Policías nacionales y guardias civiles quieren aprovechar la celebración de la cumbre de la OTAN a final de mes en Madrid para "dar visibilidad" a la reivindicación de la equiparación salarial con los cuerpos autonómicos e iniciar un nuevo calendario de movilizaciones en las calles con la tregua que está concediendo la pandemia.

La convocatoria la promueve Jusapol, la plataforma que se constituyó en 2017 para reclamar que los integrantes de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado cobren el mismo sueldo que los funcionarios de los Mossos d'Esquadra y de la Ertzaintza a igualdad de categoría y funciones. Esa lucha se materializó con el abono por parte del Ministerio del Interior de 807 millones de euros entre 2018 y 2020, lo que ha permitido recortar de forma notable la brecha salarial existente pero no en su totalidad.

La asociación registró este lunes ante la Delegación del Gobierno de Madrid la solicitud de autorización para llevar a cabo una concentración a las puertas del recinto ferial de IFEMA no sólo los días 29 y 30 de junio -cuando se llevará a cabo la cumbre de la OTAN- sino también el 28. No han tenido de momento respuesta.

"Pensamos que es un escenario propicio para darle visibilidad a nuestra reivindicación. Que sepa todo el mundo que seguimos engañados por el Gobierno, que dice que la equiparación está culminada cuando no es verdad. Si estuviéramos equiparados no saldríamos a las calles. Falta mucho dinero y vamos a seguir dando guerra", declara a este diario el recién reelegido presidente de Jusapol, Miguel Ángel Gómez.

Lejos de aceptar que la igualdad retributiva se ha alcanzado con el dinero desembolsado por el Estado y que el proceso se da por terminado, la plataforma asegura que los estudios que han realizado les llevan a la conclusión de que a un policía de base "le siguen faltando 500 euros" (con las pagas prorrateadas) en relación con los policías autonómicos y "diferencias en la jubilación de 900 euros". "Tenemos motivos más que suficientes para iniciar un calendario de movilizaciones", justifica Gómez.

Interior dio terminado el proceso de equiparación salarial a finales de 2020 con el abono del tercer tramo

Con el abono a finales de noviembre de 2020 del tercer tramo (247 millones), el Ministerio del Interior dio por concluido el proceso de equiparación salarial iniciado en 2018 con la firma del acuerdo con cuatro sindicatos de la Policía Nacional (SUP, CEP, SPP y UFP) y siete asociaciones profesionales de la Guardia Civil (AUGC, AEGC, UO, APROGC, UniónGC, ASESGC y la Asociación Profesional de Cabos), lo que ha permitido incrementar las nóminas una media de un 20 % en relación con las cantidades que estos funcionarios del Estado percibían antes de que se pusiera en marcha.  

Tanto las organizaciones firmantes como Jusapol -plataforma que se desmarcó del acuerdo al entender que los 807 millones eran insuficientes- reconocen el importante aumento retributivo que se ha registrado, pero entienden que no se ha alcanzado el objetivo de la equiparación "total y absoluta" como se había comprometido Interior al sustentarse sus cálculos en un informe incompleto. La Generalitat de Quim Torra no le facilitó datos de los Mossos, como la auditora hizo constar en su trabajo.

El equipo que dirige Grande-Marlaska obligó a Ernst&Young Abogados a que ciñera su trabajo a los 807 millones de euros comprometidos inicialmente por Interior. Esa exigencia iba en contra del espíritu y de la letra del acuerdo de equiparación salarial, cuya cláusula primera recogía el compromiso de la Secretaría de Estado de Seguridad de aceptar las "correcciones" que pudiera formular la consultora si su análisis determinaba que la citada cantidad de dinero era insuficiente para alcanzar la igualdad retributiva completa.

Concentración motera

Mientras el Gobierno de Pedro Sánchez da por pasada la página del proceso de equiparación, Jusapol -asociación de la que ha salido el sindicato actualmente mayoritario en la Policía (Jupol) y la asociación profesional de la Guardia Civil con mayor representatividad (Jucil)- convoca a sus socios a nuevos actos de protesta en las calles. El pistoletazo de salida a las nuevas movilizaciones se produce tras la reciente reelección de la junta directiva y un año antes de las elecciones para designar a los vocales en el Consejo de Policía.

El próximo 25 de junio, la asociación pretende llevar a cabo una concentración motera en Madrid, para lo que solicitó a principios de mes la correspondiente autorización. Y tres días antes secundará las concentraciones, junto con CSIF, ante las delegaciones del Gobierno de todo el país. "Falta mucho por conseguir", insiste Miguel Ángel Gómez.