El diputado del Partido Popular y secretario de organización de la misma formación durante la etapa de Pablo Casado, Alberto Casero, ha declarado este lunes en el Tribunal Supremo como investigado por cinco contratos de adjudicación que firmó entre 2017 y 2018 durante su etapa como alcalde del municipio cacereño de Trujillo.

La Fiscalía ve indicios de que pudo incurrir en los delitos de prevaricación y malversación por la tramitación de dichos contratos. Esa es la postura del Ministerio Público, representado por la fiscal Ángeles Montes, en el procedimiento abierto al político por la Sala Penal del Tribunal Supremo el pasado marzo, concretamente por el instructor Andrés Palomo, después de recibir la exposición razonada de la jueza de Trujillo Patricia Gutiérrez pidiendo que se investigara al aforado por un delito de prevaricación continuada. La jueza consideró que los contratos bajo investigación se adjudicaron a dedo, sin cumplir con los trámites requeridos.

Este lunes, Casero, que ha comparecido de manera voluntaria respondiendo a la oportunidad que le ha dado el instructor de la causa antes de enviar el suplicatorio al Congreso de los Diputados, ha reconocido que pudo haber irregularidades o problemas administrativos en los contratos, pero ha negado las actuaciones que se le achacan para haber incurrido en prevaricación o malversación.

A la salida del tribunal, se ha dirigido a los medios y ha afirmado sentirse "tranquilo" y haber aportado "cuestiones nuevas que aclaran algunas cosas" a la fiscal y el juez del alto tribunal.

La titular del Juzgado número 2 de Trujillo investigó tales contratos a instancias de la Fiscalía y vio indicios de los delitos en la actuación del diputado que saltó a los titulares de la prensa nacional por equivocarse en la votación que permitió sacar adelante en el Congreso el pasado febrero la reforma laboral del Gobierno de Pedro Sánchez.

Los contratos investigados

Según la exposición razonada de la jueza de Trujillo, en marzo de 2017 Casero contrató a un psicólogo para asistir a mujeres víctimas de violencia de género firmando un contrato menor de 18.000 euros con él meses después de prestar sus servicios a pesar de no estar dado de alta en la Seguridad Social. El alcalde «no informó ni aportó al Ayuntamiento el contrato suscrito ni se instruyó expediente de contratación ni se recabó informe del órgano de Contratación sobre la necesidad del servicio, ni se aprobó el gasto».

Por otro lado, Casero habría firmado un convenio con la Cámara de Comercio de Perú que llevaba aparejado un contrato por el que se comprometía a realizar una aportación económica de 25.000 euros para financiarlo. Pero no informó a los servicios económicos ni jurídicos del consistorio y no aportó copia del convenio al interventor. Recordaba el escrito de la juez que ese convenio no fue aprobado en pleno ni por resolución de alcaldía y no se sometió a información pública ni se publicó en el BOE. Añade que ese contrato no podía adjudicarlo directamente porque superaba los 18.000 euros y por tanto precisaba licitación.

En cuanto a los otros tres motivos por los que la jueza vio indicios de prevaricación administrativa, figura un compromiso verbal del investigado en 2017 con la Asociación Cultural Bon Vivant para celebrar la gala Pop Eye en el municipio cacereño a cambio de un patrocinio institucional de 18.000 euros por el que no habría informado a los técnicos del Ayuntamiento ni habría tramitado expediente, además de dejar supuestamente facturas recogidas en el convenio por valor de 9.000 euros sin cobrar por parte del Ayuntamiento.

La exposición razonada recogía que en 2018 el alcalde habría contratado a la compañía Ícaro Consultores en Comunicación para organizar la feria del queso por un importe de 14.300 euros como contrato menor sin seguir los cauces habituales siendo, sin embargo, un servicio periódico y previsible año tras año, no puntual.

También para la Feria Internacional del Queso habría firmado un contrato menor de publicidad con Radio Interior SL que habría superado el límite de 15.000 euros para tales contratos y además recogía, según la investigación, una prestación periódica.