Dos horas de reunión entre el ministro Félix Bolaños y la consejera de Presidencia de la Generalitat, Laura Vilagrà, han servido para "retomar las relaciones políticas e institucionales; el horizonte de futuro y de diálogo que siempre hemos reivindicado. Las dificultades se abordan con más diálogo", en interpretación del primero. Pero como viene siendo habitual, las versiones de uno y de otro difieren. De hecho, Vilagrá ha sentenciado que "no podemos hablar de normalización de relaciones" de ERC con el Gobierno central.

Y el "Caso Pegasus" ha vuelto a ser uno de los principales escollos. Bolaños ha admitido la existencia de "discrepancias" a pesar de todas las medidas implementadas por el Gobierno para "esclarecer los hechos", de modo que todas las personas que hayan visto vulnerado su derecho al secreto de las comunicaciones "se vean acompañadas por el estado de derecho. Han sido pasos bastante contundentes", pero, sin embargo, Vilagrà le ha trasladado que para ellos no ha sido suficiente.

De hecho la consejera ha exigido "hablar de la represión" en la que el independentismo incluye desde Pegasus a los procesos judiciales pendientes o la revisión de los indultos en el Tribunal Constitucional. En este contexto, Vilagrà ha dejado claro que no se retomará la normalidad institucional hasta no tener garantías de que el Gobierno está dispuesto a "acabar con la judicialización".

No ha querido aclarar en qué se traducen esas garantías. Pero ha señalado el Informe Cilevics -aprobado hace un año por el Consejo de Europa, del que el lunes se presentó el balance de cumplimiento- como una buena "hoja de ruta" para que el Gobierno contente sus aspiraciones.

Entre los puntos destacados por la consejera catalana está la exigencia de una reforma del Código Penal para cambiar los delitos de sedición y rebelión, o la reforma del Tribunal de Cuentas, convertido en azote del independentismo. Vilagrá ha señalado también la "desjudicialización del procés y frenar las euroórdenes" como "elementos relevantes que hay que abordar en los próximos meses".

Marco de garantías

Algo más contemporizadores se han mostrado a la hora de acordar un documento de futuro que recoja, como principios básicos la "defensa a ultranza" del diálogo y de la negociación. Cataluña y España "necesitan soluciones políticas y acuerdos, tanto entre gobiernos como entre representantes políticos sin judicializar la política".

Asimismo se comprometen al "pleno respeto a todos los planteamientos y posiciones políticas, que de hecho están muy distantes, pero en democracia todas las ideas son posibles y respetables". Además, los ejecutivos han reiterado su voluntad de hacer realidad la comprometida reunión entre Sánchez y Aragonès, aún sin fecha dado lo cargada de la agenda del jefe del Ejeutivo, ha recordado Bolaños. Aunque Vilagrà ha dejado claro que debe producirse "antes de vacaciones".

Moncloa habla de "horizonte de estabilidad institucional y política" para abordar los retos y el futuro político de Cataluña, lo que no se compadece con la posición de Vilagrà, mucho más dura.

"No hay motivos para hablar de normalización" ha advertido la consejera que ha reclamado primero garantías para restaurar la confianza. "El Gobierno debe decidir si está dispuesto a ir más allá de las proclamas y generar condiciones para una nueva negociación" ha concluido, confiando en que "haya resultados en breve" que posibiliten el encuentro Sánchez-Aragonès y, después la convocatoria de la mesa de diálogo y de la Comisión Bilateral.

Sánchez en Barcelona

Vilagrà llegaba al encuentro en la Moncloa con el mandato de centrar la reunión en la necesidad de "abordar la carpeta de la represión" en la que los independentistas incluyen desde el 'Caso Pegasus' a los juicios pendientes a dirigentes independentistas. Entre ellos Josep Maria Jové y los consejeros Roger Torrent y Natalia Garriga, o la anterior Mesa del Parlament.

En este contexto, Pedro Sánchez parece dispuesto a retomar la "agenda catalana", por lo menos formalmente, con su visita el próximo lunes a Barcelona. El presidente del Gobierno participará en la entrega de premios de la patronal Pimec, una cita confirmada este mismo miércoles, pese a producirse en vísperas de la llegada de el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, a Madrid para participar en la cumbre de la OTAN en Madrid.