partido del Gobierno tiene la intención de obligar a que más tarde, cuando haya renovación del CGPJ, se tenga que admitir a estos dos miembros que se hubieran puesto sobre la mesa previamente, aunque el Pleno del Alto Tribunal no diera el plácet para su nombramiento. Eso garantizaría invertir la mayoría conservadora del Tribunal por una progresista, una nueva etapa previsiblemente presidida por el magistrado Cándido Conde-Pumpido.

Conversaciones paralizadas tras el "mangantes"

Cuando Alberto Núñez Feijóo llegó a la presidencia del Partido Popular y propuso retomar las conversaciones para renovar el Poder Judicial, en seguida el ministro de Presidencia Félix Bolaños y el nuevo responsable de Justicia en el partido de la oposición, Esteban González Pons, comenzaron a hablar, trasladan desde el PP.

Sin embargo, las conversaciones se paralizaron cuando, en la tensa sesión de control al Gobierno posterior a la crisis desatada por el espionaje al independentismo a través del Centro Nacional de Inteligencia (CNI), el presidente Pedro Sánchez llamó "mangantes" a los miembros del PP. Un ataque que pareció inadmisible al equipo de Feijóo, más aún cuando ese mismo día el presidente tendía la mano al partido independentista Esquerra Republicana de Catalunya (ERC) para retomar la mesa de diálogo en aquella región.

En el TC confían en la renovación del CGPJ

En esta situación, y a pocos días de las elecciones de Andalucía, la renovación del CGPJ parece imposible de momento. Fuentes del Tribunal Constitucional consultadas por este diario continúan confiando en que Gobierno y oposición retomen el diálogo tras los comicios y renueven el Poder Judicial, lo que facilitaría la renovación del tercio del tribunal de garantías.

En el TC existe cierto consenso en entender que la Constitución establece en su artículo 159.3 que el tribunal debe renovarse por tercios, es decir cuatro magistrados a la vez cada vez. Sin embargo, prefieren no adelantar acontecimientos sobre si ratificarían o descartarían en Pleno el nombramiento de dos magistrados si el Gobierno los propone. Prefieren confiar en un acuerdo exprés -como el del pasado octubre en el que se renovó un tercio del tribunal de garantías y el Tribunal de Cuentas- cuando pasen las elecciones andaluzas.