El proceso judicial contra Laura Borràs está en pausa, a la espera de la posición de la Fiscalía, pero los partidos independentistas han abierto ya el debate sobre qué hacer cuando finalmente se procese a la presidenta del Parlament. Porque tras conocer la interlocutoria dictada por el juez instructor, pocos tienen dudas de que se llegará al juicio oral.

No hay postura oficial de ERC ni la CUP. Pero los antisistema han dejado entrever en los últimos meses su escasa predisposición a rechazar la suspensión de Borràs. ERC, por su parte, se debate entre la voluntad de mantener la estabilidad de la mayoría parlamentaria y su discurso de partido implacable contra la corrupción. En este contexto, las palabras de Carme Forcadell reclamando a Borràs que ponga el prestigio de la institución por delante de sus intereses, parecen inclinar la balanza en contra de la presidenta de JxCat.

El debate está abierto en el seno de ambos partidos, aunque de momento no hay un calendario claro para un proceso judicial abierto en 2018 y que ha cambiado tres veces de tribunal. De entrada, la defensa de Borràs, que ejerce Isabel Elbal podría recurrir la resolución del instructor.

Si no lo hace, la Fiscalía tiene diez días para pedir la apertura de juicio oral. Pero excepcionalmente podría pedir nuevas diligencias, advierten fuentes judiciales, lo que hace difícil fijar un calendario de los próximos pasos ante la justicia.

Defensa desde Junts

En todo caso, el debate político ya está abierto, como demostró Forcadell. Poco después, el portavoz de Junts, Josep Rius, aprovechaba una intervención en el Pleno del Parlament para salir en defensa de la presidenta de su partido. Defensa que Junts ha reproducido después en sus redes sociales.

Borràs "es el enésimo ejemplo de una persecución que ya no solo denunciamos nosotros" apuntaba Rius, señalando la estrategia de defensa de la ex presidenta de la Institución de las Letras Catalanas (ILC). Un discurso que ha repetido durante los últimos cuatro años, en el que asocia la investigación por corrupción de la que es objeto con las causas abiertas contra los líderes del 1-O.

La nueva líder de Junts ha repetido una y otra vez que se trata de una persecución política, un juicio basado en una "investigación prospectiva" para encontrar irregularidades en su gestión. Y niega la autoría de los correos electrónicos dirigidos a Isaías H., el presunto beneficiario de sus manejos, en los que le instruía sobre la presentación de presupuestos ficticios para simular la concurrencia en la adjudicación de los contratos del ILC. Unos contratos por los que cobró 330.000 euros entre 2013 y 2017.

Tras conocerse el auto del instructor, Borràs se lamentaba de que "he tenido la información antes por los periodistas que por mis abogados. Todo muy de 'democracia perfecta': irse cargando derechos uno tras otro. A punto para un juicio justo..."

Votación en el Parlament

La primera batalla, sin embargo, será política y se librará en el Parlament. Fuentes de JxCat aseguran que no han tratado con sus socios la posición que mantendrán cuando llegue el momento de aplicar el artículo 25.4 del reglamento, que exige la suspensión temporal de cualquier diputado al que se abra juicio oral por delitos de corrupción.

El proceso, en todo caso, pasará primero por la Mesa, que preside la propia Borràs, y la Comisión de estatuto del diputado, presidida por otro diputado de la máxima confianza de la presidenta, Jaume Alonso Cuevillas. La comisión deberá acordar un dictamen que finalmente será votado por el pleno.

La líder de Junts tiene dos posibles vías para esquivar la suspensión en caso de que el TSJC le abra juicio oral, aunque ambas requieren el apoyo de ERC y la CUP. La primera, hacer valer su argumento de la "persecución judicial" por motivos políticos para que el dictamen de la Comisión rechace aplicar el artículo 25.4 por considerar que no se trata de un juicio por corrupción.

Si ERC y la CUP no aceptan ese argumento, algo probable vistos sus últimos posicionamientos, Borràs podría remitirse al informe elaborado por los letrados hace un año, precisamente a petición de la presidenta. Entonces Borràs intentó suprimir el polémico artículo en base a un informe en el que los letrados del Parlament apuntaban que este puede vulnerar el derecho a la presunción de inocencia.

La CUP se negó entonces de plano a aceptar la reforma del reglamento. Pero las dudas jurídicas expresadas por los letrados ya en 2018, y repetidas en 2021 a petición de Borràs, podría convencer a Esquerra de no aplicar la suspensión.