El acuerdo entre Pedro Sánchez y Joe Biden para ampliar el número de destructores estadounidense en la Base de Rota va a poner de nuevo a prueba las costuras del Gobierno y la solidez de sus apoyos parlamentarios. Y es que para aumentar esa presencia militar se debe reformar el convenio bilateral de cooperación de defensa, firmado en 1988 y renovado en 2012, con motivo del despliegue del escudo antimisiles.

El punto 4 de la declaración conjunta firmada este martes entre Sánchez y Biden, destaca que el convenio "es una pieza fundamental de la cooperación bilateral en defensa entre ambos países. España y Estados Unidos tienen la intención de ampliar su cooperación en materia de defensa mediante el estacionamiento permanente de buques de guerra estadounidenses adicionales en Rota". Para ello celebrarán reuniones regulares en el marco del Comité Bilateral de Defensa de Alto Nivel "con la finalidad fortalecer la cooperación bilateral en el ámbito de la defensa".

El PP podría salir en auxilio de Sánchez en el Congreso

Pero para que esto sea posible, para ampliar las fuerzas militares estadounidenses con dos destructores más, la decisión debe pasar por la mesa del Consejo de Ministros y, posteriormente, ser refrendado por el Congreso de los Diputados. En definitiva, un proceso con dificultades objetivas para Sánchez quien va a tener que lidiar de nuevo con sus socios de Gobierno, claramente anti-atlantistas y con el rechazo seguro de buena parte de las formaciones políticas alineadas en la llamada mayoría de investidura.

En todo caso, si el jefe del Ejecutivo salva el obstáculo de su propio Consejo de Ministros, lo del Congreso lo puede tener resuelto con el Partido Popular, pero eso, sin duda, acrecentará las tensiones internas en el Ejecutivo, ahora enfrentado por los dramáticos acontecimientos en la frontera de Melilla con Marruecos, donde el viernes se produjo un asalto masivo de la valla que se saldó con más de veinte fallecidos entre los subsaharianos.

De hecho, en esa declaración conjunta se pueden encontrar algunas de las causas del cambio de criterio del Gobierno con respecto al Sáhara, alineándose a la posición de Estados Unidos. Se trata del apartado referido a la "migración segura, ordenada y regular". Ambos países, según esta declaración, "tienen la intención de colaborar en un enfoque integral para la gestión de los flujos migratorios irregulares que garantice un trato justo y humano de los migrantes".

Migración irregular y el Sahel

En este sentido prevén "coordinar esfuerzos para abordar las causas fundamentales de la migración irregular y trabajar para fortalecer las vías legales, con especial énfasis en los países de América Latina y el Caribe" y reconocen la "importancia de una cooperación permanente en respuesta a los retos de la migración irregular en la región del norte de África", con atención especial también al Sahel, dos asuntos de especial interés para España que insiste en poner el foco en el flanco sur de la Alianza Atlántica.