La declaración del ministro de Presidencia, Félix Bolaños, como testigo en el caso Pegasus de la Audiencia Nacional donde se investiga el ataque con el software espía israelí a los teléfonos del presidente Pedro Sánchez y los ministros de Interior y Defensa, Fernando Grande-Marlaska y Margarita Robles, así como el intento de infección del terminal del ministro de Agricultura, Luis Planas, transcurrirá con alta probabilidad sin presencia de la acusación popular.

La Asociación de Juristas Europeos Prolege no ve posible conseguir antes del próximo martes 5 de julio, cuando está fechada la comparecencia del ministro, la fianza de 10.000 que fijó el instructor de la causa José Luis Calama para que pueda ejercer la acción popular, según trasladan fuentes de dicha asociación a El Independiente.

La abogada de Prolege ha presentado un escrito al juez con las preguntas que quiere trasladar al testigo para que las plantee si lo estima conveniente, según ha podido saber este diario.

Todavía no está claro si finalmente Bolaños declarará por videoconferencia -como recomienda el juez- o por escrito, como solicitó el miembro del Ejecutivo de Pedro Sánchez y aprobó el titular del Juzgado Central de Instrucción 4.

Fiscalía y juez

Si finalmente la acusación no consigue reunir el dinero, en la declaración del ministro únicamente estarán presentes el juez José Luis Calama y el fiscal de la causa Jesús Alonso, quien fue favorable tanto a incluir a Prolege como acusación popular como a que la investigación permaneciera secreta hasta el pasado 7 de junio. La Abogacía del Estado continuará al tanto de todas las novedades de la investigación.

El juez rechazó la personación de la Generalitat de Cataluña como acusación popular por falta de legitimación, "habida cuenta de su condición de Entidad Pública y de la falta de soporte legal que avale el ejercicio de la acción popular por parte de la misma", se pudo leer en el auto con el que el juez resolvió el recurso de reforma del Govern contra su decisión.

El Gobierno catalán trató de ampliar la investigación al polémico espionaje del CNI a miembros del Gobierno catalán -incluido el presidente Pere Aragonés- con la herramienta informática Pegasus. "Conviene no olvidar que las actividades ilícitas objeto del presente procedimiento afectarían, además de al Presidente del Gobierno español y a la Ministra de Defensa, a más de sesenta
ciudadanos y ciudadanas de Catalunya, incluidos responsables políticos de las más altas instituciones públicas catalanas, como el actual President de la Generalitat y los tres presidentes anteriores, así como la Presidenta actual del Parlament de Catalunya y el anterior presidente, además de diputados y eurodiputados, consellers y otros responsables políticos", trasladaron en el recurso contra la decisión de dejar fuera de la causa dicho rastreo.

Sin embargo, el juez determinó que "el objeto de las presentes actuaciones, contrariamente a la anterior afirmación, viene limitado, única y exclusivamente, a la exfiltración de información del contenido de los dispositivos móviles del Excmo. Sr. presidente del Gobierno, Excma. Sra. ministra de Defensa, Excmo. Sr. ministro de Agricultura Pesca y Alimentación, y Excmo. Sr. ministro de Interior, con motivo de varias infecciones a través de la herramienta Pegasus. Por consiguiente, tales argumentos deberán hacerse
valer, en su caso, ante el órgano judicial que esté conociendo de aquellos otros hechos, y que son totalmente ajenos a este procedimiento", en referencia a los Juzgados donde los independentistas denunciaron los hechos.