Los exministros de Justicia Juan Carlos Campo (PSOE), Rafael Catalá (PP), Alberto Ruiz-Gallardón (PP) y Juan Fernando López Aguilar (PSOE) han urgido este viernes a la renovación del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), en funciones desde diciembre de 2018.

En una mesa de debate durante las jornadas académicas por el 425 aniversario del Colegio de Abogados de Madrid, los ex políticos han expuesto sus diferentes visiones respecto al sistema de elección de los vocales del órgano de gobierno de los jueces.

"La Justicia no está nada politizada", ha reivindicado Campo. El exministro socialista a quien relevó en el puesto la actual ministra, Pilar Llop, ha reconocido que en el debate sobre cuál es el mejor modelo para elegir a los veinte vocales del CGPJ, por ahora escogidos por el Congreso de los Diputados y el Senado, "hay muchos sistemas, ni mejores ni peores", pero cada uno de ellos necesita sus coordenadas y funcionan de distinta manera, según ha recogido Europa Press.

"Si la Constitución dice que se renueva" el CGPJ "cada cinco años y que ningún vocal puede repetir, el mandato es claro: a los cinco años hay que renovarlo y, por tanto, hay que hacerlo y hablarlo", ha afirmado Campo, para quien hay que "empeñarse", porque así lo marca la Carta Magna, en que el organismo funcione y "no en bloquearlo".

Campo ha subrayado que la primera obligación que tiene un ciudadano, "y mucho más" un jurista, es cumplir las leyes. Por ello, el exministro ha insistido en que el CGPJ tiene que renovarse.

A su vez nombrado por el PSOE, López Aguilar ha rechazado que la Justicia se guíe por intereses políticos y ha destacado que la independencia judicial está, "sin duda, garantizada", al tiempo que ha dicho que las presiones no son solo de la política, sino que hay intentos de influir desde otros ámbitos de poder como la economía.

Sobre el CGPJ, López Aguilar ve "importantísimo" que se renueve "si ese es el mandato" ordenado por la Constitución, porque la demora es "agónica" y arrastra consigo otros problemas como la "falta de cobertura" en puestos vacantes en el Tribunal Supremo. Lo primero e "inexorable", a juicio de quien fuera ministro, y antes de hablar de reformas en el modo de elección, es proceder a renovarlo.

Por su parte, Catalá ha defendido la "rabiosa independencia" de la Justicia española y, de cara a combatir la idea de su politización, ha apuntado que será tarea del próximo CGPJ trabajar por la "transparencia" del organismo en los nombramientos, pero no ha entrado a comentar qué modelo de designación le gusta más.

"Debe ser el CGPJ quien haga una labor intensa de recuperación de legitimación de la independencia del Poder Judicial" frente a un "debate tan dañino para nuestra Justicia y para los propios jueces", ha agregado Catalá, que ha abogado por ser transparentes de la mano de la exigencia de responsabilidades, "ajena al Poder Judicial".

Mientras, Gallardón ha dicho estar confiado de que el CGPJ acabará renovándose tarde o temprano con la "legislación vigente", pero ha indicado que el acuerdo que se alcance traerá consigo una "reflexión profunda" sobre el sistema de elección de los vocales, dado que esta situación es "critica" para los órganos judiciales.

Para el exministro popular, el problema es que el PP y el PSOE han interpretado mal la Constitución y se han atribuido que se tienen que "repartir" el organismo en función de los resultados de las últimas elecciones. "Hay que acabar con el reparto y que el consenso, si se alcanza, sea que los 20 vocales sean de todos. Prefiero el derecho de veto al sistema de reparto", ha sostenido.

El exministro ha reivindicado que la Justicia es independiente. "Lo es, no tengo la más mínima duda", ha resaltado frente a una percepción contraria en la ciudadanía, que "no es verdad". En este sentido, ha abogado por acabar con los "apellidos", conservador o progresista, de los magistrados, pues "contamina". Con todo, ha reconocido que los partidos tienen una "vocación de intromisión".

Culpa a las asociaciones judiciales

Gallardón ha atribuido a las asociaciones de jueces haber deslegitimado el sistema de elección porque cuando tenían mayoría en el CGPJ proponían a sus asociados y olvidaban a los que no lo eran.

"Quien ha deslegitimado este sistema, que sobre el papel es más adecuado, han sido las asociaciones judiciales, no fueron los partidos políticos ni los gobiernos", ha criticado el exministro.

Y ha señalado que las asociaciones han tenido históricamente mucho peso en el órgano de gobierno de los jueces y ha hecho hincapié en que la mitad de los jueces están afiliados a alguna. "Cuando las asociaciones deciden los nombramientos a través de este sistema, el 50% no tiene acceso a esas plazas", ha asegurado.

"Las asociaciones lo convirtieron en un sistema de canalización de intereses de sus asociados, primados frente al resto. Se abusó y marginó al 50% de lo jueces que, por no estar en ninguna asociación, veían reducida de forma trascendente sus posibilidades de ascender en la carrera, y eso es tremendamente injusto", ha sostenido.