La nueva ley concursal que el Gobierno pretende sacar adelante en las Cortes Generales este verano y que tiene en vilo a empresarios y abogados por la magnitud de sus consecuencias para la economía española recoge la figura de un actor nuevo que puede ser una oportunidad laboral para trabajadores procedentes de la banca, donde, según los datos del Banco de España, sólo en 2021 se ha prescindido de más de 10.000 trabajadores.

Se trata del experto en reestructuraciones para el escenario preconcursal. Un mediador entre acreedores y deudores que tiene que ser capaz de emitir informes jurídico-financieros sobre la viabilidad de las empresas y cuyo mayor valor será la experiencia en dichos campos.

Este jueves, el proyecto de ley concursal que es, a su vez, la trasposición de una directiva europea de 2019 (Directiva (UE) 2019/1023 del Parlamento Europeo y del Consejo) se somete a votación en el Congreso de los Diputados. El Gobierno espera que la Cámara Baja dé luz verde al texto el mismo día que acaba la moratoria para los concursos que se instauró por la pandemia de Covid. En julio, la norma pasará por el trámite del Senado y entrará en vigor 20 días hábiles después de que se publique en el Boletín Oficial del Estado (BOE), por lo que en el sector no se espera que pueda comenzar a aplicarse hasta septiembre.

Si conseguimos cambiar la mentalidad, se salvarán muchas compañías

La mencionada directiva se basa en la anticipación. Busca que las empresas hagan un estudio previo de su viabilidad para detectar su nivel de insolvencia y decidir si conviene realizar una reestructuración o ir al concurso como última medida, lo que reduciría tanto los niveles de judicialización del proceso como los de paro.

Santiago Hurtado, socio de la firma internacional Simmons & Simmons, donde lidera el departamento de reestructuraciones e insolvencias, explica a El Independiente lo que se busca con la medida que viene impuesta por Europa: "La gestión de la insolvencia de manera temprana porque se considera que es buena para la economía en su conjunto. La idea que se traslada es que es mejor tomar una medida de reestructuración con los acreedores de manera temprana porque eso salva el empleo y este, a su vez, garantiza la viabilidad de la compañía".

"La ley dice en su exposición de motivos que el concurso lleva en un 90% a la liquidación de las empresas. Ese cambio, que es igual en todas las jurisdicciones, hace que la Unión Europea vaya a por un modelo de anticipación. La prueba crítica aquí en España va a ser cómo todos los operadores desde el mundo jurídico y económico vamos a ser capaces de asumir los nuevos principios y empezar a trabajar en esquemas de mayor anticipación de la insolvencia. Si conseguimos cambiar la mentalidad, se salvarán muchas compañías y se liquidará menos. Viviremos en permanentes reestructuraciones y reajustes empresariales con sus acreedores para mantener la viabilidad", expone Hurtado, experto en Derecho Concursal que en 2011 asesoró al Gobierno con la anterior ley.

Ventajas e inconvenientes para deudores y acreedores

Los abogados consultados por este diario se encuentran ya estudiando el texto legal y seguirán haciéndolo este verano, porque esperan que las compañías -aunque están obligadas a declarar su insolvencia una vez decaiga la moratoria- puedan esperar a septiembre jugando con los plazos, aunque reconocen que la situación ahora mismo es de incertidumbre.

En los casos en que está claro que no hay viabilidad posible -pues hay compañías que durante este tiempo se han mantenido en modo 'zombie', sobreviviendo gracias a la concesión de créditos ICO que se han adjudicado en muchos casos sin analizar la situación económica- los expertos con los que ha hablado este diario consideran que resulta más beneficioso para los empresarios acogerse al anterior marco normativo, con menos actores implicados.

Antonio Almendros, abogado experto en concursal, insolvencias y reestructuraciones empresariales, además de administrador concursal en el despacho que lleva su nombre, explica que "con la nueva normativa, en todos los concursos con independencia de la solución -convenio o liquidación- va a haber una calificación y a diferencia de la situación actual, cualquier acreedor o interesado puede ser parte de dicha calificación. De tal forma, si la empresa tiene acreedores que son beligerantes, el papel que tenían hasta ahora era reducido y con la nueva normativa tendrán plenas facultades para impulsar la liquidación. Con lo cual, si soy deudor y se que voy a entrar en una liquidación, entre la actual normativa y la que viene es preferible acogerme a ésta".

Samuel Rivero, director del departamento de Derecho Concursal de la firma TKL Abogados desde la que se han gestionado numerosos concursos de acreedores tanto representando a deudores como a acreedores, traslada que su sensación "no es que las empresas estén haciendo cola para pedir el concurso el día 1 de julio".

En el marco que dibuja la nueva normativa, con la idiosincrasia que traslada de dar a las empresas todos los mecanismos posibles para su reflote, para Rivero "el abogado tiene un deber y una necesidad de acercarse al negocio para buscar las fórmulas más flexibles que da la ley y encontrar la conexión entre el negocio y las vías que da la ley".

Diferencia entre pequeñas y grandes empresas

La nueva norma divide a las empresas en pequeñas o grandes. Prevé dar a las primeras, es decir a las de menos de 700.000 euros de facturación, "acceso a un modelo simplificado de gestión, asesoramiento de un abogado, apoyo tecnológico y formularios para simplificar los trámites. También asesoramiento gratuito al empresario sobre las alarmas y la verificación de su insolvencia", según resume Santiago Hurtado.

En el caso de las medianas y grandes empresas, las que tienen más de 10 trabajadores o más de 700.000 euros de facturación anual, habraá por n lado asesoramiento jurídico y, por otro, económico. Es en este punto donde la ley sitúa el nacimiento de la figura del experto en restructuraciones.

El perfil para cubrir dicho puesto es bastante abierto, "pues no existen requisitos de colegiación o barreras profesionales, sino que es una figura más basada en la experiencia", amplía Hurtado.

De ahí que la aparición de este nuevo actor se vea como una oportunidad para trabajadores del ámbito de la banca, que está viviendo una fuerte reestructuración. También según datos del Banco de España, a 31 de diciembre de 2021 el país contaba con 19.338 oficinas (a 31 de diciembre de 2021), un 58% menos que las 46.065 oficinas con las que contaba en 2008.