Nueve vocales del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) abogarán en el Pleno que se celebrará el próximo jueves por pedir al Congreso de los Diputados que recabe su opinión jurídica en un informe sobre la reforma legal que prevé sacar adelante el PSOE para que el órgano de gobierno de los jueces pueda volver a realizar nombramientos de la cúpula judicial a pesar de continuar en funciones.

También pedirán que se someta a votación que el Consejo de jueces se dirija a la Comisión Europea para informar sobre la referida reforma legal que planea el partido del Gobierno porque va contra lo dispuesto por las instituciones de la Unión Europea respecto a los principios del Estado de Derecho y el respecto de la independencia judicial ya que afecta al Poder Judicial, consideran.

Así se traslada en un documento presentado al presidente del órgano, Carlos Lesmes, al que ha tenido acceso El Independiente en el que los vocales Wenceslao Olea, Nuria Díaz, José Antonio Ballestero, Juan Martínez Moya, José María Macías, Juan Manuel Fernández, Gerardo Martínez Tristán, Ángeles Carmona y Carmen Llombart solicitan incorporar ambas cuestiones al orden del día del Pleno que se celebrará el próximo 30 de junio.

Argumentación "contradictoria e incoherente"

En dicho documento, los vocales consideran que la argumentación con la que el PSOE quiere devolver al CGPJ la competencia de realizar nombramientos únicamente para reemplazar a los magistrados del Tribunal Constitucional (TC) que han vencido su mandato este junio "resulta contradictoria e incoherente".

La proposición de ley de los socialistas, presentada el pasado viernes en el Congreso, recoge en su exposición de motivos que la finalidad de la reforma legal busca "evitar la dificultad que el texto vigente entraña para la renovación de los órganos constitucionales". Los vocales mencionados trasladan en su documento que "tan Órgano Constitucional es el tribunal de garantías como como lo son los juzgados y tribunales, servidos por jueces y magistrados integrantes del Poder Judicial (art. 117 CE) cuyo superior, en todos los órdenes, es el Tribunal Supremo, de acuerdo con el artículo 123.1 de la Constitución Española. Norma ésta que a su vez también confiere rango constitucional a la Jurisdicción Militar conforme a su art. 117.5".

Los socialistas han propuesto reformar la Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ) para retroceder respecto a la reforma de dicha ley que impulsaron precisamente PSOE y Podemos para impedir que el Consejo de jueces hiciera nombramientos mientras estuviera en funciones. Se trató de una manera de presionar al Partido Popular para llegar a un acuerdo político y se aviniera a renovar el órgano de gobierno de los jueces.

No tuvo resultado, porque dos años después de salir adelante dicha reforma legal, el CGPJ sigue bloqueado. Además, la medida se le ha vuelto en contra al Gobierno, porque el 12 de junio cumplieron su mandato en el Tribunal Constitucional el presidente Pedro González Trevijano, el vicepresidente Juan Antonio Xiol y los magistrados Antonio Narváez y Santiago Martínez-Vares. Trevijano y Narváez fueron nombrados por el Gobierno de Mariano Rajoy y, por lo tanto, corresponde ahora al de Pedro Sánchez elegir a sus sustitutos. Pero Xiol y Martínez-Vares fueron propuestos para el cargo por el CGPJ, que ahora tendría que elegir a quienes les reemplacen pero no puede hacerlo porque continúa con la función de nombrar impedida por el efecto de aquel cambio legal citado hasta que PSOE y PP no lleguen a un acuerdo político.

Ahora, el partido del Gobierno ha registrado en el Congreso la nueva proposición para reformar la misma ley y permitir al CGPJ nombrar únicamente a los magistrados del TC, buscando invertir la mayoría conservadora por una progresista en el Alto Tribunal y facilitando que el magistrado Cándido Conde-Pumpido llegue a la presidencia sorteando la necesidad de acordar con el principal partido de la oposición la renovación.

Europa ya advirtió de la necesidad de consultar

Al buscar modificar de nuevo la ley -para lo que el PSOE necesitará a Podemos, ERC y Bildu- por medio de una proposición, no es necesario pedir un informe preceptivo al CGPJ. Sin embargo, los vocales del CGPJ discrepan sobre la interpretación que se ha hecho hasta ahora al respecto: "La interpretación que se ha venido haciendo del art.561.1 de la Ley Orgánica del Poder Judicial ha consistido en que, en relación con las materias que allí se indican, el gobierno tiene la obligación de someter sus anteproyectos al informe del Pleno de este CGPJ, mientras que para las proposiciones de ley presentadas en las Cortes Generales por los grupos parlamentarios la solicitud de ese informe no es obligatoria, sino solo posible -art. 561.1.9º. LOPJ-".

Pero los vocales recuerdan que tal interpretación va contra las directrices de la Unión Europea respecto a que "todos los sectores implicados", incluido el CGPJ, emita informe sobre las reformas legales que afecten a "aspectos nucleares del estatuto o las funciones de los miembros del órgano de gobierno del Poder Judicial".

A finales de 2020, cuando PSOE y Podemos presentaron también por medio de una proposición de ley la reforma de la ley del Poder Judicial que limitó la función de nombrar del CGPJ, la Comisión Europea ya advirtió de la necesidad de que las reformas legales que afecten al Poder Judicial sean consultadas con la oposición, los propios jueces y la Comisión de Venecia para garantizar que no afecten a la independencia judicial.

El portavoz de la Comisión Europea, Christian Wigand, afirmó tras conocer la reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial que "es importante que cuando un Estado miembro reforma su sistema judicial se lleven a cabo las consultas necesarias con todos los actores relevantes" y e instó a España a seguir los estándares europeos. Los nueve vocales mencionados recuerdan dichas manifestaciones y otras anteriores, de octubre de 2020, del portavoz de Bruselas.

El Pleno rechazó el conflicto de atribuciones en 2021

Después de que dicha reforma que dejó al CGPJ sin la posibilidad de nombrar saliera adelante, un grupo de vocales propuso plantear un conflicto de atribuciones entre órganos con requerimiento previo a las Cortes Generales, así como pedir al Defensor del Pueblo que interpusiera un recurso de inconstitucionalidad contra la ley resultante de dicha reforma.

La propuesta de los vocales Rafael Fernández Valverde, Carmen Llombart, José Antonio Ballestero, Gerardo Martínez Tristán, Juan Manuel Fernández, Juan Martínez Moya, Nuria Díaz y Ángeles Carmona se abordó en un Pleno extraordinario del 28 de abril de 2021, en el que se desestimaron las dos propuestas. El resultado fue de 13 votos frente a ocho, los de los proponentes.