Las grandes energéticas se preparan para ganar la licitación del suministro de gas en el Senado. El Estado busca a una comercializadora que surta de esta materia prima para caldear uno de los edificios que representan la democracia en España.

Según el Boletín Oficial del Estado (BOE), el contrato tendrá una duración de un año a partir del día 1 de enero de 2023, "o de la fecha que se establezca en el mismo si se formalizase con posterioridad", quedando fijada su fecha de finalización el 31 de diciembre del mismo año. Además, según consta en el portal de contratación, el contrato podrá extenderse, incluidas las prórrogas, hasta diciembre de 2026.

A partir de ahora, las grandes comercializadoras de nuestro país podrán presentar su licitación para poder dotar de suministro de gas al Senado. El contrato, según estima el Estado, rondará los 850.000 euros.

Cabe recordar que si una de las empresas seleccionadas logran el concurso que ha sacado adelante el estado, “podrá concertar con terceros la realización parcial de la prestación siempre y cuando se respeten los requisitos establecidos”, según indica el pliego publicado recientemente.

De acuerdo al BOE, las empresas que intenten optar a este contrato, deberán remitir su propuesta antes del 11 de julio, fecha en la que ya no se aceptarán más propuestas, según consta en el escrito publicado este lunes en el boletín diario.

En el último concurso para suministrar el gas en el edificio público, Naturgy se impuso a Endesa para nutrir de gas a por un montante similar al que estima el Ejecutivo para el recién puesto en licitación.

Plan de ahorro energético

Este contrato coincide con el intento del Gobierno de Pedro Sánchez por reducir los costes energéticos en los edificios públicos. Con los costes de la luz, del gas y de los carburantes en máximos históricos, el Gobierno ha diseñado un plan que se va a llevar a cabo en las próximas semanas para rebajar la factura en los grandes edificios dependientes de los ministerios gubernamentales.

Según el Ministerio de Hacienda, el objetivo de dicha iniciativa es racionalizar el uso de “edificios e instalaciones administrativas y establecer formas de organización en el trabajo que redunden en ese ahorro”.

Entre las grandes medidas que Moncloa ha diseño destaca la implantación de paneles solares de autoconsumo en los edificios más representativos como lo son los ministerios, ajustes de apagados y encendidos de instalaciones, iluminación o ventilación, promover el transporte público y bicicletas, y un mayor control del uso de papel y del plástico.

Además, el Gobierno fomentará el teletrabajo de los funcionarios del Estado y podrán realizar sus labores telemáticamente tres días por semana. Esta medida, según el documento que presentó el Ejecutivo, supondrá ahorros de hasta el 25% en la factura de la luz.

No obstante, cada ministerio o entidad estatal deberá aprobar un plan de trabajo que incorporará una declaración de puestos susceptibles para teletrabajar, que cumplan las condiciones para ello.

Por su parte, las otras medidas, el Ministerio de Hacienda estima que podrán reducir en hasta un 25% el consumo de los edificios o reduciendo en casi un 20% el consumo energético asociado a los desplazamientos al trabajo.

Por último, el Ministerio de Hacienda también ha dado la orden para revisar la potencia contratada en los edificios gubernamental.