El Partido Popular (PP) sigue condicionando su 'sí' al nuevo real decreto ley para paliar la inflación y la crisis económica derivada de la guerra en Ucrania a la misma solicitud que Génova hizo a mediados de abril al Gobierno: profundizar en la adopción de medidas e incorporar ellos cuatro ejes principales propuestos en el plan económico presentado por el presidente Alberto Núñez Feijóo. Un documento que hace dos meses, tras remitirse a La Moncloa, quiso condicionar el anterior texto, que caduca hoy, y que contempla acciones como la reducción de la burocracia, del gasto público superfluo, la deflactación del IRPF o la bajada del IVA de la energía al cinco por ciento. Por entonces, la 'jugada' de los populares, aprovechando la negativa de Esquerra Republicana (ERC) a apoyar al Gobierno por el escándalo del espionaje con Pegasus, no prosperó, dado que el PSOE alcanzó un acuerdo in extremis con EH Bildu.

Ahora, ante la repetición del mismo escenario, con nuevas medidas incorporadas al texto, así como el mantenimiento, por ejemplo, de la bonificación de los 20 céntimos por litro de carburante, el PP se vuelve a enfrentar al mismo dilema. Sin embargo, la línea marcada por la dirección nacional, por el momento, es la del 'no'. Especialmente, y a parte de que consideran que lo publicado apenas ayudará a las familias, porque consideran que el Ejecutivo y la izquierda abertzale ya han llegado a un acuerdo. Casi en consonancia con el de la ley de Memoria Democrática. Así lo indican fuentes de la cúpula en palabras para El Independiente.

Desde el Congreso de los Diputados, fuentes autorizadas indican que el ministro de la Presidencia y las Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, que es quien media en este asunto, aún no se ha puesto en contacto ni ha llamado a la portavoz del Grupo (GPP) Cuca Gamarra para negociar posibles puntos de acuerdo para cambiar el sentido del voto a favor del decreto. Y, aunque lo atribuyen a ese hipotético acuerdo con la izquierda independentista vasca, afirman que seguirán a la espera de cualquier conversación. "El PSOE así lo anunció", insisten miembros populares por los pasillos del hemiciclo, que aún ven margen para que se produzca algún encuentro en el que abordar la incorporación de más medidas.

La línea marcada, por el contrario, por el Grupo del Partido Socialista (GPS), es la de que Sánchez no quiere precipitarse y someter a refrendo el real decreto de inmediato. Prefiere dejarlo reposar, algo que, debido a la urgencia de la situación, aproxima a las conclusiones desde las filas del PP a la existencia de un acuerdo verbal ya asentado. Los socialistas, salvo giro inesperado, han fijado que el documento pase por las Cortes horas después de que finalice el debate del estado de la nación, donde, después de siete años sin convocarse -Mariano Rajoy no se sujetó a control durante su segunda legislatura-, un presidente del Gobierno volverá a ajustarse al examen de la oposición. Será en la segunda semana de julio, entre el martes 12 y el jueves 14. Ese día, por la tarde, está previsto que se celebre un pleno extraordinario para aprobar el decreto económico anticrisis.

Moncloa no ha llamado al PP para consultar su posición y dialogar para alcanzar puntos de acuerdo

En esa cita, posiblemente y de igual manera, se exponga para su aprobación la reforma del Poder Judicial, para renovar el Tribunal Constitucional (TC). Una propuesta hecha por el Ejecutivo que, en pleno diálogo con el PP para pactar una vía por la que renovar el Consejo (CGPJ), ha roto los puentes. Exclusivamente, los populares plantean reiniciar las conversaciones si el PSOE da un paso atrás en su afán por "controlar" a los jueces y rectifica o, por el contrario, deroga toda la legislación que impide a los magistrados elegir a sus compañeros. Más complicado será, según apuntan fuentes del PSOE, que se de luz verde a la ley de Memoria Democrática, que quedaría aplazada para septiembre. Una legislación que saldrá adelante gracias, también, a EH Bildu.

Denuncian la "falta de interés" para dialogar

Fuentes del PP entienden que la ausencia de contacto alguno del Gobierno con "el primer partido de la oposición", es una muestra clara de que hay "falta de interés" en entenderse con Alberto Núñez Feijóo. Algo, dicen, que puede extrapolarse a otros ámbitos, como el área de Defensa. "El PP ha propuesto a Sánchez un pacto de Estado en Seguridad" de cara a la cumbre de la OTAN que acoge Madrid, y, igualmente, "no responden". Con todo, aseguran que "el PP está ahí" ante la necesidad de acuerdos para ampliar los destructores estadounidenses en la base naval de Rota o la polémica ley audiovisual por las diferencias con Unidas Podemos, explican.

Desde el PP descartan que se guíen por líneas rojas, pero, a día de hoy, siguen instalados en el rechazo, pese a la adopción de medidas "calcadas" del plan elaborado por parte del PSOE. Se refieren a las ayudas directas de entre 200 o 300 euros a las más bajas a la reducción del gravamen de la electricidad al mínimo permitido por la Unión Europea. Consideran radicalmente necesario deflactar el IRPF, porque ven "intolerable" que los españoles paguen "doblemente", a través de la inflación y del impuesto a las personas físicas. Asimismo, inciden en la necesidad de "recortar el gasto público superfluo", y ponen el foco en los numerosos ministerios. El propio Feijóo pidió a última hora del miércoles, en su intervención en la Asamblea General de Socios de Empresas Familiares (AGEF), que Sánchez adoptase la supresión del impuesto de hidrocarburos.

El PP considera insuficiente la adopción de la rebaja del IVA eléctrico al mínimo y las ayudas directas

El Ejecutivo "no es consciente del drama que supone esta situación para las familias, los pensionistas o las empresas", entienden desde el GPP. Y añaden que Sánchez "está más preocupado por que el INE maquille las cifras que en revertir la situación" realmente. Los populares perciben que "la bancada azul" del Congreso reduce su actuación a "medidas cosméticas": "escuchas a Calviño y describe todo de manera maravillosa, dice que su acción funciona". En el seno popular lamentan la actual dirección, y prevén un "otoño caliente".

Dinámica de acuerdos con Aizpurúa

Después del rechazo de la reforma laboral emprendida por el Gobierno, éste ha profundizado las relaciones con el partido de Mertxe Aizpurúa. EH Bildu ha sido clave para aprobar el anterior real decreto económico y, a cambio, el PSOE ha permitido su entrada en lugares, hasta ahora inexpugnables para la izquierda radical vasca, como es la Comisión de Control de los Créditos Destinados a Gastos Reservados, algo que también se ha extendido a ERC en el contexto de Pegasus y su aclaración.

El último acuerdo alcanzado es la ley de Memoria Histórica. El Gobierno, con anterioridad, había tanteado a grupos como Ciudadanos, pero, finalmente, ha optado por darle salida con EH Bildu de manera rápida. A cambio, ampliará el margen histórico de investigación de crímenes previos a la Transición hasta 1983, un periodo posterior a los gobiernos de la Unión de Centro Democrático (UCD). "Parece que para el PSOE la democracia comenzó con Felipe González" o "están renunciando a su propia memoria", son algunas de las valoraciones que hace la derecha por los vestíbulos de la cámara baja.