El Partido Popular da por hecho que no habrá una reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial previa al esperado acuerdo con el que se desbloquee el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), que lleva tres años y medio en funciones porque esta formación y el PSOE no llegan a un punto en común.

El principal partido de la oposición enfría la posibilidad de retomar las negociaciones nada más pasar las elecciones andaluzas y condiciona un acercamiento al Gobierno para abordar de una vez el bloqueo del órgano a que el PSOE acepte una batería de medidas con las que proponen "renovar, reformar y regenerar" la Justicia en general, no sólo el órgano de gobierno de los jueces, aunque sin especificar cuáles serían.

Así lo trasladó este lunes a los medios de comunicación Esteban González Pons, vicesecretario Institucional del PP y responsable de los asuntos judiciales después de la celebración del comité de dirección de la formación.

Antes de que Alberto Núñez Feijóo asumiera la presidencia, la anterior dirección vino exigiendo que se reformara la ley para que fueran los jueces quienes elijan a los vocales judiciales del órgano, como piden las asociaciones judiciales y recomienda el Grupo de Estados contra la Corrupción (GRECO).

Sin embargo, este lunes González Pons trasladó a los periodistas que "hay una cosa que no pueden hacer ni los legisladores ni las asociaciones judiciales, que es incumplir la ley. Las asociaciones de jueces y magistrados no pueden pedirnos que incumplamos la ley. Otra cosa es que creamos que hay que modificarla. Pero, de momento, por el camino, la ley debe cumplirse. Por lo tanto, cuando hablamos de renovación sí hablamos de renovación conforme a la Ley Orgánica del Poder Judicial", afirmó el responsable político. Por lo tanto, el PP asume que el sistema de elección de los vocales del CGPJ no se modificará antes de que se aborde la renovación del órgano con el PSOE.

Renovación del Tribunal Constitucional

En cuanto a la renovación parcial de dos magistrados del Tribunal Constitucional que el Gobierno insiste en que podría hacer aunque el CGPJ no pueda nombrar a los otros dos magistrados que también vencen su mandato cuya propuesta corresponde al Consejo de jueces, González Pons consideró que "quebraría la Constitución" y el Gobierno "tendría que aceptar las consecuencias que le vinieran de Europa".

Un tercio del Alto Tribunal -el presidente Pedro González-Trevijano y el magistrado Antonio Narváez nombrados por el Gobierno de Mariano Rajoy, así como el vicepresidente Juan Antonio Xiol y el magistrado Santiago Martínez-Vares nombrados por el CGPJ- cumplieron su periodo este domingo.

Puesto que el CGPJ continúa sin poder realizar nombramientos mientras esté en funciones por la reforma legal impulsada por PSOE y Unidas Podemos, el Gobierno considera que podría nombrar a los dos magistrados que le corresponden aunque el PP no quiera desbloquear el órgano de gobierno de los jueces ya. Así lo han manifestado públicamente tanto el ministro de Presidencia Félix Bolaños como la ministra de Justicia Pilar Llop.

Sin embargo, en el propio tribunal de garantías una buena parte de los magistrados considera que la Constitución española establece claramente, en su artículo 159.3, que la renovación es por tercios. Es decir, de cuatro en cuatro magistrados.

De ahí que la dirección del PP considere que si el Gobierno nombra a sus dos magistrados sin esperar a la renovación del CGPJ será un acto de deslealtad institucional y lo verá como el paso previo a que se vuelen los puentes de cara a cualquier acuerdo futuro sobre la renovación del órgano de gobierno de los jueces, como avanzó este diario.