Si alguien creyó que la renuncia de Carles Puigdemont a seguir ejerciendo la presidencia de Jxcat era un paso atrás del ex presidente catalán en la política, se equivocó. "Puigdemont seguirá siendo siempre nuestro presidente, y el presidente legítimo de Cataluña mal que les pese a muchos" anunció entonces Laura Borràs. El ex president dio el relevo consciente de que no puede comandar desde Bruselas el día a día del partido. Pero no era una renuncia.

Al contrario. A las puertas del quinto aniversario del 1-O, el entorno del líder independentista confía en que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) se pronuncie en septiembre sobre la inmunidad de Puigdemont como europarlamentario. Y que lo haga a favor del ex president. Aunque el dictamen definitivo para Puigdemont, será el del Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) sobre los recursos de los condenados por el Tribunal Supremo.

Si el Tribunal de Estrasburgo les diera la razón, y obligara a anular el juicio del procés, sería el pistoletazo de salida para el regreso de Puigdemont a España, porque entienden que el Supremo difícilmente podría juzgarlo entonces. Y su entorno prepara ya el camino para que sea un retorno en loor de multitudes como líder del independentismo auténtico, tras el regreso al autonomismo del que acusan a ERC.

El papel del Consell per la República

Aquí es donde adquiere el relevancia el Consell per la República (CxR). Sus impulsores lo presentan como un actor "institucional" aunque no tenga ningún reconocimiento legal. El vehículo de representación del "exilio" desde el que quieren cubrir dos flancos: preparar el retorno de Puigdemont manteniendo activas las redes independentistas en Cataluña; y mantener viva la reivindicación independentista en el extranjero.

Con 100.000 asociados, el CxR aspira a convertirse en el nuevo aglutinador del independentismo, aunque de momento no cuenta con el apoyo de Esquerra -que recela de una entidad creada a medida de las necesidades de Puigdemont- y despierta recelos en Òmnium y una parte de la CUP.

Pero esos 100.000 asociados son la clave del primer objetivo del CxR. Mantener viva una estructura propia en Cataluña, que ya se está implementando con la creación de los consejos locales, que permita llegado el momento convocar nuevas movilizaciones independentistas. La primera, confían en el Consell, para recibir a Puigdemont de vuelta.

Proyección exterior

En el segundo objetivo, el de la diplomacia internacional del independentismo, adquiere relevancia esa consideración "institucional". Presentarse como el "gobierno en el exilio" o el "gobierno legítimo" catalán será la primera tarjeta de presentación de la red de delegados internacionales del Consell.

De momento siete delegados, cuatro de ellos en Europa: Mai Santamaria (Dublín), Axel Schönberger (Frankfurt), Pau Figueras (Londres), Adrià Muñoz (Luxemburg). Otros dos en Estados Unidos: Carina Portillo i Prat en Los Angeles y Thomas S. Harrington en Nova York; Ignasi Vich en San José de Costa Rica, Aurora Campo en Tel Aviv y Josefina Bieto en Wellington (Nueva Zelanda).

La previsión es crear una red de entre 15 y 20 delegados. Personas con ganas y posibilidades de impulsar el discurso independentista, reivindicar el 1-O, en definitiva "hacer ruido para que fuera no se olviden del conflicto". Mantener viva esa brasa para el próximo envite.

Unidad del independentismo

Este es el papel del CxR en los próximos meses. Pero si la justicia europea le da la razón, el entorno de Puigdemont confía en que el ex president sea el aglutinador de los tres espacios qu a su juicio deben revitalizar el impulso independentista: el propio Consell, la ANC y JxCat, a los que se buscaría sumar a una parte de la CUP, la asociada a Poble Lliure.

Son las organizaciones que mantienen el discurso independentista más ortodoxo y combativo, frente a la apuesta por el diálogo de Esquerra, que ven como una renuncia al proyecto independentista.

No se trata de una suma de totales, porque CxR y la ANC tiene mucha doble militancia, reconocen. Militancia que en el caso del Consell se replica también en Junts. Pero sí de aprovechar las estructuras de las tres organizaciones para provocar un nuevo envite independentista.

Crisis de Govern

La estabilidad del Govern de Pere Aragonès juega en este plan un papel fundamental. Porque el regreso de Puigdemont no puede ir asociado "solo" a unas elecciones municipales, tiene sentido si se hace a las puertas de una nueva convocatoria autonómica, que en Cataluña no está prevista hasta 2025.

Pero el congreso de JxCat, que el próximo julio debe aprobar su ponencia política, puede poner en cuestión esa estabilidad si finalmente se acuerda someter al criterio de las bases la continuidad de Junts en el Govern. Así lo recoge la ponencia actual, como colofón del balance del primer año de legislatura prometido por Jordi Sánchez. La consulta, de aprobarse, se haría coincidiendo con el quinto aniversario del 1-O.

No es la única amenaza a la estabilidad del Govern. El futuro judicial de Laura Borràs cuestiona también esa estabilidad. El Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) debería abrir juicio oral a la presidenta del Parlament en otoño, por la presunta corrupción en su gestión al frente del Instituto de las Letras Catalanas.

En ese momento el Parlament deberá decidir su cese como diputada y presidenta de la cámara, y no parece que ERC y la CUP estén dispuestos a sostenerla, lo que podría derivar en la ruptura de la actual coalición de gobierno en Cataluña.