Moncloa ya no parece tan segura. A pesar de las manifestaciones tanto de la ministra de Justicia, Pilar Llop, como del titular de Presidencia, Félix Bolaños, parece enfriarse la opción de que el Gobierno proceda de manera unilateral a la renovación de dos magistrados del TC de los cuatro que vieron expirado su mandato el pasado domingo 12 de junio y, de este modo, acabar con la mayoría conservadora en el alto tribunal.

"Que el PP cumpla la Constitución", insisten en responder una y otra vez ante la pregunta directa de si Moncloa renovará por su cuenta a esos dos magistrados, cuestión que suscita discrepancias entre los expertos y que podría acabar recurrida ante el Tribunal Constitucional, riesgo que el Ejecutivo no desea correr.

Lo cierto es que los socios de Gobierno llevaban tiempo hablando de estos nombramientos conforme se acercaba la fecha de caducidad de Pedro González-Trevijano, presidente del TC, y de Antonio Narváez, ambos a propuesta del Ejecutivo. Los interlocutores son el propio Bolaños, por parte del PSOE, y el secretario de Estado de Agenda 2030 y líder del PCE, Enrique Santiago, por indicación directa de la vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz. Pero el 12 de junio ha pasado ya y el órdago no se ha materializado.

Bolaños, por el PSOE, y Santiago, por UP, llevan semanas negociando los dos nombres

También ha culminado el mandato de Santiago Martínez-Vares y Juan Antonio Xiol, elegidos por el CGPJ. Pero la decisión de los aliados gubernamentales de limitar la competencias del Consejo, hasta que no se procediera a su renovación, impide a este órgano proponer ningún nombre, y ahí radica la principal dificultad.

El artículo 159.3 de la Constitución señala que "los miembros del Tribunal Constitucional serán designados por un período de nueve años y se renovarán por terceras partes cada tres", esto es, cuatro miembros. El debate reside en si la renovación debe ser en bloque o puede abordarse por separado al ser dos órganos distintos los que deben nombrarlos. En fin, un galimatías jurídico-institucional.

El PP ya ha advertido a Moncloa que si procede a la renovación unilateral "romperá los puentes" para el CGPJ. Además Feijóo parece querer vincular ahora el Consejo a otros pactos de Estado como impedir el acceso de cargos políticos a la Fiscalía General -léase el caso de Dolores Delgado- o al CNI, dirección ocupada ahora por la que fuera secretaria de Estado de Margarita Robles, Esperanza Casteleiro.

Las fuentes monclovitas consultadas ponen el acento en que son ya tres los años y medio de interinidad del Consejo "y no se puede normalizar que el PP incumpla la Constitución. Es ahí donde debe estar el foco", abogan. Lo de los populares "es un tema de incumplimiento que hace daño a las instituciones", insisten, dejando claro que no van a negociar otra cosa que no sea el Consejo.

Moncloa defiende que los jueces "ya intervienen y participan" en la elección del CGPJ

Y es que contra las mismas tesis de la Comisión Europea -que defiende se proceda ya a los nuevos nombramientos del órgano de Gobierno de los jueces pero, también, que sean éstos los que decidan en un futuro la composición del Consejo-, Moncloa defiende que los jueces "ya intervienen y participan del proceso con el actual mecanismo y en el porcentaje" que exige la UE. La ministra portavoz, Isabel Rodríguez, señaló ayer desde la sala de prensa de Moncloa que el "drama no es el sistema de elección", sino los incumplimientos del PP, que lleva años dilatando la negociación.

Precisamente, Bolaños se reunió ayer con la comisaria de Valores y Transparencia de la Comisión Europea, Vera Jourová, con la que, según Moncloa, coincidió "en la urgencia de renovar el CGPJ", pero nada dice de la otra recomendación, esto es, reformar en sistema de elección de sus miembros.

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La fecha del 12 de junio estaba escrita negro sobre blanco en el documento de 13 páginas que Pedro Sánchez entregó a Feijóo en su reunión de Moncloa el 7 de abril con 11 propuestas de pacto de Estado. En su punto 2 recordaba que en junio de 2022 le corresponde al Constitucional renovar el "tercio designado por el CGPJ (2) y el gobierno (2). No obstante, el bloqueo y la situación de interinidad del CGPJ dificulta la renovación del máximo intérprete de la Constitución".

Para "el cumplimiento de este acuerdo en el plazo constitucional establecido, es necesario la sustanciación de los trámites parlamentarios que hagan posible la renovación en el Tribunal Constitucional antes del próximo 12 de
junio". El reloj del alto tribunal también ha empezado a correr.